Mientras Guatemala vivía una dictadura militar con Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983), mujeres que vivían en los alrededores del destacamento militar de Rabinal, en Alta Verapaz, y que tenían entre 12 y 53 años de edad fueron víctimas de violaciones y abusos por parte de miembros de las pac, quienes previamente ya habían perdido a sus esposos, padres, hijos o hermanos tras una ejecución extrajudicial o una desaparición forzada.
El juicio de las mujeres Achí se está llevando a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo A que preside la jueza Jazmín Barrios y tras varios días de peritajes, esta semana iniciarán los testimonios de las mujeres y se espera que la sentencia llegue antes que termine el mes.
A este caso le precede al de las 15 mujeres de Sepur Zarco que en 2016 lograron la condena contra los dos exmilitares Esteelmer Reyes Girón y Heriberto Valdez a 120 y 240 años de prisión por esclavitud sexual durante el CAI.
El caso
El tema del Conflicto Armado Interno es sensible en esta área de Baja Verapaz, donde muchas mujeres se acercaban al Bufete Jurídico Popular de Rabinal para denunciar la ejecución o desaparición forzada de sus esposos, padres e hijos.
“Poco a poco decían que algo les había pasado cuando ellos ya no estaban, pero no se animaban a decir qué era”, cuenta Lucía Xiloj, abogada del bufete.
Cuando estas mujeres empezaron a hablar de violencia sexual, los testimonios empezaron a caer en cadena. Xiloj agrega que primero se presentó una denuncia por parte de 11 víctimas en noviembre de 2011 y luego empezaron a sumarse más hasta ser 36 mujeres que tenían entre 12 y 56 años cuando sufrieron de violencia sexual por parte del grupo armado.
Cuatro de ellas eran menores de edad al momento de los hechos, solo cinco saben leer y escribir y 33 vivían en situación de pobreza.
“Vimos el mismo patrón que detalla que primero empezó la violencia sexual en las casas de las mujeres entre 1980 y 1981 y luego la modalidad cambia a llevarlas al destacamento militar y después en la misma aldea modelo”, explica la abogada.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) define a las PAC como grupos civiles organizados a inicios de los años ochenta “coercitivamente por la institución armada, que pretendía aislar al movimiento guerrillero y controlar las comunidades”.
En abril de 1983, el gobierno de aquel entonces reconoció legalmente a estos grupos a partir del Acuerdo Gubernativo 222-83 que creó la Jefatura Nacional de Coordinación y Control de la Autodefensa Civil.
Según los testimonios, los hechos no fueron cometidos por miembros de las pac, sino también por personal del Ejército. Sin embargo, las víctimas lograron identificar plenamente a cinco expatrulleros que son miembros su misma comunidad.
De esta forma, quienes enfrentan juicio son Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxun Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado. Este último fue extraditado por Estados Unidos, quien lo capturó en la ciudad de Boston luego de detectar su ingreso ilegal al país.
“Si bien muchos inmigrantes vienen a este país buscando una vida mejor, el señor Cuxum Alvarado vino de manera ilegal para escapar de un oscuro pasado criminal”, anunció la embajada de Estados Unidos en Guatemala en mayo de 2019.
En los peritajes presentados durante a primera semana del juicio, la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj explica cómo la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra y no como un botín de guerra.
“La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres achí, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.
Este martes también declaró un hombre identificado como Testigo D que al momento de los hechos tenía 13 años y fue capturado por las fuerzas armadas. Según contó, estuvo 15 meses recluido en el destacamento militar de Rabinal y fue testigo cómo una de las mujeres asignada a servir comida a los presos fue violada en el baño.
“La mujer que estaba ahí la mandaron a bañar y la violaron. En las noches vi cosas espantosas, oía que gritaban mujeres, jóvenes y hasta niñas, de noche las mataban”, contó el Testigo D que luego fue obligado a patrullar con las PAC.
Ahora las mujeres víctimas tienen entre 50 y 86 años, algunas tienen hijos producto de dichas violaciones y esperan poder brindar su testimonio frente al tribunal en estos días.
