En relación a este caso el expresidente de Congreso Pedro Muadi enfrenta un proceso de antejuicio.
Además personal del MP efectuó operativos en dos edificios, el edificio 7/10 el antiguo edificio del Ministerio Público, donde hay oficinas anexas del Congreso de la República.
En el operativo fueron detenidos, Ana Lucía Reyes Bolaños, Héctor Augusto Reyes Gómez y Rony David Ruano Gil.
La investigación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), determina que existen al menos 25 expedientes de plazas fantasmas.
Primeras capturan relacionadas al caso
El Ministerio Público efectuó tres operativos a finales del mes de junio en varias oficinas del Congreso, ubicadas en la zona 1 capitalina, en busca de sindicados de ventas de plazas en ese organismo.
La diligencia del MP estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos y se efectuó en el edificio 7/10, ubicado en la 7 avenida y 10 calle, la Casa Larrazabal y el edificio 10-57 ubicado en la 8a avenida y 11 calle, en el Centro Histórico.
Los fiscales ingresaron en esa oportunidad las oficinas del Partido Patriota (PP), también de la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Unión del Cambio Nacional (UCN), donde fueron aseguradas cajas con documentos.
La investigación señaló que los detenidos están implicados en la venta de plazas en el Congreso.
Muadi al frente de la estructura
El exceso de pago en sueldos y viáticos, así como la supuesta creación de plazas fantasmas, son algunos de los señalamientos que crecieron durante la gestión de Muadi al frente del Congreso durante 2013.
Sólo en los últimos cuatro meses de ese año, el informe de gastos del Congreso dio cuenta del incremento en el pago de sueldos para Muadi, en vista de que en el primer cuatrimestre se erogaron Q115.8 millones, mientras que subió a Q175.4 millones de septiembre a diciembre de 2013.
Organizaciones sociales denunciaron la existencia de plazas fantasma en el Legislativo, porque había quejas de personas contratadas que nunca llegan al Parlamento o que es inexistente, pero no se determinó el origen de dichas contrataciones.
Además, seis días de que terminara su mandato como presidente del Parlamento, se compraron 250 cámaras de seguridad por Q6.8 millones. Muadi justificó la compra porque cada semana había denuncias de allanamientos y robos en las oficinas de diputados en los 16 edificios que renta ese organismo.
Previo a la adquisición, se contrataron a expertos en cámaras de seguridad para que realizaran un estudio y asesoraran las bases de licitación, servicio que costó Q40 mil más.
El entonces presidente del Congreso reconoció que otras tres empresas ofrecieron las cámaras a menor precio, pero fueron rechazadas porque no estaban completas sus ofertas. También rechazó los señalamientos de afinidad con la junta licitadora.
