Tuvo origen en otro caso, conocido como Traficantes de influencias, donde se investigan gestiones al margen de la ley para que empresas recibieran el crédito fiscal.
Dos empresas, Ingeniería Integral y Grupo Empresarial San Felipe, canalizaron Q19.5 millones al partido, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral en 2015. La segunda empresa mencionada está vinculada con la familia Leal, contra la cual hay tres órdenes de captura que no pudieron concretarse esta mañana.
Según Sandoval, el partido UNE reportó Q48 millones como gasto de campaña en 2015, pero se pudo determinar que aquellos Q19.5 millones no fueron reportados. El techo de gasto establecido por el órgano electoral fue de Q60 millones.
A través de 13 allanamientos en el departamento de Guatemala, Cobán, Alta Verapaz, y Nebaj, Quiché, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cuatro personas.
Tres fueron capturados en la capital.
El primero fue Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, quien ha estado implicado en otros casos, como Transurbano, Cooptación del Estado y Negociantes de la salud. En en rueda de prensa dijo que desconoce de qué se le acusa, no obstante, reprochó que haya sido citado al juzgado y a él lo capturaron.
El MP le atribuye los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
Otro detenido es Víctor de Jesús Duarte Mendoza, exdirector de la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo), del Ministerio de Comunicaciones. Él ya enfrentaba un proceso por un proyecto agua y saneamiento que no se terminó. Así como Alejos, Duarte expresó que desconoce por qué lo detuvieron. La sindicación girará en torno a los delitos de asociación ilícita y financiamient electoral no registrado.
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El tercer capturado fue Juan Pablo García Castro, por sospechas de asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado y perjurio.
El Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal le notificó el motivo de su detención a los tres, dictó la prisión provisional y los envió a Mariscal Zavala.
El exdiputado Guillermo Alejandro Sierra fue detenido en Cobán por cargos de financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita.
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Pendientes de arresto
Hay ocho personas con orden de arresto.
Mario Leal Castillo, exvicepresidenciable de la UNE en 2015, es buscado por asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado, y Mario Leal Pivaral, por financiamiento electoral no registrado. Ambos están implicados en el caso Traficantes de influencias.
Los otros cuatro sospechosos son Rodrigo Leal, por financiamiento electoral no registrado; Luis Fernando Pérez Vargas, por asociación ilícita financiamiento electoral no registrado y lavado; Susana Castellanos González, financiamiento electoral no registrado y defraudación tributaria; Maynor Feizal Zimeri Corado, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
Los últimos dos involucrados son los exdiputados prófugos Julio César López Villatoro, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, y Carlos López Girón, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Además de este caso,ambos están implicados en la autorización de plazas fantasma en el Congreso. para obtener un beneficio económico.
Con inmunidad
La investigación abarca a otras siete personas, contra quienes el tratamiento es diferente por gozar de derecho de antejuicio.
Sandra Torres, candidata presidencial; los diputados Karina Paz, Jairo Flores, Julio César Ixcamey y Jorge Vargas Morales, así como dos alcaldes, Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, Quiché.
A estas siete personas se les atribuye por igual el delito de financiamiento electoral no registrado, pero a algunas se le agregan otros. Torres, Flores e Ixcamey tienen además sospechas en contra por el delito de asociación ilícita.
Citados
Ante el Juzgado Décimo serán citadas siete personas: Antonio Juan Cristiani Burkard, Per Michael Erichsen Rydhager, Héctor Rafael Leal Valdés, Nelson Alexis García Morales y Edín Alberto Álvarez Pérez, por financiamiento electoral no registrado; Héctor Ricardo Quan Serrano y Enrique Sánchez Hernández, por defraudación tributaria.
El primer caso
En 2017, el MP y la Cicig plantearon un caso contra la UNE relacionado con financiamiento electoral ilícito -delito al que se le agregaron en 2018 las figuras de financiamiento electoral anónimo y no registrado- durante la campaña de 2015 y por lo cual el diputado Orlando Blanco fue despojado de inmunidad, pero posteriormente el juez Mynor Moto le decretó falta de mérito.
El partido usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv, S.A. -Q583 mil 730.01- y Bienno, S.A. -1 millón 332 mil 875.05- no pagaron por ese servicio, como hizo ver ese partido político por concepto de donaciones.
De hecho Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos y la UNE reportó las contribuciones.
En cambio, la SAT determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Nuñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas sino que recayó en el rubro de aportes anónimos.
Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, y Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros.
Todos los involucrados
Esta es la presentación que hizo pública el MP y la Cicig.
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