La solicitud de Porras, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, fue planteada como una debida ejecutoria de amparo ante el Juzgado de Paz de Faltas de Turno, el cual deberá ser promovido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Junto a Degenhart exige el despido de Luis Arévalo, tercer viceministro de Gobernación.
La desobediencia del ministro radica en no haber celebrado y firmado en tres días posterior a la notificación un convenio para el traslado de recursos financieros a la comisión en mención.
“Es evidente la notoria desobediencia del amparo provisional cuando en la propia resolución del 28 de octubre se indica puntualmente: ‘esta decisión se pronuncia con los apercibimientos legales correspondientes’, derivado de lo cual corresponde al Tribunal de tomar las medidas necesarias para tal ejecución”, señala el memorial de la Fiscalía.
En el fallo del 28 de octubre, que se hizo público el 31, el tribunal constitucional declaró con lugar dos recursos de apelación: uno para Porras ante un amparo a favor de Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, contra Degenhart, y el otro, para la procuradora Adjunta I de la Procuraduría de los Derechos Humanos contra el director de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación.
Ambos fallos tenían como efecto la suscripción del convenio para garantizar los fondos del ministerio a la Comisión de de Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, los cuales deberían fluir 24 horas después de las firmas.
Fuentes consultadas por Prensa Libre dijeron que la Corte rechazó a Degenhart dos recursos de ampliación y aclaración y devolvió a la Suprema el expediente para que resolviera en definitiva el amparo otorgado.
De acuerdo con las fuentes, el ministro sí autorizó el traslado de fondos a la comisión, pero unilateralmente decidió que fuera menos de lo establecido, -no se conoce el monto-, tras lo cual accionó el MP.
Qué dice la leyDe acuerdo a lo establecido en la Ley de Amparo y Exhibición Personal, cuando un funcionario que incumple lo dispuesto por un tribunal de amparo puede ser destituido. Sin embargo, el funcionario tendrá la oportunidad de evacuar una audiencia en la que responderá los motivos por los que no ha cumplido con lo ordenado por el tribunal, cuando se lo demande la autoridad -en este caso se trata de la CSJ-. Cuando la Corte reciba la respuesta del funcionario deberá analizar las razones argumentadas para determinar si hay o no causa de destitución, la cual no implica una persecución penal ni un planteamiento de antejuicio, pues no se trata de un delito por el que se le persiga, sino desobediencia de un funcionario hacia una orden de rango consitucional.
La comisión existe desde 1998, producto de los Acuerdos de Paz, pero el 20 de junio último Morales la liquidó para evitar “dualidad de funciones” con la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.
Coordinada por el fiscal general, la comisión se integra por dos magistrados de la Suprema, el ministro de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Colegio de Abogados, las facultades de Derecho de las universidades San Carlos y Landívar, y miembros de la sociedad civil.
Contenido relacionado
> MP afirma que decreto de aceptación de cargos dista de la propuesta del sector justicia
> Elección de cortes se podrá reanudar sin hacer la evaluación a jueces y magistrados
> Oficina contra la Tortura denuncia vejámenes en las cárceles del país
