El caso se denomina Clima, Corrupción y Poder y en el que 27 personas están vinculadas a un caso de corrupción por Q28 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Según el MP, en esta trama de corrupción participaron altos funcionarios de dicha dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, el diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana, su familia y asesores del Congreso.
El pasado 1 de febrero, la jueza Quinto Penal, Judith Secaida, ligó a proceso a nueve sindicados del caso, que estaban prófugos y se entregaron a las autoridades judiciales el 26 de enero pasado, entre ellas el hijo y la esposa del diputado Jorge García Silva, quien según la Fiscalía contra la Corrupción (Feci) del MP podría ser el jefe de la estructura que hizo el desfalco en el Insivumeh (aunque no está siendo investigado por gozar de derecho de antejuicio).
Ese día, la jueza ligó a proceso a:
- Jorge Eduardo García Monterroso, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita (hijo del diputado Jorge García Silva)
- Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita (esposa del diputado Jorge García Silva).
- Emilio Alfredo Barillas Padilla, lavado de dinero u otros activos y por asociación ilícita
- Klaus Herbert Fleicher Kepfer, lavado de dinero u otros activos y por asociación ilícita
- Silvia Patricia Martínez Bonilla fraude y lavado de dinero y asociación ilícita
- Francisco Javier Juárez Cacao, fraude y asociación ilícita
- Juan Carlos Véliz Castañeda, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
- Sabrina María Veliz Castañeda de Berganza, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
- Otilio Martín Morales Pancoj, fraude y asociación ilícita
Sin embargo, la jueza otorgó medidas a los nueve sindicados, entre ellas arresto domiciliario y no les fijó fianza.
Las medidas que les otorgaron son:
- Arresto domiciliarioArraigo
- Acudir a cada 15 a registrar huella dactilar
- Prohibición de comunicación con coimputados en el caso
- Sin caución económica (pago de fianza)
El MP no apeló la resolución del Juzgado Quinto Penal y justificó que se trata de una “estrategia fiscal”.
Las nueve personas que fueron beneficiadas con esta medida estaban prófugas de la justicia desde el 5 de noviembre de 2021 cuando las autoridades capturaron a buena parte de los señalados en el caso y se entregaron a la justicia el 26 de enero pasado.
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Vinculan a diputado
En la audiencia de primera declaración de los nueve procesados, el lunes 31 de enero, la Feci expuso mensajes extraídos de celulares confiscados en el Caso Clima, Corrupción y Poder y estos revelan cómo el diputado Jorge García Silva daba órdenes que lo vinculan al desfalco en el Insivumeh.
El legislador no está siendo investigado por la Fiscalía contra la Corrupción debido a que goza de derecho a antejuicio, pero los indicios que lo vinculan como líder de una estructura que desfalcó al Insivumeh se descubrieron como hallazgos inevitables, cuando se investiga a otros implicados.
Los fiscales expusieron ante la jueza Quinto Penal, Judith Secaida que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado.
Ellas trabajaban en una empresa vinculada a García y mantenían comunicación por chat. Ambas fueron detenidas el 5 de noviembre pasado y fueron ligadas a proceso penal.
En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una Casa de Campo de la familia de García Silva.
Primeras capturas
El 5 de noviembre las autoridades efectuaron 36 allanamientos en Chiquimulilla, Santa Rosa; Sacatepéquez; Mixco, San José Pinula, Chinautla y la capital, como parte de un operativo de la Feci por el caso Clima, corrupción y poder y capturaron a 18 personas.
En los operativos fueron capturados:
- Yeison Broderson Samayoa Velásquez, director del del Insivumeh
- Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva de esa dependencia.
- Jorge Porfirio Navichoque Sánchez
- Manuel de Jesús Hernández Marroquín
- Lesly España Torres
- Adelso Antonio Marroquín Sandoval
- Carlos Manuel Caal de La Cruz
- Elmer Yasid Ramirez Hernández
- Cindy Jerusalem Chicoj Hernández
- Susana Carolina Catalán Pereira de Chicoj
- Pedro Peña Alvarado
- Elmer Jeovany Pinto Ramírez
- Marleny Gessel Diaz
- Toribio Alfonso Sequén Jocop
- Mónica Danirla Tagre Ordóñez
- Tracy Mishael Sánchez Rivera
- Joel Andrés Villagrán Villagrán
- Diego Alejandro García Villagrán
El 30 de noviembre de 2021 la jueza Judith Secaida ligó a proceso a 16 de los 18 capturados por el caso de corrupción en el Insivumeh.
Fueron ligados y enviados a prisión preventiva Yéison Bróderson Samayoa Velásquez, director del Insivumeh, por los delitos de fraude, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva del Insivumeh, por los delitos de fraude y asociación ilícita.
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Élmer Yasid Ramírez Hernández por los delitos de fraude y asociación ilícita y Lesly Johanna España Torres por los delitos de fraude y asociación ilícita.
Los otros 12 implicados fueron ligados a proceso y enviados a arresto domiciliario.
Según el MP, hay una persona pendiente de audiencia para ver si es ligado a proceso.
La trama
De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.
Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.
El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.
La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.
Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.
El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.
Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.
