En el audio, el hermano de Sandoval, que Hernández identifica como Ronald, aparenta tener conocimiento de acciones que está por emprender la Feci, lo cual sería ilegal.
El fiscal emitió un comunicado en el que asegura que el audio es parte de “todas esas maniobras oscuras que tratan de socavar mi estabilidad laboral y emocional” y de los mecanismos para “poner en entredicho mi labor profesional”.
“Hoy pudieron involucrar a un integrante de mi familia. Aun así y en el entendido que las mismas pudieron implicar compromisos penales para los interlocutores en la comunicación relacionada, he accionado como es mi obligación”, afirma el titular de la Feci.
De esa cuenta, asegura que ya informó de la situación a la fiscal general, María Consuelo Porras, y ya colocó la denuncia respectiva en el MP.
Sandoval recordó que “el hostigamiento por redes sociales y la criminalización de mis acciones” obligaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a emitir medidas para su protección.
Por su parte, la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia indicó que ya se encuentra investigando el origen del audio que fue difundido en redes sociales.
Las reacciones fueron encontradas. Detractores de Sandoval exigieron a través de redes sociales su separación del cargo, en tanto que otros grupos y personas condenaron el “ataque” y lo calificaron de clara intimidación en contra de su trabajo. La Asociación de Fiscales del Ministerio Público manifestó su rechazo a este tipo de acciones.
Sospechosa aparición
Hernández, de origen cubana, fue noticia el pasado 24 de abril cuando fue hallada en un inmueble de Sumpango, Sacatepéquez, donde el MP hacía una diligencia para tratar de capturar al exdiputado y excandidato presidencial Estuardo Galdámez.
El exlegislador no se encontraba en el lugar, en donde antes funcionó una oenegé que habría estado relacionada con Hernández, quien hoy en día cuenta con seguridad policial.
Galdámez está señalado de varios actos de corrupción, y los operativos fueron coordinados para dar cumplimiento al requerimiento por el caso asalto al Ministerio de Salud.
Otra investigación lo señala de haber recibido Q200 mil que habrían sido desviados de un banco del sistema para la campaña del extinto Partido Patriota (PP).
Además, se le acusa de los delitos de asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos, por su presunta relación con el caso Subordinación del Legislativo al Poder Ejecutivo.
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