Un operativo se efectúa este 18 de septiembre en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en el que participan agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de Ministerio Público (MP).

Fuentes del MP informaron que se trata del caso de estudiantes no inscritos en la casa de estudios por presuntamente oponerse a la reelección de Walter Mazariegos como rector.

Fiscales del Ministerio Público buscarían extraer información y analizar los registros en busca de anomalías, según las fuentes.

Se reporta presencia de agentes policiales en los alrededores de la Usac, por lo que autoridades de Tránsito recomiendan precaución a los automovilistas.

Rodolfo Chang, excandidato a rector de la Usac, dijo que es el primer paso que se da desde el punto de vista judicial, lo que, a su criterio, les permitirá rescatar a la Usac.

“Hemos estado muy preocupados por la calidad educativa desde el punto de vista de la única universidad pública y autónoma, y hoy dan un paso muy importante porque nos dan ese aliento para seguir trabajando para rescatar a la Universidad de San Carlos de Guatemala”, dijo Chang.

Chang aseguró que la autonomía es un derecho para educar y no para cooptar ni raptar a la Usac. Por ello, consideró positiva la presencia de las fuerzas de seguridad cuando se aplica la ley.

Agregó que la documentación que buscan los fiscales está relacionada con el proceso de elección de rector del pasado 8 de abril y con la pérdida de documentación de algunos estudiantes.

El abogado Aníbal García, por su parte, señaló que el allanamiento tiene relación con más de 20 denuncias que se han presentado contra la actual administración y que involucran a decanos, miembros del CSU, el rector y personas que han integrado instancias de la Usac.

“Lo importante de este acto judicial es que entendamos que la autonomía no significa extraterritorialidad (…), que no podemos percibir que la Usac sea un Estado dentro de otro Estado, porque eso sería impropio de una república que le otorgó autonomía a la Usac para administrarse, pero no para cometer delitos. En ese sentido, el allanamiento autorizado por un juez significa la posibilidad de que el propio Estado pueda verificar si se cometieron o no se cometieron delitos en todo este proceso electoral y, por supuesto, a raíz de los actos anómalos en contra de estudiantes, cuyos registros fueron borrados de una forma ilegal”, dijo García.

Berner García, representante del Colegio de Abogados ante el Consejo Superior Universitario (CSU), dijo que las diligencias transcurren con normalidad y que es una cuestión de rutina, aunque no especificó sobre qué caso.

Añadió que el jefe del Registro de Estadística está enfermo y que se asombró al ver la movilización policial con armamento de grueso calibre, por lo que fue necesario el ingreso de una ambulancia para brindarle asistencia al trabajador.

De momento, el MP no ha ampliado detalles de la diligencia ni ha informado si existen órdenes de captura.

“Al finalizar las diligencias se compartirán los resultados, así como el carácter de las mismas, para no entorpecer con las investigaciones, pues siguen en curso en estos instantes”, señaló el Departamento de Comunicación y Prensa del MP.

Usac se pronuncia

La Usac informó que, ante las diligencias efectuadas este 18 de septiembre por el MP, giró instrucciones a las dependencias correspondientes para colaborar y determinar, con base en documentos y criterios técnicos, las circunstancias relacionadas con los casos sometidos a revisión. La institución afirmó que respeta el ordenamiento jurídico y las actuaciones que las instituciones del Estado efectúan dentro de sus competencias.

La Usac aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia, la legalidad, el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos. Agregó que divulgará información adicional por sus canales oficiales cuando disponga de datos verificados y siempre que su publicación no afecte el debido proceso ni las investigaciones en curso.

En un segundo comunicado, la Usac manifestó su preocupación por las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia efectuadas en el Campus Central y en sistemas informáticos de la institución.

La Usac señaló que cualquier investigación debe efectuarse con respeto a la autonomía universitaria, la seguridad jurídica, los derechos humanos y las garantías fundamentales. También cuestionó la amplitud de la diligencia y el despliegue de recursos coercitivos y armamento, al considerar que las actuaciones estatales dentro de sus instalaciones deben regirse por criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

La institución pidió esclarecer las circunstancias que dieron lugar a la orden judicial, las razones por las que posteriormente se suspendió la diligencia y la relación de estos hechos con las actuaciones del expediente. Además, solicitó que las autoridades informen sobre los fundamentos de la solicitud y autorización de la medida.

El pasado 20 de julio, los estudiantes afectados por la desaparición de sus registros académicos en la Usac afirmaron que agotarán la vía administrativa para conocer las razones por las que fueron eliminados del sistema de Registro y Estadística de la universidad.

Una estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, quien pidió resguardar su identidad por razones de seguridad, explicó ese día que presentaría un memorial solicitado por las autoridades universitarias, en espera de una respuesta oficial.

Indicó que el objetivo es obtener una explicación sobre por qué sus datos fueron borrados del sistema y conocer con qué fundamento se tomó esa decisión.

La estudiante aseguró que la situación constituye una forma de represalia contra quienes han manifestado una postura crítica hacia la administración del rector Walter Mazariegos y afirmó que se busca enviar un mensaje al resto de la comunidad universitaria.

Los estudiantes estiman que entre 40 y 50 personas de distintas facultades y escuelas no facultativas se encuentran en una situación similar, aunque señalaron que varias han preferido no hacer pública su identidad por temor a represalias.

Jennifer de la Cruz, estudiante de Derecho, notó que su registro desapareció de un día para otro cuando intentó asignarse cursos para el semestre y el sistema le indicó que no estaba inscrita, pese a contar con su constancia de inscripción.

Al acudir a Registro y Estadística, aseguró que las autoridades le confirmaron que su información ya no aparecía en la plataforma y que, tras varios intentos por obtener una explicación, le solicitaron presentar un memorial. "Es un tema que depende directamente de Registro y Estadística y de su voluntad para solucionarlo. Lo preocupante es que nos están perjudicando porque no podemos asignarnos el semestre", afirmó.

En paralelo, el diputado José Chic informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el jefe del Departamento de Registro y Estadística de la Usac, Bryan Fuentes Paz, por los posibles delitos de supresión, ocultación o destrucción de documentos, destrucción de registros informáticos y abuso de autoridad.

El legislador coincidió en que son más de 40 estudiantes de distintos centros, incluidas las extensiones regionales, quienes han denunciado que desaparecieron de los registros institucionales sin que existiera un procedimiento administrativo o una resolución de expulsión que justificara esa medida.

USAC | Antimotines de la Policia Nacional Civil están ubicados en Avenida Petapa 32 calle zona 12.

Precaución por reducción de carriles ante la presencia de autoridades en tramo que se dirige hacia zona 21.

Otro grupo avanzó hacia la 11 avenida 31 calle zona 12 en dirección al… pic.twitter.com/SWhZdlUAAn

— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 18, 2026