Verónica del Carmen Mazariegos Herrera fue quien expuso ante la CC en representación del MP. El argumento fue el más corto de la audiencia. Fueron solo dos minutos, en el que señaló a los magistrados que el amparo provisional quedó “sin materia”. Con esa exposición terminó la audiencia.
Mazariegos Herrara leyó un fragmento de la resolución del amparo provisional otorgado y luego justificó: “En este concepto, señores magistrados, el Ministerio Público considera que al resolver como lo hizo este honorable tribunal el presente caso -el amparo provisional- ha quedado sin materia sobre el cual resolver -el amparo definitivo-. Asimismo el Ministerio Público solicita que al resolver o emitir la sentencia respectiva -amparo definitivo- este tribunal se pronuncie sobre los efectos positivos del amparo provisional otorgado”.
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Mazariegos Herrera no brindó mayores detalles de la argumentación y se limitó a indicar que “el amparo quedó sin materia porque la Cicig continuó funcionando”. Luego se retiró de la sala de vistas de la CC.
Habla la Cicig
La representante de la Cicig, Claudia González Orellana, expuso que el acuerdo de creación de Cicig tiene una norma para resolver diferencias, cómo es el proceso para su finalización y puso sobre la mesa las acciones que el Gobierno ha hecho contra la comisión, amparada en el acuerdo 2-2019, a pesar de que había sido suspendido por el tribunal.
“Este convenio en materia de derechos humanos no puede ser finalizado contraviniendo totalmente normas constitucionales. Es por eso, señores magistrados, estamos de acuerdo sobre estas amenazas y posteriormente se publicó un acuerdo el -acuerdo gubernativo 2-2019 – en donde se evidencia un acto de poder público arbitrario”, señaló González Orellana.
La representante de Cicig relató: “Señores magistrados, podemos ver ahí las acciones de amenaza que se fueron concretizando y posteriormente no fueron amenazas sino acciones. El 8 de enero de 2019, la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam) retiró los permisos de portación de armas al personal de seguridad de Cicig. El 10 de enero de 2019, el Departamento de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil solicita la devolución de vehículos. El 16 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que se ha retirado los privilegios -pasaportes- al contingente de la República de Argentina y el 24 de enero la Policía Nacional Civil ordenó el retiró del personal de seguridad e investigación. Es ahí donde podemos evidenciar qué acciones da vida este acuerdo 2-2019”.
“Justificando -por medio del acuerdo 2-2019- una acción de hechos de forma errónea para realizar un acto contrario a la Constitución Política de la República de Guatemala, eso es instrumentalizar la norma para beneficio personal”, expuso González Orellana.
Al finalizar sus argumentos, la representante de la comisión dijo: “Señores magistrados, esta representación solicita que se otorgue amparo definitivo, se declare nulo el acuerdo gubernativo 2-2019 y que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pueda terminar sus funciones hasta septiembre de 2019”.
Sorpresa para los amparistas
Eddie Cux, de Acción Ciudadana, señaló que la petición del MP es “confusa” porque a su criterio no es lógico pedir que un amparo provisional quede sin materia cuando se busca sentencia para establecer los hechos.
Además, expuso que al dejar sin materia el amparo provisional, cobraría vigencia el acuerdo 2-2019 en el que el presidente Jimmy Morales y el consejo de ministros dan por terminado el convenio de Cicig. Por esa razón se busca la sentencia, es decir el amparo definitivo, y que se indique lo conducente contra las autoridades denuncias, es decir el Ejecutivo, para que sea investigada la posible comisión de delitos.
Manfredo Marroquín, también de Acción Ciudadana, señaló: “Están –el MP- haciendo una petición sin mayor fundamento. La verdad es preocupante que una institución que en este caso es la socia principal de la Cicig no tenga elementos de juicio para defender a su socio principal en el combate a la corrupción. De verdad que lo deja a uno frío porque vemos que se expone que no hay materia en lo reclamado”.
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Agregó: “El Gobierno quiere finalizar la lucha contra la corrupción en Guatemala con total impunidad”, y expuso que eso es inaceptable en un sistema democrático.
El abogado Marco Vinicio Mejía, quien presentó amparo por este caso a título a personal, criticó: “Obviamente no se atrevió la fiscal –Consuelo Porras, jefa del MP- a decir que se dejara en suspenso el amparo provisional porque al quedar sin materia –el amparo-, eso significa que no hay nada que resolver. ¿Qué es lo que el pueblo de Guatemala debe saber? Que el Ministerio Público no es un aliado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por escrito, sí dijeron que la Corte suspenda el amparo provisional, pero hoy no se atrevieron a decirlo así”.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, indicó que el análisis “pudo haber sido apurado”.
MP vuelve a hablar
Minutos después de la intervención del MP ante la CC, y cuando ya había revuelo en la opinión pública respecto a su postura sobre el amparo provisional en contra del Gobierno, Julia Barrera, portavoz de la Fiscalía, comunicó a través de WhatsApp: “En su oportunidad, la CC otorgó un amparo provisional presentado por diversas organizaciones, que dejó en suspenso lo dispuesto por el Gobierno de dejar sin efecto el acuerdo de Cicig. Se notificó lo resuelto a diversas autoridades, entre ellas el Ministerio Público, y la CC exhortó a todas las autoridades notificadas, para que, desde el ámbito de sus competencias, se verificara lo resuelto por la CC. El criterio del Ministerio Público es que que la CC ya se pronunció en cuanto a que se deje en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig, es decir, la fiscalía avala lo resuelto por la CC. Pedir que se deje sin materia el amparo (NO el provisional, sino el amparo en sí), significa que el MP es del criterio que la resolución de fecha 9 de enero de 2019, por medio de la cual se otorgó el amparo provisional, está vigente y debe ser cumplida. Para el MP ya la CC emitió un criterio que es de cumplimiento obligatorio, incluso en la resolución, se ordena que se publique inmediatamente en el Diario Oficial”.
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