La mayoría de señalamientos en su contra son por presunto abuso de autoridad durante los últimos años de su gestión como jefe de una unidad investigadora, entre las cuales se encuentra una denuncia por el Caso Odebrecht.
Fundación Contra el Terrorismo presentó la querella contra Sandoval el 21 de diciembre de 2018, casi un año después que la Feci había suscrito el convenio de colaboración eficaz a favor de tres directivos de la empresa.
Estos señalamientos habían sido desestimados en un primer momento en la Fiscalía de Asuntos Internos, lo que motivó a los denunciantes impugnar la decisión que recientemente dio frutos.
Existe un oficio de fecha 7 de junio de 2021, en donde esta unidad solicita a la Feci una copia de todas las diligencias de investigación del caso por la supuesta red de sobornos a nivel latinoamericano.
El abogado Raúl Falla de Fundación Contra el Terrorismo indicó que han presentado decenas de medios de investigación, por lo que esperan a la brevedad que se dicten medidas cautelares.
Falla considera que se cuenta con suficientes medios documentales para que agentes fiscales puedan solicitar al juez cuarto penal autorizaciones judiciales, donde no descartarían una orden de captura contra Juan Francisco Sandoval.
Caso Odebrecht y Guatemala
Es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, incluido Guatemala.
Odebrecht es una empresa constructora de Brasil, se dedicó a emitir sobornos a toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.
Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que además participaron agencias fiscales de al menos 10 países.
Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre los departamentos de Suchitepéquez y San Marcos.
El Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.
Los hechos por enlistar actos de corrupción entre funcionarios y empresarios del más alto perfil se le designó a la Feci, cuya investigación permitió la captura de algunos abogados en enero de 2018.
El Caso Odebrecht no generó tanto impacto como otras investigaciones de Feci porque actores clave del entramado de corrupción, como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, estaban fuera del alcance judicial.
Algunos abogados de Sinibaldi y Baldizón fueron detenidos y sentenciados a penas de cárcel y multas de hasta US$9 millones.
Dudas contra Feci
Para operativizar el Caso Odebrecht, Feci utilizó información que obtuvo mediante tres convenios de colaboración eficaz con directivos de la empresa brasileña.
Los acuerdos se firmaron en Brasil a favor de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mameri y Eduardo Oliveira Gedeon. Fueron representados por su abogado defensor, el guatemalteco Francisco Javier Gallardo Samayoa, según el documento.
Lo anterior ya representa un problema según la denuncia de Fundación Contra el Terrorismo, ya que aseguran que para validar todo proceso legal fuera del territorio guatemalteco, donde Feci ya no tendría jurisdicción, se necesitaban autorizaciones diplomáticas.
“Los documentos expedidos o extendidos en el extranjero deben de venir a Guatemala para que surtan efectos se necesitan pases legales, se necesitan un aval internacional donde el cónsul guatemalteco en Brasil tendría que haber validado como verídico los documentos, para que después los escritos vinieran a Guatemala a través del canal de Relaciones Exteriores para poder incorporar esos documentos como válidos”, explicó Falla.
Abogado que estima que esa estrategia tuvo costos millonarios para Guatemala, ya que el brindar beneficios a este grupo de empresarios muchos de los sospechosos habrían evadido a la justicia de manera penal y económica.
Además que mediante un conferencia de fiscales celebrada en Brasil, Feci habría omitido dicha información a la Procuraduría General de la Nación (PGN), lo que habría impedido al país reclamar los más de 300 millones de dólares.
Incluso en 2020 la PGN emitió un informe jurídico explicando desconocer las diligencias judiciales celebradas en Brasil, señalando que las mismas habrían afectado el mecanismo legal para que el país hiciera los reclamos económicos correspondientes.
“La suscripción de convenios de colaboración eficaz en la forma, lugar y modo realizada y la aprobación judicial de los mismos sin haber tomado en cuenta a la PGN, vulneró ineludiblemente los intereses del Estado de Guatemala, limitando realizar los pronunciamientos oportunos en cuanto a la reparación económica a que este tenía derecho”, explica el documento con fecha 25 de mayo del año pasado.
“Nuestro caso es la ineficiencia, el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes y la obstaculización a la acción penal que generó el entonces fiscal Sandoval al no haber utilizado el debido proceso por el que hay varios sindicados brasileños libres y Guatemala no retribuyó su dinero de 384 millones de dólares”, añadió Falla.
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Rechazan la denuncia
Los argumentos que señala Fundación contra el Terrorismo y los dictámenes de la PGN carecen de argumentos legales, según el criterio de Claudia González, quien figura como abogada defensora del exfiscal Sandoval.
“No sé de donde se sacan estos argumentos en dado que ellos no son sujetos procesales dentro del caso, no siendo sujetos procesales como podrían tener acceso a los documentos o como se dieron estas circunstancias. Efectivamente, se firmaron acuerdos de colaboración eficaz bajo el control jurisdiccional de un juez, con conocimiento de la Fiscal General en su caso, y guardando todos los requisitos establecidos en la ley para el tema de la colaboración eficaz”, respondió la abogada.
Así mismo añadió que existe un respaldo judicial para que los acuerdos se llevaran a cabo en el extranjero, respondiendo de esa manera a otra de las dudas que plante la denuncia contra Sandoval.
“Eso no es un problema de jurisdicción o si hay aval o permiso, porque si se supone que hay juez contralor y la forma como fueron otorgados. En los convenios de colaboración eficaz hay que ver como se aprueban, está presente el juez y todos los sujetos procesales, de hecho la PGN estuvo presente y nos extraña que ahora digan que no hay aval si los acuerdos de colaboración fueron tomados conforme la ley”, señaló.
Por último González desestimó los cuestionamientos de la propia PGN, la abogada afirma que representantes del Estado estuvieron presentes en cada una de las audiencias del Caso Odebrecht.
“No están correctos, PGN sabe perfectamente que aparte es el tema del contrato que debería de estar bajo su control y aparte son los acuerdos de colaboración eficaz. Si supieran un poco o si revisaran la ley, tanto PGN como Fundación Contra el Terrorismo, ellos sabrían que los acuerdos son autorizados por un juez frente a todos los sujetos procesales. PGN dice que no estuvieron, pero sí estuvieron en todas las audiencias, no como los sujetos procesales que querían, no sé cuál es el reclamo que ellos tienen”, concluyó.
Se trató de conseguir la postura del MP por la reunión que sostendrá este jueves la Fiscalía de Asuntos Internos, pero el vocero señaló que no podía hablar hasta tener información proveniente de la fiscalía.
