“La Fiscalía de Distrito Metropolitano tiene a su cargo la investigación derivada de una denuncia a través del cual se pone de conocimiento de las autoridades la posible publicación de diversos medios de comunicación de una historia falsa”, es la respuesta que proporcionó la oficina de comunicación social del Ministerio Público (MP) al hacer la consulta respectiva.
La postura oficial agrega que: “en ese sentido, en virtud del seguimiento a la denuncia presentada, la fiscalía ha realizado diversas diligencias de investigación con el fin de esclarecer los hechos denunciados”.
Según la nota de eP Investiga, el diputado Allan Rodríguez que pertenece a la bancada Vamos, fue que presentó la denuncia contra Font, por el delito de calumnia, y el expediente se encuentra en investigación en la Fiscalía Metropolitana con fecha 24 de mayo pasado.
La publicación del medio digital expone que sobre la denuncia contra el comunicador social “no se conocen los hechos alegados por el congresista”. Y la denuncia, con número MPE01-2024-46120, se ha tramitado a pesar de que se trata de un delito de acción privada, por lo que el MP no debería conocerlo.
Font es un periodista que radica en el extranjero, desde abril del 2022, y conduce el programa de opinión ConCriterio que se transmite de lunes a viernes por la mañana en una emisora local.
Desconoce denuncia
El periodista al ser consultado sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía respondió que desconoce sobre la denuncia y que no ha sido notificado.
Reiteró que “a lo largo de mi carrera he sido denunciado en diferentes ocasiones por personajes como Manuel Baldizón o Alejandro Sinibaldi, o Carlos Herrera, otro antiguo diputado, inconformes con mis críticas hacia la corrupción. El régimen de Libre Emisión del Pensamiento marca el procedimiento a seguir, aunque invariablemente los políticos procuran llevar estas denuncias al plano penal”.
Comentó que el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez también había advertido sobre que lo denunciaría por difamación, que hasta donde sé, no lo hizo.
Denuncia penal no encuadra
Al consultar a Gustavo Berganza, director de la Asociación Doses, sobre la gestión que lleva la Fiscalía Metropolitana contra el periodista, aclaró que la denuncia del diputado no tiene que presentase ante el MP, porque no es una denuncia de acción penal publica, sino privada, por lo que se tenía que haber planteado la necesidad de un Tribunal de Imprenta.
Por otra parte, recordó que los funcionarios públicos y las personas que están realizando función pública, no tienen el derecho de hacer una demanda por los señalamientos que se hacen en el ejercicio, porque se protege en la Constitución de la República en su artículo 35.
“Rodríguez está actuando de una manera represiva, por lo que tiene que aceptar las criticas ante el ejercicio que se hace como diputado, y todas las implicaciones que ha tenido por ser un diputado oficialista en el periodo anterior, y ahora ser uno de oposición”, precisó.
Berganza, concluyó quien debe actuar en defensa de la Libertad Expresión del Pensamiento, es el procurador de los Derechos Humanos, y debe advertir al legislador que se está extralimitando en sus funciones, y está utilizando un mecanismo represivo en la Libertad de Expresión del Pensamiento.
“El procurador de los Derechos Humanos, debe actuar como garante de la Libertad de Expresión y de los Derechos de todos los guatemaltecos y no solo de los periodistas”, finalizó.
APG se pronuncia
Ana Julieta Cárdenas, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), declaró que los periodistas al igual que cualquier ciudadano pueden criticar a cualquier funcionario en ejercicio de su gestión, y no hay limitaciones, al menos que sea de su vida privada.
Al preguntarle sobre la lectura actual, y sobre el ejercicio periodístico en Guatemala, manifestó que en la actualidad los periodistas están siendo objeto de denuncias espurias, injuriosas y calumniosas y que en general se están tratando de criminalizar a los periodistas; no se les quiere juzgar por medio de los Tribunales de Imprenta, sino presentando denuncias, contra este ejercicio que es libre amparado en el artículo 35, por lo que todo funcionario puede ser criticado, en este caso por ser diputado.
La presidenta de la APG reiteró que la denuncia del legislador debe ser conocida por un Tribunal de Imprenta.
