Mientras que dos picops que estaban asignados al núcleo familiar de Aldana fueron sustituidos por uno tipo sedán y una camionetilla.
Esa situación, dijeron las fuentes, deja en vulnerabilidad a Aldana.
Según el acuerdo 10-2002 del 21 de marzo del 2002, firmado por Adolfo González Rodas, jefe del Ministerio Público (MP), y modificado por Aldana por medio del acuerdo 80-2017, el 31 de julio del 2017, luego de dejar el cargo, exfiscales generales tienen derecho a seguridad y vehículos que se consideren convenientes.
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En este acuerdo se establece que el tiempo para darle seguridad y vehículos a los exfuncionarios es por cinco años. En el acuerdo anterior se dejaba a consideración el tiempo a quien ostentara el cargo.
Para el exfiscal General, en este caso Aldana, se asignaron tres vehículos y para el exsecretario General dos automotores, es decir que Mayra Véliz también tiene esta cobertura.
El exsecretario de Política Criminal del MP, Rootman Pérez, indicó que preparan un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que corrobore si han disminuido las medidas de seguridad para Aldana.
Pérez indicó que durante la administración de Aldana se desarticularon varias estructuras criminales vinculadas a la corrupción, al crimen organizado, trata de personas y pandillas, lo que obliga que ella debe mantener un esquema de seguridad que le permita garantizar su vida y también cualquier represalia en contra de su núcleo familiar.
“Es importante mencionar que existe toda una mala intención que quiere cuestionar el esquema de seguridad de la exfiscal cuando hay un acuerdo del 2002 y la desarticulación de las estructuras criminales sí lo amerita”, explicó Pérez.
A esto se suma que los agentes de seguridad asignados a la exfiscal han señalado que les retiraron un bono de riesgo al que tenían derecho.
La inconformidad quedó plasmada en una carta del 1 de julio, donde se les informa a los compañeros sobre las acciones a tomar debido a que les suspendieron las vacaciones y que no les otorgan un día de permiso con motivo de su cumpleaños.
Vehículos fueron a servicio
El subjefe de Seguridad del Ministerio Público, Iván Carpio, informó que la sustitución de los vehículos se debe a que los automotores que Aldana tenía a su disposición fueron enviados a servicio.
“A los vehículos se les hicieron algunos cambios, de acuerdo con las necesidades del servicio. Todos los vehículos blindados tienen las mismas características y todos tienen que entrar a servicio regular tanto de ajuste del blindaje como el servicio normal. El nivel de seguridad se mantiene”, refirió Carpio.
“Existe toda una mala intención que quiere cuestionar el esquema de seguridad de la exfiscal”. Rootman Pérez, exsecretario de Política Criminal del MP.
El lunes último, la fiscal General, María Consuelo Porras, manifestó que no se le retiró ningún vehículo blindado a Aldana.
“Ella tiene tanto las tres camionetas blindadas como dos camionetas convencionales, más seguridad, más gasolina, viáticos y todo lo que regula el acuerdo 80-2017 y que actualmente se está respetando”.
Un beneficio igual al que tiene Aldana se da en el Ministerio de Gobernación, donde el exministro de esa cartera, Francisco Rivas, tendrá seguridad y vehículo por un periodo de siete años.
La vocera del MP, Julia Barrera, indicó que, de acuerdo con el departamento de seguridad del MP, la sustitución que se hizo fue orientada a equilibrar las distintas comitivas que el MP tiene de acuerdo con este departamento. Los vehículos actualmente asignados a Aldana no tienen ningún problema y reúnen las condiciones de seguridad necesarias, dijo.
Lucha anticorrupción
Thelma Aldana dejó el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia y tomó las riendas de la Fiscalía General el 17 de mayo del 2014, durante la presidencia de Otto Pérez Molina.
El 16 de abril del 2015, destapó el caso La Línea y revelaron una estructura de defraudación tributaria que era dirigida por el expresidente y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Además, durante su gestión fueron desbaratadas varias estructuras de corrupción enquistadas en el Estado.
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