Este 27 de septiembre entregó el puesto por medio de un mandatario judicial y confirmó que ha tenido que salir de Guatemala para resguardar su integridad.
En el 2021 el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al juez Ruano como uno de los actores anticorrupción más importantes del país y destacó su “labor por la independencia judicial”. Ahora le han ofrecido protección y estará en aquella nación por tiempo indefinido.
Entrevistado vía telefónica, el juez Ruano Pineda comenta acerca de cómo se desarrolló su persecución desde que denunció a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2017.
¿Cómo fue el proceso de entrega del cargo este 27 de septiembre?
La renuncia que presenté el 6 de septiembre de este año tenía como fecha efectiva este miércoles 27, y así fue como hoy se procedió a elaborar el acta de entrega de cargo y cumplir con todos los procedimientos administrativos que conlleva para entregar el cargo formalmente, como como lo establece la ley y habiéndose admitido la renuncia por la Corte Suprema de Justicia.
¿Este proceso lo hizo personalmente?
Tuve que utilizar los medios legales que la ley pone a mi disposición. Lo hice por medio de un mandatario judicial para cumplir con esta etapa de entrega de cargo.
¿Qué sentimientos tiene después de haber dado este paso?
Sentimientos encontrados. De agradecer por la oportunidad de servir al país a través de la justicia. 14 años de servicio judicial continuo que me llevaron en diversos juzgados de la República a cumplir esa delicada e importante misión. Inicié por oposición y el ascenso por oposición y así me mantuve hasta que el hostigamiento y la criminalización me pusieron en una situación grave de riesgo de sufrir daños irreparables e incluso hasta mi vida. Por el contexto y los antecedentes de la persona que denuncié, como lo hice en una manifestación pública, me motivaron para resguardarme y buscar protección. Esto me lleva a salir del país.
¿Fue la denuncia contra la magistrada Blanca Stalling el detonante de todo al final?
Por supuesto, en 2017 presenté la denuncia y ustedes saben todo el proceso, la opinión pública conoció de cerca los hechos, las pruebas contundentes, el delito que cometió, la impunidad del sistema de justicia, la burla de la fuga usando una peluca y luego la reinstalación y pagarle salarios sin haber trabajado. Esto demuestra lo cooptado que está el sistema y al servicio de quienes tienen intereses mezquinos. Y para uno que ha hecho su trabajo independiente, dedicado, honrado lo que recibe son represalias, hostigamiento y criminalización, llega el momento que lo hace insostenible. Mi seguridad y mi integridad estaban en grave riesgo si yo permanecía más en Guatemala y esto me motivó a pedir protección fuera, la cual, entendiendo mi situación y las circunstancias que he vivido desde 2017, me otorgaron la protección, salí del país y ya ingresé a otra nación con la protección legal que amerita.
¿En dónde se encuentra licenciado?
En los Estados Unidos de América. Acá en este tipo de casos particulares, atendiendo el riesgo a la seguridad, la integridad, incluso la vida o la persecución y criminalización o persecución política, protegen a las personas. Pude demostrar que me encuentro en riesgo y por eso me permitieron el ingreso y ya estoy protegido en este país.
Usted tuvo participación en sentencias emblemáticas, cuando estuvo en el Tribunal. ¿Considera que también hubo otras condiciones que hayan ejercido presión para obligarlo a salir al exilio?
La única responsable aquí en la magistrada reinstalada fuera de su plazo constitucional en la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling Ávila, porque juzgué muchos procesos y a muchas personas de alto perfil económico, político y ninguna de ellas llegó al nivel de ella, que sometió el sistema de justicia para su venganza y por eso es que tiene una abogada querellante en prisión arbitrariamente y por supuesto, también quiere cobrar venganza en contra de mi porque la denuncié por un delito de corrupción judicial. El riesgo es tan grave que me no me queda a mí otra salida más que en resguardar mi seguridad e integridad, porque el Estado no ha sido responsable en protegerme tanto en mi trabajo judicial como en mi seguridad y mi integridad, la que se ha puesto en grave riesgo en este momento.
¿Cómo fue el proceso de dejar a su familia acá en medio de todos estos riesgos?
Fue un proceso de tener acompañamiento desde los diferentes ámbitos porque somos personas y estamos sometidos a presión por el trabajo, pero a este tipo de circunstancias no deberíamos estar sometidos los jueces, sino debería existir un sistema de protección integral. Tuve el tiempo para platicarlo y acercarme a mi familia y a mis amigos cercanos para explicarles la situación en la que me encontraba y las decisiones difíciles que debía tomar. Conté con el tiempo durante este juicio en el que fui viendo la actitud de las instancias, las Cortes, cómo se comportaban de tal manera que no garantizaban mis derechos cuando había una marcada o flagrante, sed de venganza y detrás de todo esto la magistrada. Entonces llegó el tiempo necesario y ahora sí, realmente renunciando al cargo, pierdo la inmunidad y no puedo tener la seguridad del Estado, la que venía teniendo de un esquema de agentes de seguridad y más aún, pues estando Blanca Stalling reinstalada y el Ministerio Público iniciando a procesar a fiscales, a querellantes, yo soy un blanco de venganza por parte de ella.
¿Cuál es su análisis del actual estado del sistema de justicia de Guatemala? ¿Cómo lo calificaría en estos momentos?
Siempre ha estado en crisis, pero actualmente, sí pensamos que toca fondo, pero todavía no llegamos en el sentido de que es lamentable y grave que el sistema de justicia, las cortes y los tribunales, se estén prestando para actos de venganza. Digo esto claro, porque sabemos que la que está detrás de todo es la magistrada, que fue reinstalada en su cargo fuera del plazo constitucional un 22 de septiembre de 2022 y un mes después, la Fundación contra el Terrorismo plantea el antejuicio por cinco delitos. Era necesario que ella fuera reinstalada en el cargo para que procedieran con esta venganza. Porque estando dentro del Organismo Judicial, iba a procurar que este proceso avanzara y así ha sido. Si ella no hubiera sido restaurada en el cargo, mi situación no se hubiera agravado, pero de ahí para acá vino agravándose las condiciones de limitarme espacio dentro del Organismo Judicial de capacitación, formación, permisos, licencias. Me daban las respuestas negativas y al final de cuentas planteo un amparo ante la CC que desde el 1 de junio debió de dictarse sentencia y no lo ha hecho jugando con el tiempo, favoreciéndola a ella en esta sed de venganza. Por eso la decepción y frustra cómo el sistema se presta para una venganza.
¿Cree que esto sea reversible?
Definitivamente que no. Ese era el motivo de plantear una acción de amparo ante la CC en contra de la Corte Suprema de Justicia y a quienes el 1 de junio, en una vista pública, fui claro en darle los argumentos y decirles con detalle de la denuncia espuria e ilegítima, falsa, contradictoria, que era un acto de venganza, y para eso se estaba utilizando la Fundación contra el Terrorismo y detrás de todo esto Blanca Stalling, acompañándose de documentos en la denuncia que solo estaban en poder de ella.
¿Qué cree que se debe hacer para que el país tenga un sistema de justicia realmente independiente?
Reformar el sistema en cuanto a disponer procesos de ingreso y de ascensos que sean por méritos, por capacidad y que haya una permanente depuración, porque en todo ámbito siempre van a haber malos elementos y claro, jueces corruptos, serviles y que están al servicio de otros intereses criminales y oscuros. Los hay, pero para eso deben diseñarse sistemas efectivos, que rechacen procesando a ese tipo de funcionarios judiciales que le hace un grave daño al sistema y no con leyes regresivas que lo que quieren es perjudicar la función independiente de jueces, que no hayan represalias, que no hayan quejas infundadas, que no hayan antejuicios en venganza, que la misma Corte Suprema de Justicia los admite a trámite, sino que sean, rechazados. Pero mi ejemplo es este, yo presenté una denuncia y eso no es constitutivo de delito, sino es cumplimiento de un deber que la misma ley establece y que ahora lo que tenga es criminalización, hostigamiento, venganza. Me obligan a renunciar y me obliguen a salir del país. Entonces el sistema de justicia no está cumpliendo para lo que fue diseñado. Si se quieren reformas profundas y una depuración efectiva del sistema y así se puede avanzar y generar confianza en los tribunales, porque por eso es por lo que la gente no acude al sistema y hace justicia en mano propia porque desconfían de los jueces, de los fiscales, de todos los tribunales y las cortes del país.
¿Lo volveremos a ver pronto en el país?
Yo he salido del país para resguardar mi seguridad. Eso es primero. Dejé por un lado el trabajo, pero me cierran una puerta porque he sido forzado a renunciar y eso se lo dije a la Corte Suprema de Justicia en la renuncia: He sido forzado a salir del país. He sido obligado, pero por el guardar mi seguridad y mi vida lo tengo que hacer. Se cierra esa puerta, pero tengo la esperanza y la fe que se abren otras, en otras oportunidades donde pueda continuar desarrollando o aplicando esos conocimientos que tengo. La vida es una ventana de oportunidades y claro, me obligaron a terminar con mi relación laboral, pero vendrán otras oportunidades. Tengo las esperanzas y la expectativa y las capacidades también.
Tras anunciar su exilio, Ruano se une a los jueces de alto impacto Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quienes también salieron del país en 2021 y 2022 tras ser perseguidos por actores a los que anteriormente habían juzgado por casos de corrupción.
Desde 2020, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, abogados y activistas que han denunciado persecución política por parte de los aparatos de justicia de Guatemala han tenido que salir al exilio y la mayoría se encuentra en Estados Unidos.
