Justicia
Mayoría de aspirantes señalados por la comisión de postulación quedaron fuera, pero observadores tienen dudas de nómina
Observadores no están conformes con el listado final de los aspirantes a las Cortes de Apelaciones por varias situaciones que se dieron en el proceso y provocaron que la comisión a cargo no lograra el "filtro de calidad" idóneo.
La Comisión de Postulación integró la lista de los aspirantes a magistrados de Salas de Apelaciones.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Este lunes se espera que sea entregada al Congreso de la República, la lista con los 312 candidatos a las Cortes de Apelaciones. Sin embargo, a pesar de excluir a aspirantes con señalamientos, los integrantes de la Comisión de Postulación han recibido críticas por la forma en que se eligieron los candidatos.
Entre los excluidos de la lista de aspirantes y señalados por Estados Unidos de "socavar la democracia "se encuentran, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) Rafael Curruchiche, el juez Mynor Moto, quien en su momento enfrentó una orden captura por el libramiento de Chimaltenango; el ex procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, quien apoyó la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el juez Jimi Bremer, señalado por Estados Unidos por resoluciones a favor de señalados de corrupción.
Para el analista de Guatemala Visible, Mynor Lorenzo, el cierre del proceso fue bastante complejo y sorpresivo, debido a que nunca se había dado una situación en la que no se diera la elección de viva voz, sino por medio de un listado de consenso, lo que según él, es diferente a lo que se hacia en años anteriores.
"El argumento que se dio en la mesa fue la falta de tiempo, lo cual es correcto de plantear debido a que no había más tiempo, pero esto es la consecuencia de haber perdido tantos días en las primeras sesiones, porque no se decidían en la elección de la sede, cuando el tiempo ya era corto", señaló.
“Esperamos que esto tenga total validez y no esté sujeto a una acción legal de alguien que no lo considera correcto”, agregó.
Lorenzo dijo que todo el proceso puede estar sujeto a acciones legales, y considera que aunque el proceso no ha finalizado, la mayoría del trabajo de la comisión no llena los estándares que se pedían, principalmente para calificar a los aspirantes.
"Sin filtro de calidad"
Pablo Muñoz de la Alianza por las Reformas indica que la Comisión de Postulación abandonó su naturaleza de ser un “filtro de calidad”, a eso se suma que solo pidió documentación y no hizo entrevistas y evaluaciones a los aspirantes, sobre el contenido que les presentaron.
“La comisión no cumplió con el filtro ético, en el caso de las cortes de apelaciones y el problema fue la masividad de personas que ingresaron, eso obligó a hacer negociación de listas porque nadie puede llegar a ver quiénes de los mil 236 son los mejores”, señaló.
También refirió que esa situación se debió al tiempo que perdieron desde que comenzaron las reuniones.
“Por lo general siempre hacen las negociaciones, pero lo hacen afuera, pero por el tiempo que les quedaba lo tuvieron que hacer frente a los presentes y eso va en contra de la transparencia", agregó.
El rector Raúl Arévalo, presidente de la Comisión de Postulación para Corte de Apelaciones, espera entregar hoy a las 15 horas la lista de los 312 candidatos al Congreso. Pero él no está del todo de acuerdo con el resultado final de la comisión a su cargo.
“Me llevo la impresión de que ya había un entendimiento antes de que esto pasara. Porque inicialmente la línea de corte era de 75 puntos, que es lo mínimo, no se logró y se obtuvo un punteo de 64”, dijo.
Pero la baja de esa línea de corte, que es la calificación mínima para que un aspirante fuera considerado como candidato, se acomodó a los puntos que la misma comisión acordó, por mayoría, en la tabla de gradación. La herramienta con que cada aspirante fue calificado.
“Pero días después, cuando se calculó la gradación, se pusieron 50 puntos por el simple hecho de ser abogado con más de 5 años de ejercicio, luego 15 puntos por haber trabajado en lo público. Básicamente, permitió que todo mundo que se postulara, entrara”, señaló Arévalo.
Aspirantes con señalamientos y denuncias penales
Jaime Amílcar Gonzales Dávila, exmagistrado de la Sala Tercera Penal 2014 – 2019, quién se extendió en su mandato hasta noviembre del 2023, rechazó la solicitud de antejuicio formulada en contra del entonces alcalde, Álvaro Arzú Escobar, por un caso en el que lo vinculaban con utilizar fondos de la comuna para su campaña electoral.
En su calidad de jueza, Eva Marina Recinos clausuró el proceso contra algunos acusados del Caso Cooptación del Estado y brindó medida sustitutiva a la excandidata presidencial, Sandra Torres. También, le otorgó permiso a la exvicepresidenta Roxana Baldetti para salir de prisión para recibir tratamientos médicos desde su vivienda.
Idonaldo Fuentes, fue director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y buscó su reelección sin éxito. En el proceso para elección de magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones (2019-2024), fue señalado de hacer mal uso de fondos públicos y conductas de nepotismo.
Flor de María Gálvez Barrios, es hermana de Estuardo Gálvez, exrector de la USAC, a quien grupos de fiscalización consideran uno de los grandes operadores en los procesos de elección de Cortes.
Otro de los aspirantes es Erwin Iván Romero Morales, quien en su momento fue señalado por emitir resoluciones violatorias a la Constitución Política.
El candidato, Hugo Enrique Cabrera Navas, exviceministro de Agricultura, fue señalado de comportamientos inadecuados con alumnas a las que impartía clases universitarias en 2020.
Mirna Elizabeth Caballeros Salguero de Cabrera, como magistrada de la Sala Tercera de Apelaciones, en marzo último se excusó de conocer la apelación que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para reactivar la investigación contra periodistas y columnistas de elPeriódico.
Salguero de Cabrera argumentó que fue abogada del acusado de lavado de dinero Ronald García Navarijo, quien denunció al periodista Jose Rubén Zamora.
Hilda Aydeé Castro Lemus, laboró como defensora pública y Coordinadora Departamental en el IDPP, se le relaciona con una posible colocación en magistratura por influencia de magistrada Blanca Stalling. Fue denunciada por incumplimiento de deberes, según informe del MP ante el Congreso en mayo de 2020.
Fausto Fernando Maldonado Méndez, Fue abogado litigante en Santa Cruz del Quiché (2011-2014). Fue vetado por sociedad civil en enero de 2020, por tener conflicto de interés, por ser integrante de una comisión de postulación y ser candidato a reelegirse como magistrado de sala.
Daniel Mauricio Tejeda Ayestas, prestó servicios profesionales a la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), de acuerdo con información del MP reportada al Congreso en mayo del 2020, tenía un expediente en investigación por los delitos de falsedad material y falsedad
ideológica. En otro caso se le sindicaba de los delitos de incumplimiento de deberes por presentar declaración jurada patrimonial.
Más denunciados
La abogada Consuelo Piedad Barrios Arreaga, fue magistrada de la Sala Mixta de Apelaciones de San Marcos. Fue jueza de Primera Instancia en diferentes judicaturas (1994-2014),Según el informe de Impunity Watch, elaborado en 2019, denominado Cortes en Juego, figura en la lista de magistrados con más denuncias administrativas, con un total de 11 denuncias, tres ante la Supervisión General de Tribunales y ocho ante la Junta de Disciplina Judicial.
Elsa Noemi Falla Alonzo De Galdámez, fungió como jueza de diferentes judicaturas (1984-2014), auxiliar judicial (1977-1984). figura en el caso Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la Justicia.
Patricia Leonor Salazar Genovez. Se le señala de llegar a la magistratura desde las filas del Partido Patriota, fungió como asesora de la Subdirección General de Operaciones de la PNC.
Rosa Orellana Arévalo, en mayo de 2020, el MP reportó al Congreso que registra tres denuncias desestimadas por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Julio Alfonso Agustín Del Valle, fue integrante de la comisión de postulación de candidatos a magistrados de la CSJ. Fue señalado por integrantes de Alianza por las Reformas, de tener conflicto de interés al ser comisionado y aspirante en el proceso (2019-2024).
En 2021, la FECI pidió la detención del abogado Juan José Bolaños Mejía por los delitos de asociación ilícita, violación a la constitución y tráfico de influencias. Pero una Sala lo benefició y revocó la detención evitando que fuera sometido a un proceso penal. Bolaños Mejia fue sindicado de ser parte de un grupo de operadores que negociaron las magistraturas de las salas de Apelaciones.
En enero de 2017, tras agotar el proceso administrativo, Juan Francisco De León Mazariegos fue procesado penalmente y este día fue ligado a proceso por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Según la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, a De León la SAT le requirió la documentación. Sin embargo, no acató la orden.
Carlos Joaquín Urzúa Morel, de acuerdo con información del MP reportada al Congreso en mayo del 2020, por un expediente de 2013, se le solicitó el retiro de antejuicio por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.
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