Mauricio López Bonilla: El ministro que negociaba con el crimen organizado

Mauricio López Bonilla era un militar hábil, astuto y locuaz. Fue combatiente en el Conflicto Armado Interno y lideró una operación que acabó con una tropa de la guerrilla. Para entonces, era 1981 y empezaba a involucrarse en la política que, inicialmente, lo llevó a ser parte de la cúpula que asesoraba al régimen de Efraín Ríos Montt.
 
El país sufrió los años más crueles de la guerra civil en los ochenta, década en la que él y Otto Pérez Molina coincidieron en actividades para empezar a lograr la paz en el país. Esta llegaría hasta 1996 y López Bonilla fungió, en la recta final de las negociaciones, como enlace entre el Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
 
Después del fin del conflicto, el exministro se retiró de las fuerzas armadas y se convirtió en analista y consultor en temas políticos, investigador social, asesor en seguridad, catedrático universitario y experto en diseño y ejecución de planes de contingencia, manejo de crisis y continuidad de negocios.
 
Sus habilidades en comunicación, su facilidad para expresarse y la cercanía con Pérez Molina le permitieron ser el jefe de campaña del Partido Patriota en 2011, año en el que la agrupación naranja ganó las elecciones presidenciales bajo el lema de “mano dura”, que enmarcaba la promesa de enfrentar a la delincuencia en el país.

La recompensa de la victoria llegó pronto y fue nombrado titular del Ministerio de Gobernación (Mingob) en 2012. De esa manera, tuvo a su cargo la administración de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario, dos de las entidades en las que fue señalado de involucrarse con grupos criminales y de negociar con narcos y presidiarios.
 
Las investigaciones detallaron que, en la primera institución, el exfuncionario integró una estructura que defraudó al Estado por decenas de millones de quetzales, por medio del arrendamiento irregular de vehículos blindados y supuestas reparaciones para las autopatrullas y subestaciones policiales.
 
Los señalamientos de corrupción provocaron su ingreso a la prisión, en donde lo esperaba el convicto Byron Lima, que era conocido como el “Rey de las Prisiones”. Si bien los dos tenían antecedentes militares y tuvieron acercamientos durante la gestión patriota, la relación entró en conflicto y Lima llegó a considerarlo su enemigo.

Pese a ello, López Bonilla aceptó haber recibido recomendaciones de Lima y, bajo sus sugerencias, le dio a Édgar Camargo (suegro de Lima) un puesto directivo en el Sistema Penitenciario. Eso le permitió a Lima, junto con la colaboración de otros funcionarios, controlar una red dedicada a efectuar cobros ilegales por traslados en las prisiones.

En estas acusaciones apareció el exministro, a quien Lima terminó tildando de “ladrón”, “tumbador” de drogas, “narcotraficante” y “lavador de dinero”. Años después de esas declaraciones, EE. UU. solicitó la extradición de López Bonilla por presuntamente colaborar con el tráfico de narcóticos cuando se desempeñaba como jefe del Mingob.
 
El militar aseguró que esto era falso. Y aunque hubo serios señalamientos de malos manejos de los recursos públicos y de que recibió dinero del narcotráfico, los procesos de extinción de dominio en su contra son mínimos y apenas tiene embargados US$30,092 que obtuvo, aparentemente, de forma ilícita.
 
Eso sí, el exfuncionario ha dicho que no se arrepiente de sus acciones y afirmó, en medio de los señalamientos en su contra, que la “verdad verdadera debe prevalecer”. Lo cierto es que ocho años después de estar preso, lo que queda claro es que dos sentencias lo definen como un actor corrupto más en la historia del país.

Cooptación del Estado

“Que existiera la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para siempre, sería bueno”, afirmaba López Bonilla en 2014, sin saber que años después esa instancia a la que respaldó haría caer poco a poco a varios de los líderes y funcionarios del Partido Patriota, incluyéndolo.
La justicia lo alcanzó el 11 de junio de 2016, cuando fue detenido por supuestamente desembolsar fuertes cantidades de dinero en efectivo de procedencia ilícita, para comprarle suntuosos obsequios al binomio presidencial. Esto ocurrió, según la investigación, entre 2012 y 2014.
 
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG mencionaron que, con el dinero que él y otros exministros proporcionaron, se compraron lujosos bienes para agasajar en sus cumpleaños a Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina. Entre los “regalos” entregados había inmuebles, una lancha y un helicóptero.
 
La pesquisa fue bautizada como “La Coperacha”, que después se convirtió en una de las fases del caso Cooptación del Estado. Si bien el extitular de la cartera del Interior fue acusado de cometer asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo, la jueza Eva Recinos decidió cerrar su caso.

Blindados

Este fue el primer expediente por el que el exjefe del Mingob fue condenado. La investigación fue revelada el 30 de enero de 2017 y surgió por el arrendamiento de 47 vehículos blindados. Por estos, el Ministerio de Gobernación se comprometió a pagar Q32.7 millones. Sin embargo, el negocio se hizo de forma fraudulenta.
 
La pesquisa detalló que estos autos los utilizaría la cartera del Interior, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, pero su alquiler se efectuó sin someter la contratación a un licitación pública. El exfuncionario tuvo pleno conocimiento de esta irregularidad, según el Tribunal Noveno de Sentencia Penal.
 
De hecho, Multi Servicios Exclusivos, que fue la empresa a la que se le requirió este servicio, no tenía la capacidad económica ni la cantidad de camionetas que se le había requerido. Por todo eso, el entonces juez Carlos Ruano emitió una sentencia condenatoria en 2018.
 
De esa forma, al militar se le impuso una pena de prisión de ocho años y medio por incurrir en fraude por este caso denominado Blindados. El exviceministro de Gobernación, Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, recibió la misma condena. Tras conocerse el fallo, López Bonilla dijo que la justicia estaba “politizada”.

Patrullas

El arrendamiento de vehículos blindados no fue la única manera en la que se extrajo dinero de la cartera del Interior. Es más, el exministro contribuyó en desfalcar Q44.5 millones para gastarlos en inexistentes reparaciones de patrullas y la simulación del mantenimiento de subestaciones policiales.
 
Para lograrlo, el militar se involucró con una extensa red criminal, la cual creó siete empresas de cartón, mismas que fueron utilizadas para captar los fondos que servirían para ejecutar los servicios. Estos fueron contratados bajo la modalidad de compras directas, con lo cual evitaron que lo requerido fuera sometido a una licitación pública.
 
Estas irregularidades en el caso Patrullas fueron reveladas por FECI y la CICIG el 5 de mayo de 2017. Para entonces, el exjefe del Mingob estaba por cumplir su primer año en prisión y, eventualmente, su estancia en la cárcel se extendería por más tiempo tras recibir su segunda condena por este caso.

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal, presidido por la jueza Oly González, lo encontró culpable de los hechos y le impuso una pena de prisión de 13 años y nueve meses por incurrir en fraude y peculado por uso. Junto a él fueron condenadas otras 16 personas que estuvieron implicadas en la sustracción de recursos públicos.

Caja de Pandora

El reinado de Byron Lima en las prisiones terminó en 18 julio de 2016, cuando fue asesinado en la prisión Pavón durante un motín, surgido por una supuesta disputa con el narcotraficante Marvin Montiel, alias el “Taquero”.  Un mes antes del hecho, López Bonilla ingresaba a Mariscal Zavala.
 
Estando detenido, el exministro lamentó el deceso y aseguró que no “tuvo ningún altercado con él (Lima)”. “Él dijo muchas veces cosas mías; yo jamás respondí a lo que dijo”, mencionó. Pese a lo manifestado y a los desencuentros con Lima, el exministro atendía las solicitudes del convicto y, presuntamente, ambos colaboraron en el manejo irregular de las prisiones.
 
Eso fue lo que evidenció la FECI y CICIG en el caso Caja de Pandora, que fue presentado el 5 de octubre de 2017. Esta investigación expuso que el exministro le otorgó a Lima la facultad de decidir sobre el traslado de los presos a diferentes cárceles. Incluso, determinaron que los dos intercambiaron información sobre los reos.
 
Las autoridades aseguraron que el exjefe del Mingob le dio tanto poder a Lima, al punto que él podía nombrar personal en el Sistema Penitenciario y solo en 2012 logró ejecutar el traslado de 127 privados de libertad a Pavoncito, quienes presuntamente pagaron para hacer el cambio. Este caso sigue activo y, aunque fue enviado a juicio, el proceso regresó a la etapa intermedia por una decisión de la Sala Segunda de Mayor Riesgo.

Narcotráfico

López Bonilla aceptó que su seudónimo de guerra era “Don Damián”. Sin embargo, rechazó que se le conociera como el “Pato”, el “Arquitecto”, el “Ingeniero”, el “Patriarca” o el “Patrón”, como lo afirmaron los colaboradores de la justicia estadounidense y que lo acusaron de recibir dinero de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
 
En total, el exministro habría obtenido US$1.5 millones por colaborar, entre otros, con el cartel de los Zetas y permitir el traslado de cocaína en Guatemala sin la intromisión de la fuerza pública. Debido a los sobornos presuntamente entregados all exfuncionario, se redujeron las actividades policiales y se protegieron a los narcotraficantes.
 
Es más, la acusación expuso que el exjefe del Mingob ordenaba a los oficiales de la PNC que escoltaran los cargamentos de cocaína y reasignaba al personal de la institución a solicitud de las organizaciones de narcotráfico. Por eso, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal autorizó su extradición hacia EE. UU. en 2017.

Defensa

Luis Mérida, abogado del exministro, manifestó que hubo parcialidad en los procesos iniciados en contra del exfuncionario y señaló al exjuez Carlos Ruano de incurrir en esa situación. “Ahora vemos que él tenía una tendencia ideológica que influyó en la sentencia que dictó (en el caso Blindados)”, afirmó el profesional.
 
Por eso, el defensor dijo que este es un aspecto que se está analizando para plantear recursos extraordinarios, entre ellos revisiones, porque hay pruebas para revertir los fallos condenatorios impuestos a López Bonilla. Además, refirió que en el caso Cooptación del Estado se violó el procedimiento para elevarlo a una judicatura de Mayor Riesgo.
 
También mencionó que en el caso Caja de Pandora la decisión con la que fue enviado a juicio fue anulada, producto de un resolución que favoreció a Moisés Galindo. De esa manera, el expediente regresó a etapa intermedia. Incluso, el Juzgado de Mayor Riesgo “D” tendrá que resolver si sigue conociendo el caso o bien lo manda a una judicatura ordinaria.
 
Para finalizar, Mérida expresó que la CICIG en sus inicios actuó bien y sus pesquisas eran objetivas. No obstante, agregó que el ente tuvo un momento de “quiebre” para beneficiar a la ex fiscal general Thelma Aldana. “Tenían en sus planes que ella fuera candidata presidencial y, viendo esa oportunidad, politizaron lo judicial”, acotó.