Las 10 personas señaladas de integrar la red “coyotes” se sentaron frente a la jueza Quinto Penal, Judith Secaida, y escucharon la sindicación del Ministerio Público (MP) por el tráfico ilícito de migrantes. Es la primera vez que una banda de este tipo es conducida a un juzgado para responsabilizarla por coyotaje.
La detención de los señalados ocurrió la semana pasada y la mayoría de las capturas fueron en Comitancillo, San Marcos, lugar en el que la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes señala que surgió la estructura.
El caso para el MP es importante y fue el propio jefe de la Fiscalía, Stuardo Campo, quien se presentó a la sala que se le asignó al Jugado Quinto Penal para empezar a celebrar la audiencia de primera declaración.
Los detenidos fueron señalados por tráfico de guatemaltecos, asociación ilícita, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.
La familia
En el señalamiento, la Fiscalía responsabilizó al exalcalde de Comitancillo, Ramiro Coronado Pérez, quien se encuentra prófugo, de ser el líder de la estructura; además, su mano derecha es David Coronado Pérez, su hermano.
La consanguineidad no termina allí, pues entre los detenidos hay dos hijos del exjefe edil, Byron Baldomero y Diego Iván Coronado Agustín, asimismo, Mayte Josefina Dinora Coronado Marroquín, hija de David, el segundo al mando de la red de coyotaje, según la Fiscalía.
Entre los prófugos de la justicia está Diana Maricela Coronado Marroquín, hija de David, ella no fue encontrada durante los 19 allanamientos que realizó el MP la semana pasada.
Campo durante su exposición advirtió que la investigación preliminar de la Fiscalía cuenta con escuchas telefónicas y chats extraídos de celulares confiscados a los detenidos.
En las conversaciones telefónicas se ha podido establecer que la estructura cobraba de Q95 mil a Q120 mil por migrante trasladado a Estados Unidos y el dinero lo recibían en dos pagos: uno en Guatemala y otro cuando llegara el connacional a Estados Unidos.
El mecanismo
El fiscal señaló que en la estructura participaron por lo menos los 10 detenidos y el exjefe edil usó sus vehículos para trasladar a los guatemaltecos que migrarían. En esos automotores los habría cruzado por puntos ciegos de la frontera con México. En estos viajes, según la investigación, también participaron los hijos y sobrinos.
Las coordinaciones se hicieron por medio de llamadas telefónicas. El fiscal aseguró que hay escuchas en las que se coordinada la llegada de guatemaltecos a Comitancillo y los pagos de los viajes.
Se sospecha que la intervención de esta estructura no se limitaba en el traslado por territorio guatemalteco y su llegada a la frontera con México, sino que alguien de la estructura continuaba guiando a los migrantes por territorio mexicano hasta ingresar a EE. UU.
Uno de los indicios que refuerza esta teoría del MP, es la muerte de Adán Coronado Marroquín, hijo de David y sobrino del exjefe edil. El murió con el grupo de guatemaltecos masacrados en México el 22 de enero del año pasado.
La Fiscalía cree que Adán iba guiando al grupo de connacionales por México y su objetivo era cruzarlos por la frontera y que llegaran a Texas.
El fiscal explicó que, “cuando están en ese inmueble -de Houston- los coyotes piden el complemento del pago a los familiares, y si cancelan los llevan a su destino en EE. UU.”, remarcó.
La Fiscalía mencionó decenas de traslados que hizo la estructura y tiene identificados a los guatemaltecos que trasladaron hasta el territorio estadounidense.
Campo mencionó que la red de coyotes en Comitancillo ofrecía “viajes a créditos” y eso dependía mucho de la capacidad económica de las familias.
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En el caso del viaje de los guatemaltecos masacrados en México se estima que esa red recibió Q500 mil y si se hubiera completado el viaje el pago que habrían recibido era de Q1.4 millones.
Los precios variaban dependiendo de tiempos. En caso de que un migrantes llegara antes de los 15 días a EE. UU. el viaje no se cobraba por Q95 mil, sino que las familias llegarían a pagar hasta Q120 mil por “la rapidez”. El traslado de los menores también sobrepasaba los Q100 mil según la investigación de la Fiscalía.
