“Solo condenaron a uno, y los otros ocho salieron riendo”, argumentó Pedrina Alvarado, familiar de ocho de las víctimas de la masacre cometida por un contingente militar en el caserío Rancho Bejuco, en Baja Verapaz, unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.
La reacción de Alvarado se dio después de que el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, dirigido por el juez Walter Eugenio Mazariegos, decidió imponer una pena de 20 años inconmutables por delitos contra los deberes de la humanidad contra el comandante Juan Ovalle Salazar.
Sin embargo, el tribunal dejó en libertad a los comisionados militares Mario Córdova y Santiago Cojón.
También fueron declarados no culpables los expatrulleros civiles Juan López, Carlos Sesam, Lauro Garrido, Lázaro Alvarado, Mario Garrido y Santos Cojón Galeano.
El juez Mazariegos dijo que no podía declarar culpables a estos ocho militares porque “no actuaron por su voluntad” sino que “estaban obligados”.
A criterio de Alvarado, de 65 años, la sentencia de este jueves “está incompleta y no sé qué vamos hacer para encontrar justicia”.
Decenas de pobladores indígenas y organizaciones sociales acuerparon a las familiares de las víctimas en la Plaza de los Derechos Humanos, ubicada a un costado del Organismo Judicial de la capital guatemalteca.
Justicia con sabor amargo
“Esta sentencia tiene un sabor amargo”, explicó a EFE la abogada Lucía Xiloj, representante de las familias de las víctimas de la masacre
En opinión de Xiloj, el juez obvió que los “comisionados militares y los patrulleros tenían tareas asignadas y estaban bajo un mando militar”.
“Existían pruebas porque se demostró que los patrulleros estigmatizaron a esta comunidad y tenían voluntad de participación en las fuerzas armadas”, concluyó Xiloj.
El crimen tuvo lugar el 29 de julio de 1982, cuando integrantes del Ejército lanzaron explosivos contra el hogar de las víctimas y enterraron sus cadáveres en una fosa común.
De acuerdo con la investigación, las fuerzas armadas cometieron la masacre porque los hombres de esta familia se habían negado a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza paramilitar compuesta por campesinos bajo el mando del Estado.
Al menos cuatro de las mujeres asesinadas se encontraban embarazadas y sus hijos no nacidos forman parte de las 25 víctimas registradas.
Testimonios
Xiloj dijo que “lo consideramos una justicia a medias porque ha habido una condena contra el militar que estaba a cargo del operativo, es algo positivo, independientemente de la sentencia que se le ha emitido porque se le condenó a la pena mínima de 20 años, pero la otra parte es negativa, pues es la absolución de las ocho personas”.
En tanto, Pedrina Alvarado, víctima de la masacre, relató los momentos de terror que vivió durante la incursión de los militares en su comunidad.
Recuerda que desde hace 27 años buscan justicia que todas las víctimas clamaron por sus vidas, pero no fueron escuchados y los asesinaron.
Otra víctima recuerda que tenía 10 años cuando ocurrió la matanza y que uno de los procesados la violó y embarazó; sin embargo, durante el juicio no puedo atestiguar en su contra.
“Yo soy testigo de esta masacre, pero no me dieron la oportunidad de atestiguar, 10 años tenía cuando me violó”, recuerda la mujer.
Agregó que a consecuencia de la violación quedó embarazada y que luego que su padre fuera masacrado uno de los procesados la amenazó con colgarla a un árbol.
“Diez años tenía cuando me violó y ese dolor jamás pasa”, dijo al finalizar la audiencia de la sentencia.
La masacre se cometió bajo la aplicación de estrategias militares como la denominada “Tierra Arrasada”, que consistía en eliminar la base social de los grupos subversivos y que no hizo distinción entre mujeres, ancianos y niños en comunidades rurales del país.
Además, el crimen sucedió durante los 17 meses de Gobierno del general golpista Jesé Efraín Ríos Montt, cuyo mandato (marzo 1982 a agosto 1983) es recordado como el más sangriento de los 36 años de conflicto armado interno (1960-1996), según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Durante el régimen de Ríos Montt se masacraron a mil 500 indígenas del norte de Guatemala y por esos crímenes recibió una sentencia por genocidio en 2013. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, revocó la sentencia días después.
El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, dejó más de 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, hasta la firma de la paz en 1996.
