La adjudicación a la empresa brasileña fue una operación “de gran magnitud” que la administración del expresidente Álvaro Colom trasladó al Partido Patriota y se consolidó justo cuando fue aprobada la Ley contra la Corrupción.
La participación de algunos funcionarios ocurrió antes de que la Ley contra la Corrupción surgiera a la vida jurídica —octubre del 2012—. El Código Penal castiga con seis años de prisión el abuso de autoridad. La pena por peculado es de 10 años y la mínima es de cinco, explica un fiscal a cargo del caso.
Seis momentos claves
Prensa Libre tuvo acceso al expediente y detalla seis momentos claves de la negociación que podrían haber facilitado algunos funcionarios, enterados o no del beneficio de Odebrecht. Estos son el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Comunicaciones y Odebrecht, dictamen favorable de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), resolución de la Junta Monetaria, aval de la Procuraduría General de la Nación, la carta con la iniciativa de ley para aprobar las negociaciones enviada por el Ejecutivo al Congreso y el impulso de la moción privilegiada.
El 19 de septiembre del 2011, Florentino Fernández Venegas, gerente de país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) envió al ministro de Finanzas Públicas, Alfredo del Cid Pinillos, la resolución de aprobación del préstamo por unos US$119 millones 400 mil destinados a complementar el financiamiento de la “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente”.
Fernández Venegas le explica a Del Cid Pinillos que está pendiente la aprobación del financiamiento del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.
Los acuerdos comenzaron el 17 de enero del 2011 con la firma de un memorando de entendimiento entre el entonces ministro de Comunicaciones, Jesús Insúa, y Odebrecht.
El 14 de octubre del 2011, Segeplán solicitó al Ministerio de Comunicaciones efectuar una licitación internacional, “para evitar una contratación directa de una empresa constructora brasileña”.
El 23 de julio del 2012, Fernando Carrera Castro, entonces jefe de Segeplán, dio su visto bueno.
Carrera explica que Segeplán evaluó, durante cuatro meses, la viabilidad técnica, que es parte de un requisito de ley. “No evaluamos la calidad jurídica ni la parte del financiamiento”, comentó. “El punto era que se iba a emitir una ley específica”, aclaró.
El 21 de agosto del 2012, la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Larry Robles, dio su apoyo a la solicitud del exviceministro de Comunicaciones Rubén Mejía.
El 3 de octubre del 2012, la Junta Monetaria dio su aval. El vocero del Banco de Guatemala, Ivar Romero, explicó: “El artículo 57 de nuestra Ley Orgánica del Banco de Guatemala señala que siempre que el Organismo Ejecutivo tenga el propósito de hacer operaciones crediticias o se contraten préstamos, deberán pedir opinión a la JM”.
El 8 de octubre del mismo año, el expresidente Otto Pérez, su secretario general Gustavo Martínez y el entonces ministro de Finanzas Pavel Centeno enviaron una carta con la iniciativa de ley para la aprobación en el Congreso al presidente de ese organismo, Gudy Rivera. El borrador del decreto fue redactado por Rivera y los legisladores, Estuardo Galdámez Juárez y Manuel Barquín Durán.
“Éramos miembros de la Junta Directiva. Como secretario de la directiva es obligación certificar la firma del presidente, no el contenido del documento; por eso mi nombre aparece en la certificación del decreto”, comentó Barquín.
La moción privilegiada que dio pie a la aprobación fue presentada por los diputados Rivera y Christian Boussinot.
Prensa Libre intentó comunicarse con Mejía, Robles y Galdámez, pero no respondieron las llamadas a sus teléfonos, algunos sonaron como fuera de servicio.
