“La familia está triste y enojada, y por el momento vamos a esperar y estamos en trámite normal”, dijo, al ser cuestionado sobre posibles acciones en el futuro.
Ortiz indicó que estaban pendientes de los resultados de los exámenes médicos que Barquín se realizó en el Hospital Roosevelt para pedirle nuevamente una medida sustitutiva a Erika Aifán, juez de Mayor Riesgo D. No obstante, señaló que en tres ocasiones solicitaron arresto domiciliario para el exdiputado por problemas de salud y se les fueron negadas.
El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Marlos López, indicó que como conglomerado no tienen un pronunciamiento sobre el fallecimiento del exdiputado, no obstante, señaló que “su muerte es un hecho lamentable”.
López explicó que la Dirección General del Sistema Penitenciaria es el ente encargado de garantizar la salud y vida de los privados de libertad, pues bajo su responsabilidad está que se respeten sus derechos humanos.
“Un juez de Primera Instancia Penal, para otorgar una medida sustitutiva, debe establecer que no existe peligro de fuga, que el sindicado no interferirá en la investigación y que el delito que se le imputa contempla la opción de medida sustitutiva”, según López.
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En este sentido, el presidente señaló que en el caso de que un privado de libertad sufra de quebrantos de salud, es responsabilidad de Presidios brindarle los servicios necesarios. Y en el caso la prisión no posea con los recursos necesarios para restablecer la salud del recluso, este podría pedir al juzgado una autorización para recibir un tratamiento ambulatorio o ser trasladado a un hospital.
Esto solamente si se certifica que el recluso requiere de la atención médica, refirió.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, declinó hacer comentarios sobre el fallecimiento del exdiputado. “Al tener la certificación correspondiente que acredite la defunción, el Ministerio Publico requerirá el desvanecimiento de la persecución penal”, aseguró.
En este sentido, cuestionado sobre los delitos que se le imputaban al exdignatario, Sandoval señaló que “no era el momento prudente para señalarlos”.
El opositor Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso, dijo que la jueza encargada del caso es la “responsable” de su muerte por haberse negado a estas medidas aun teniendo en cuenta su estado de salud y agregó que se pondrán las denuncias pertinentes.
Procesado por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado por uso, Barquín ingresó al centro asistencial el 30 de julio de 2018 por neumonía y problemas urinarios.
Los médicos lo sedaron el viernes por la noche y le colocaron un ventilador para facilitar su respiración debido a una complicación.
Estuvo en el área del Intensivo bajo el cuidado de neumólogos y cardiólogos.
El exdiputado estuvo internado un mes en el centro asistencial por neumonía e infección urinaria.
El 16 de marzo de 2018, Barquín Durán fue enviado a un debate por resolución de Erika Lorena Aifán Dávila, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D.
El exdiputado Jaime Martínez Lohayza y el exalcalde de Jutiapa, Basilio Cordero, están sindicados en el mismo proceso.
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La acusación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) refiere a las transacciones bancarias de lavado de dinero que realizó Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico dólar, utilizando sus empresas las cuales protegió Édgar Barquín desde el Banco de Guatemala (Banguat).
Se depositó dinero a las cuentas de Barquín y Jaime Martínez Lohayza para financiar el partido Gran Alianza Nacional (Gana) en el 2011, detalla la acusación.
Según las investigaciones Morales Guerra realizó transferencias por Q1 mil millones sin ser detectados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Trayectoria
Manuel de Jesús Barquín Durán fue un abogado y político que ocupó una curul en el Congreso de 2004 al 2016.
Su vida política estuvo itinerante entre la Gran Alianza Nacional, donde ganó por primera vez su lugar en el Congreso.
En ese partido permaneció durante 10 años, hasta 2014 que se unió al Partido Patriota (PP), sin embargo, ese mismo año volvió a cambiar su apoyo y se lo ofreció al partido Libertad Democrática Renovada (Líder). En julio del 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), y el Ministerio Público (MP) revelaron el caso Lavado y Política e informaron que dentro de esa estructura criminal estaban implicados los entonces diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán.
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La pesquisa alcanzó a Édgar Barquín, vicepresidenciable del partido Líder, quien aprovechó su cargo en el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria para asesorar a Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, el jefe de la estructura criminal.
Según la Cicig, parte del lavado de dinero fue operado por las empresa de Chico Dólar y a las cuales protegió Barquín desde el Banguat. Se depositó dinero a las cuentas de los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, para financiar el partido Gran Alianza Nacional (Gana) en el 2011. A cambio de mantener su actividad ilícita, el cabecilla de la organización criminal proporcionaba recursos a Manuel Barquín y a Martínez Lohayza para financiar asambleas departamentales de la Gana, en Jutiapa y Petén. En septiembre pasado el Juzgado de Mayor Riesgo B condenó a 2 años y 6 meses de prisión a Edgar Barquín en un proceso abreviado donde reconoció ser responsable de tráfico de influencias en el caso “Lavado y Política”. Sin embargo, el expresidente del Banco de Guatemala, quien fue candidato a la vicepresidencia en 2015 por Lider, del empresario Manuel Baldizón quien compitió por la presidencia, quedó en libertad al aplicarle la Ley contra la Delincuencia Organizada luego de aceptar su culpa y a petición de la Fiscalía.
La carrera política de Manuel Barquín comenzó en La Libertad, Petén, donde logró retener la alcaldía en dos períodos, antes de llegar al Congreso.
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Mueren durante procesos
El exdiputado Barquín es el tercer sindicado en casos alto impacto que muere durante el proceso judicial. El médico Jesús Arnulfo Oliva Leal, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos en Guatemala (Usac) y procesado por el caso IGSS Pisa, se suicidó en prisión en la cárcel Mariscal Zavala el 11 de junio último. Días antes había solicitado medida sustitutiva porque su sufría una fuerte depresión.
Incluso familiares habían manifestado el 19 de mayo último para abogar por rapidez en el proceso y el beneficio de salir de prisión a favor de Oliva Leal.
En ese mismo caso, el 7 de septiembre de 2016, perdió la vida Erwin Raúl Castañeda Pineda. También estaba preso y había sido trasladado al Hospital MIlitar por problemas cardiorespiratorios. Así como Barquín y Oliva, Castañeda también había pedido sin éxito una medida sustitutiva.
El debate
Debido al hacinamiento en prisiones y a la muerte de personas en prisión, ha habido intentos de reformas legales. Hay iniciativas de ley que proponen que la prisión preventiva no se extienda más de 15 meses. o un año. Ambas esperan ser conocidas en el Congreso.
También hay una instancia interinstitucional que analiza cambios en torno a la prisión preventiva. Noticia en desarrollo
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