Baldizón, candidato presidencial en las elecciones del 2011 y 2015, fue condenado en Estados Unidos, por lavado de dinero, a 50 meses de prisión. Recuperó su libertad el 7 de junio último, beneficiado por una reducción de penas, de la cual se han revelado pocos detalles.
El expresidenciable llegó al país como deportado, y luego de que un juez de turno le informó los motivos de su detención fue enviado a la cárcel de Mariscal Zavala, a la espera de ser convocado a la audiencia de primera declaración.
Baldizón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami el 21 de enero del 2018, por una orden de captura librada a través de la Policía Internacional (Interpol), en la que se le acusaba de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos, vinculado con el caso Odebrecht.
En el 2018, documentos judiciales señalaron que “negoció” con la Fiscalía, pero no se hicieron públicos los detalles del acuerdo.
La Fiscalía informó el 12 de noviembre del mismo año que Baldizón “aceptó contribuciones de campaña sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del narcotráfico”.
“A partir de entonces, Baldizón Méndez realizó transacciones financieras, incluida la compra de propiedades en Miami, para ocultar el hecho de que a sabiendas había aceptado contribuciones de campaña —dinero— de narcotraficantes”, detalló un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
Ayer, al arribar a Guatemala, Baldizón fue trasladado a la Torre de Tribunales en medio de un intenso dispositivo de seguridad dirigido por la Interpol, durante el cual utilizó casco y chaleco blindado.
En la carceleta de la Torre de Tribunales, mientras esperaba comparecer ante el juez de turno, el excandidato dio declaraciones y señaló a la exfiscal Thelma Aldana de haber armado los casos penales en su contra con un interés particular. Además atacó a los magistrados que dirigieron el Tribunal Supremo Electoral en los comicios de 2015, a quienes acusó de abuso de autoridad y de haber manipulado en su contra los resultados en esa ocasión.
La persecución penal
Desde el 2018, el excandidato presidencial es requerido por la justicia guatemalteca: tiene dos órdenes de captura vigentes por igual número de casos penales.
Desde el 7 de abril de este año, Juan Carlos González García, juez B del Juzgado Undécimo Penal, tiene el control jurisdiccional del caso Transurbano, que involucra al expresidente Álvaro Colom y a 10 exintegrantes de su gabinete, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y a Manuel Baldizón Méndez.
En dicho proceso está pendiente la audiencia en la que se definirá si los acusados deben enfrentar juicio por los hechos imputados, ya que los acusados han presentado varias impugnaciones y no se han resuelto.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) propuso entre 2008 y 2009 implementar un sistema de seguridad para el transporte público a funcionarios de la administración de Colom.
El proyecto se implementó mediante una serie de supuestas anomalías en el sistema prepago y se habría defraudado al Estado por Q294.2 millones.
Las pesquisas alcanzan a Baldizón por el supuesto desvío de fondos por medio de la sociedad Expansión Corporativa Milenium, junto con Rutas Metropolitanas del Transporte, S. A.
Desde estas empresas se habrían sustraído al menos Q6.5 millones de los subsidios al transporte público y se habrían dirigido al partido Libertad Democrática Renovada (Líder) para financiar las campañas de Baldizón en 2011 y 2015.
Caso Odebrecht
En enero de 2018 se reveló un caso que señalaba a Alejandro Sinibaldi de haber negociado coimas con la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos para la construcción de carreteras. Según la acusación, este habría recibido US$19.7 millones –unos Q146 millones– que, aparentemente, fueron repartidos con otras personas supuestamente involucradas.
El Ministerio Público señaló en su oportunidad al empresario Carlos Arturo Batres Gil y a Baldizón de haber recibido US$4.9 millones y US$3 millones, respectivamente.
No obstante, el caso tuvo un revés el 24 de junio de este año, cuando la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló los acuerdos de colaboración eficaz desde los cuales la Fiscalía obtuvo información a través de tres convenios con directivos de la empresa brasileña, que eran los medios probatorios más contundentes en la carpeta judicial.
Los acuerdos se firmaron en Brasil, a favor de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mameri y Eduardo Oliveira Gedeon, que fueron representados por su abogado defensor, el guatemalteco Francisco Javier Gallardo Samayoa.
El caso Odebrecht está asignado al Juzgado D de Mayor Riesgo, a cargo de Luis Fernando Archila Lima, quien no ha podido tomar el control total porque funge como juez suplente en un tribunal que desarrolla un juicio.
Propiedades embargadas
Inmuebles, dinero, vehículos e incluso una avioneta forman parte de los 103 bienes de Manuel Baldizón en extinción de dominio desde el 2018 y hasta ahora no se ha concretado ningún proceso tal.
La carpeta judicial se identifica con el número 001175-2018-00017 e incluye la solicitud del MP y la convalidación del embargo del Juzgado de Extinción de Dominio de 72 bienes inmuebles, 27 vehículos, una avioneta, un helicóptero y dos cuentas bancarias que suman más de Q8.7 millones. Los bienes están embargados, lo cual los mantiene inmovilizados.
El Juzgado de Extinción de Dominio aprobó la inmovilización de 44 residencias, ubicadas en Santa Catarina Pinula, Villa Canales, Villa Nueva y la ciudad de Guatemala. Hay 23 propiedades en Petén, tres en Alta Verapaz, una en Sacatepéquez y una en Quetzaltenango.
Una de las viviendas más emblemáticas es la que se identifica como Casa Praga, en el kilómetro 27.5, Santa Elena Barillas, Villa Canales.
Este inmueble está dividido en dos fincas, una denominada La Casa Blanca, a nombre de la entidad Proyectos Habitacionales Praga, S. A., y la otra a nombre de la entidad Ciudad Sostenible, S. A, que habitaba el exdiputado Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, señalado de haber integrado una red de corrupción que supuestamente operaba en la Municipalidad de Chinautla.
En ese inmueble también fueron confiscados 28 vehículos tipo sedán, algunos de modelo reciente y otros de gran valor, por ser versiones clásicas.
