Manuel Baldizón: El narcopolítico que aspiraba a controlar todo el país

A Manuel Baldizón le tocaba ganar las presidenciales de 2015. Esa era la consigna con la que lanzó su candidatura aquel año convulso por la develación de casos de alto impacto, mismos que asediaron a su círculo cercano y finalmente terminaron por arrastrarlo hacia los tribunales del país por señalamientos de corrupción y del extranjero por nexos con el narco.
 
Ese era el segundo intento del petenero para llegar a la primera magistratura del país, por medio del partido Libertad Democrática Renovada (Líder). Esa agrupación política se empezó a crear en 2008 con un grupo de congresistas disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza, entre los que se encontraba Baldizón.
 
La organización tuvo un crecimiento político acelerado y en 2011 se consolidó en el segundo lugar de los comicios para la Presidencia de la República. En esa ocasión, el cabecilla del partido rojo perdió ante el Partido Patriota de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Sin embargo, apenas tres años después de esa derrota, el respaldo político obtenido en las elecciones y el transfuguismo le permitieron a Baldizón tener la bancada mayoritaria en el Congreso de la República con 53 diputados. Es decir, llegó a superar el número de curules que ostentaba el partido oficial que, para ese ciclo, ocupaba 48 sillas.
 
Una vez copado el Legislativo, Líder y el Partido Patriota establecieron una alianza y se repartieron la conformación de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, cuyos magistrados estuvieron en el cargo desde 2014 hasta 2023. Este hecho les brindó poder sobre el Organismo Judicial.
 
Incluso, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunció que los elegidos para la Corte Suprema de Justicia le juraron lealtad tanto a Baldizón como a Alejandro Sinibaldi, quien se perfilaba como el presidenciable del Partido Patriota en aquella época. Ninguno de los dos exfuncionarios fue llevado a tribunales por ese supuesto hecho.
 
Teniendo el control de dos de los organismos del Estado, Líder de la mano de Baldizón se encaminaba a conseguir el Ejecutivo. Era, en el papel, el favorito y en mayo de 2015 poseía el 32.1 por ciento de preferencia en la encuesta realizada por este matutino. Tenía el primer lugar, pero su candidatura y su partido sufrieron una caída estrepitosa.

Primero, su aspiración recibió un fuerte golpe cuando el vicepresidenciable del partido rojo, Édgar Barquín, fue acusado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Cicigde colaborar con una red de lavado de dinero cuando era el presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria.
 
También fueron señalados de estar involucrados en esa trama de blanqueo de capitales los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel de Jesús Barquín, ambos de Líder. Todo esto fue develado por las autoridades dos meses antes de que se celebraran las elecciones de 2015. Dado el corto tiempo respecto a los comicios, el partido no se pudo recuperar.
 
Fue así que Baldizón terminó en tercer lugar en el evento electoral. Su agrupación dijo que el expresidenciable sufrió un “linchamiento político” y adujo que eso provocó su desbarrancamiento. Después, el exdiputado anunció su retiro de la política, pero la tormenta apenas empezaba.
 
Un año después de las elecciones, Líder era cancelado por el Tribunal Supremo Electoral y, con eso, el excongresista se quedaba sin partido. Luego los señalamientos de corrupción alcanzaron a Luis Rabbé, un antiguo eferregista, que se había unido a la agrupación roja para mantenerse en el Congreso de la República.
 
Por último, la justicia guatemalteca empezó a perseguir a Baldizón por supuestamente financiar ilegalmente a su organización política y por presuntamente recibir sobornos a cambio de asignar obras cuando asumiera como presidente. Pero no fue en este país en donde, por primera vez, él se sentó en el banquillo de los acusados.
 
Estados Unidos lo apresó el 21 de enero de 2018 en Miami, lugar al que el político viajó desde República Dominicana. Y antes de enviarlo a Guatemala, las autoridades de la nación norteamericana lo juzgaron por vincularse con narcotraficantes, actos de los que él se declaró culpable.

A su arribo a territorio guatemalteco fue detenido para enfrentar los cargos en dos expedientes judiciales. Eso no lo detuvo el año pasado para postularse como candidato a diputado con el partido Cambio (creado por sus hijos), pero su postulación fue anulada por el Tribunal Supremo Electoral.

Así se resume la vida política de Baldizón, un personaje que logró acaparar mucho poder, que acarició ser presidente y cuando estuvo cerca de la meta, perdió. Estuvo próximo a controlar todos los organismos del Estado. Sin embargo, esa derrota aún le causa estragos y ahora está lejos de siquiera tener una mínima parte del dominio que antaño ostentaba.

Odebrecht

El principal señalado en este caso era el exministro Alejandro Sinibaldi (cuyo expediente fue cerrado). El extitular de la cartera de Comunicaciones, según la Feci y la CICIG, presentó a un directivo de la empresa brasileña Norberto Odebrecht con Baldizón. Esto ocurrió presuntamente en febrero de 2013 en la casa del antiguo integrante del partido naranja.
 
En esa oportunidad, Sinibaldi supuestamente le indicó a un personero de la constructora que le debía entregar al petenero un total de US$3 millones de los sobornos que supuestamente pactaron por la adjudicación del proyecto de mejoramiento y ampliación de la ruta CA-2 Occidente, en el tramo que une Escuintla con San Marcos.
 
La investigación expuso que el dinero se le entregaría a Baldizón porque él se presentó ante el directivo de Odebrecht como el futuro presidente de Guatemala, por lo que la entidad sudamericana debía apoyar en su campaña electoral. Los sobornos, según la tesis de la Feci, también se dieron a cambio de asignarle proyectos a la empresa en el futuro.
 
Los recursos ilícitos aparentemente se canalizaron por medio de Diego Chacón Yurrita y Pablo Yañez Guerra, ambos de la confianza del expresidenciable. El primero supuestamente abrió una cuenta a nombre de American Legal Advisor Corp en las Islas Marshall, por la cual se recibieron algunos sobornos.

Mientras que el segundo habría gestionado otro pago a través de una transferencia por servicios que nunca fueron prestados y cuyos fondos, presumiblemente, fueron enviados a una empresa china. No obstante, Baldizón presuntamente solo consiguió US$1.36 millones de los US$3 millones acordados con Odebrecht. 

Estos hechos fueron revelados el 24 de enero de 2018, tres días después de que el exLíder fue detenido en Estados Unidos. Asimismo, este fue el primer caso que se inició en contra del exdiputado por corrupción. De esa manera, se le señaló de cometer cohecho activo, asociación ilícita y lavado de dinero. 

Sin embargo, la jueza Abelina Cruz Toscano decidió cerrar el expediente a favor del exparlamentario, argumentando que él no era funcionario cuando supuestamente recibió los sobornos y por eso no estaba en la posibilidad de favorecer a alguna empresa producto de la recepción de las dádivas.

Transurbano

El caso sobre la implementación irregular del Transurbano en la capital se dividió en varias fases y una de estas involucra a Baldizón y al partido Líder, mismo que supuestamente recibió por lo menos Q6.5 millones del subsidio que el Estado destinó para subsidiar las operaciones de este sistema de buses.
 
La Feci y la Cicigindicaron que estos desembolsos sirvieron para financiar las campañas electorales de la agrupación roja en 2011 y 2015. Los recursos, presuntamente, fueron introducidos a las finanzas de la organización política por medio de una red de empresas, que simulaban relaciones comerciales con los verdaderos financistas.

De esa manera, en los registros ante el Tribunal Supremo Electoral figuraron como donantes solo las sociedades vinculadas al exfuncionario, con el supuesto objetivo de encubrir el flujo de fondos hacia Líder. La pesquisa indicó que estas empresas, además, no tenían las características estructurales ni económicas para realizar esos aportes millonarios.
 
El expediente judicial refirió que esa red de empresas no solo captó dinero del subsidio, sino también de personas y empresas que, siendo contratistas del Estado, obtuvieron recursos públicos y posteriormente lo invirtieron en el esquema para financiar a la organización dirigida por Baldizón.
 
Por último, las autoridades expusieron que hubo un grupo de compañías que destinaron Q542 mil 880 a favor de Líder, dinero que se transfirió a la entidad Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad para pago de propaganda del partido. Esta sociedad aparentemente era del conglomerado ilegal creado por Baldizón para captar fondos.
 
En esa línea, el antiguo directivo de la agrupación política fue señalado de asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. Solo fue procesado penalmente por el último delito. El caso sigue activo y se encuentra en la etapa intermedia.

Narcotráfico

En Estados Unidos, Baldizón fue procesado por un caso de narcotráfico en el Distrito Sur de Florida. La justicia estadounidense alegó que él, siendo candidato presidencial, pidió dinero para financiar sus campañas políticas y aceptó contribuciones sabiendo que las estaban entregando narcotraficantes.
 
Tras recibir los recursos, el exdiputado realizó una serie de transacciones financieras, que incluyeron la compra de propiedades en Miami para ocultar el hecho de que había aceptado, conscientemente, aportes provenientes del tráfico de drogas. Por eso fue acusado de lavado de dinero.
 
De esa cuenta, el exlegislador cumplió una condena de 28 meses en una prisión federal, no sin antes admitir que recibió dinero procedente del trasiego de drogas, que hizo movimientos bancarios con los recursos del narco y que prometió y dio beneficios a cambio de dinero y otras compensaciones.
 
Esta sentencia le afectó a Baldizón al postularse, el año pasado, para volver al Legislativo. Primero el Tribunal Supremo Electoral dijo que ese fallo en el extranjero no debía tener efectos en el país y ordenó la inscripción. Después de recibir múltiples críticas, los magistrados revocaron esa decisión.

Bienes inmovilizados

El Juzgado de Extinción de Dominio mantiene inmovilizados 72 inmuebles, 27 vehículos, una aeronave, un helicóptero y dos cuentas bancarias que suman Q8.7 millones. Estos bienes están vinculados con Baldizón y presuntamente se obtuvieron de forma ilícita o fueron utilizados para actos ilegales.
 
Las propiedades que están embargadas se encuentran en los departamentos de Guatemala, Petén, Alta Verapaz, Sacatepéquez y Quetzaltenango. Una de estas es la lujosa “Casa Praga”, que posee un helipuerto, piscina y cancha de fútbol. En el interior de esta mansión, incluso, se encontró una colección de vehículos deportivos.
 
También está inmovilizado un edificio de 15 pisos que está en la zona 15 capitalina, en el cual se instalaron oficinas de la Fiscalía de Asuntos Internos mientras se resuelve el procedimiento de extinción de dominio. Los autos que están congelados son de las marcas Mercedes Benz, Ford, Jaguar, Toyota, entre otras.
 
En junio pasado, el Ministerio Público solicitó una ampliación de plazo para investigar la procedencia de los bienes y el juez Marco Antonio Villeda decidió darle doce meses más al ente investigador, que ha tenido más de seis años para concluir las pesquisas sin resultados hasta la fecha.

Dudas sobre la objetividad

Saúl Zenteno, defensor del expresidenciable, manifestó que la resolución con la que se cerró el caso Odebrecht se encuentra “fundamentada” y añadió que, tras analizar los expedientes judiciales, le generó dudas sobre la objetividad con la que se estaban trabajando los casos penales.
 
Lo anterior se debe a que uno de los hechos imputados en contra de Baldizón era que recibió sobornos de la constructora brasileña, pero refirió que la bancada del partido Líder votó en contra de que se aprobaran los préstamos con los que se le iba a financiar el proyecto que se le adjudicó a esa compañía.
 
“Si la noticia fue así y todo el mundo sabe que eso ocurrió (que el bloque legislativo votó en contra), ¿cual, eventualmente, podía ser la contraprestación para él? No obstante, se persiguió al máximo dirigente de ese partido”, apuntó el abogado, quien agregó que ve accesible cerrar también el caso Transurbano.
 
Respecto a este último expediente, Zenteno expresó que no hay una definición clara de los roles de las personas que, supuestamente, participaron en el grupo criminal. “Yo siempre consideré contraproducente tratar de hacer telarañas tan grandes, implicando a cualquier persona y a cualquier cantidad de personas, haciéndolas ver como parte de una estructura, cuando en realidad los hechos no revelaban esa información”, puntualizó.