Desde antes de la protesta, se dio a conocer que la fiscal Porras presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para solicitar la intervención del presidente Alejandro Giammattei, y que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) actuaran en dado caso hubiese alteración del orden público.
Según el amparo, el objetivo es adoptar medidas para resguardar “la independencia del MP”, al considerar que esta se ha visto “vulnerada” a través del uso de las redes sociales y también por la convocatoria a manifestar frente a la sede de la institución.
En la parte de argumentos describe que personas identificadas por el perfil de la red social Twitter ahora denominado “X” y otras redes sociales, “han estado organizando y convocando” para una “encerrona” para el 25 de agosto, para “obligar a renunciar” o que tanto Porras, como los fiscales Curruchiche y Monterroso, presenten su renuncia, haciendo referencia a la protesta de este viernes.
EN ESTE MOMENTO
Violación a derechos
Según Porras, estos hechos que reclama en el amparo son considerados una “violación a la autonomía e independencia del MP en su ejercicio de la acción penal”.
En el documento enviado por la jefa del MP “denuncia la violación al derecho a la vida, derecho a la integridad personal, libertad de locomoción y libertad de acción”, tanto para ella como Fiscal General, Curruchiche, Monterroso, personal de la institución y usuarios que demandan los servicios del MP.
En la acción planteada por Porras, se expone que en manifestaciones pasadas se han lanzado piedras al edificio del MP, o se ha quemado un monumento en la entrada del recinto, “o que conlleva el riesgo que el 25 de agosto, con motivo de la manifestación que convocan realicen dichos actos”, detalla.
“Se denuncia la inminente violación a los derechos de Libertad, derecho a la integridad personal, seguridad, derecho a libre acceso a tribunales y dependencia del Estado”, dice el documento.
La fiscal General también manifestó en la solicitud de amparo que existe violación a los derechos “al realizar convocatorias para actos ilegales como rodear el Edificio del Ministerio Público para impedir el ingreso y egreso de determinadas personas inclusiva privándoles de su derecho de ingerir comida, para obligar de manera forzosa y tumultaria a la Fiscal General y Fiscales mencionados a presentar su renuncia, y lograr su objetivo de deponer mediante la fuerza a dichos funcionarios, ejecutando actos de odio y venganza, tanto en la convocatoria como en la realización de los actos ya relacionados”.
Manifiestan frente al MP
Mientras el amparo que planteó Porras continuaba su trámite en el Tribunal Constitucional, durante la concentración los manifestantes colocaron pancartas y mantas con los rostros de los tres fiscales a quienes exigieron su renuncia.
Un grupo de agentes de la PNC se mantuvo desplegada en el área de ingreso a la sede del MP y sus alrededores, sin que se registraran incidentes con quienes protestaban el lugar, o disturbios.
No obstante, durante la manifestación, el abogado Fernando Linares-Beltranena, exdiputado del Congreso de la República se hizo presente al lugar y tuvo que retirarse ante los reclamos de manifestantes.
“Yo fui al MP porque soy abogado penalista y me bloquearon el paso. No me dejaron entrar como es el derecho de todos los guatemaltecos. Esta manifestación fue salvaje”, aseguró Linares-Beltranena.
“Lo que hacen ellos es, simplemente, fortalecer a la fiscal general —Porras— y al agente fiscal Curruchiche en la persecución penal”, dijo seguidamente.
El exfuncionario descartó que su presencia era para manifestarse a favor de Porras, pero afirmó que la respalda. “Con el salvajismo con que están actuando, están apoyando la solicitud de la ley y el orden que es lo que promueve el MP, sobre todo la administración de Porras”, aseguró.
Luego de un pleno extraordinario, la noche de este viernes 25 de agosto, la CC aceptó para su trámite el expediente que contiene el amparo interpuesto por Porras y solicitó los informes correspondientes para volver a sesionar el lunes próximo, según fuentes del máximo tribunal.
Sobre el caso el analista político, Edgar Ortiz, argumentó en su perfil, que las pruebas presentadas en el amparo son principalmente publicaciones de usuarios en redes sociales, “sin mostrar amenazas directas”, por lo que las consideraba “ambiguas”.
“Los señalamientos del MP contra el Ejecutivo son llamativos. No obstante, parece que el amparo presentado carece de una base sólida. Atacar tuits críticos viola el derecho a la libre expresión”, aseguró.
