Los 26 nuevos magistrados titulares y suplentes de la CSJ y 225 de Salas de Apelaciones debían haber sido electos en 2019 y tomada posesión el 13 de octubre de ese año por un período de cinco años, pero por una serie de ilegalidades, amparos e investigaciones de amaño, el proceso está detenido y sin solución a la vista.
Es por ello que la actual CSJ sigue siendo la misma que fue elegida en 2014, pese a que su periodo de cinco años finalizó en 2019, el mismo caso que se presenta con los 225 magistrados de las Salas y Cortes de Apelaciones del Organismo Judicial.
El comunicado de la CSJ señala que “al no concluirse el proceso de elección de los nuevos titulares y suplentes, se realizó una Opinión Consultiva ante la Corte de Constitucionalidad, la cual fue resuelta el 8 de octubre de 2019 (…) sobre lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, el cual establece que ningún magistrado o juez propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial, dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta que se presente su sucesor”.
Agrega que “en la parte conducente de la Opinión Consultiva se establece que las magistradas y magistrados deben continuar ejerciendo sus funciones si aún no han sido electos sus sustitutos y que la entrega del cargo se realizará en el momento en que se encuentren legítimamente electos los profesionales que asumirán los cargos para el período 2019-2024 y se presenten a tomar posesión”.
También dice que “en observancia de lo anterior y al no haber tomado posesión de sus cargos los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo en la presente fecha la Sesión Extraordinaria del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se revalido la continuidad en el ejercicio de sus funciones a la espera que se presenten sus sucesores”.
La no renovación de las cortes en Guatemala obedece a un entrampado legal provocado por las mafias que operan a todo nivel en el país, señalan expertos.
El entrampado legal que no permite la renovación del Organismo Judicial, uno de los tres poderes del Estado guatemalteco, exhibe en “una medida exacta” y “dramática” la “profundidad de la crisis institucional que vive el país”, según dijo el jefe del Área de Justicia y Seguridad del Instituto de Problemas Nacionales (IPN) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Édgar Celada.
El analista y experto en el proceso de elección de jueces advierte que “cada día que pasa sin una renovación del Organismo Judicial disminuye la credibilidad del sistema”, y provoca que Guatemala sea visto como un país “sin certeza jurídica”.
Un proceso amañado
La elección de magistrados fue suspendida antes de la elección en 2019, luego de que la Fundación Myrna Mack interpusiera un recurso legal por irregularidades en la comisión de postulación para designar a los magistrados.
La solicitud fue avalada por la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, que ordenó repetir ciertos procedimientos en la comisión postuladora y avaló la continuidad de los funcionarios en lo que se llevaba a cabo la elección.
Posteriormente, en febrero de 2020, cuando se avanzaba en una posible designación de los jueces, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público descubrió un amplio intento de amaño del proceso con el empresario farmacéutico y exsecretario presidencial Gustavo Alejos como principal protagonista.
Alejos, sancionado este año por Estados Unidos por “corrupción”, se reunió antes de la elección con casi dos docenas de personas vinculadas a la elección, entre diputados, miembros de las comisiones de postulación, jueces y abogados, según documentó el Ministerio Público con fotografías y vídeos.
Los encuentros se llevaron a cabo en un hospital de Ciudad de Guatemala, donde Alejos, preso por varios casos de corrupción, se encontraba recibiendo atención médica con permiso de un juez.
Tras las pesquisas del Ministerio Público en 2020, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso llevar a cabo el procedimiento para la elección de jueces, obligando a los diputados a hacer públicas todas sus decisiones al respecto.
Sin embargo, hasta el momento el Congreso ha preferido no llevar a cabo la designación de los 251 magistrados.
La renovación del Organismo Judicial es trascendental para Guatemala en la lucha contra la corrupción, principalmente después de que en 2014 la magistrada Claudia Escobar denunciara que las cortes en aquel año fueron elegidas con irregularidades impulsadas por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente preso por corrupción.
“Tengo la impresión de que estamos en un pantano, no nos movemos ni para atrás ni para adelante. El Congreso de la República no explica ni asume su responsabilidad en la elección” agregó Celada, quien no ve claridad tampoco en una reforma que dé luz al lío en que se encuentra la Justicia guatemalteca.
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La única posibilidad que observa Celada es que el bloque oficialista representado en el partido Vamos, que llevó en 2019 a la presidencia a Alejandro Giammattei, y sus bancadas aliadas, pierda la junta directa del Congreso para el próximo año, y que así otros diputados procedan con la renovación del Organismo Judicial.
De lo contrario, “cerraremos el año con los mismos jueces y magistrados”, se lamentó el director del Área de Justicia y Seguridad del IPN-Usac, quien agregó que incluso esta incertidumbre se podría “prolongar los próximos dos años, hasta que los nuevos diputados de la siguiente legislatura concreten la elección”.
Para entonces, la actual Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones casi cumplirían un inconstitucional segundo mandato sin elección, pero legal por la prohibición de abandono del cargo hasta que tengan un sucesor.
