La funcionaria argumentó que estaba detenida de manera ilegal, pues el 31 de marzo pasado, por votación de dos contra uno, los magistrados Jaime González, presidente de la Sala, y Edith Pérez, suplente, dieron arresto domiciliario a Stalling. Quien se opuso al beneficio fue la vocal primera, Beyla Estrada.
González, Pérez y Estrada no conocieron la petición de Stalling, al considerar que ya habían dictado una resolución referente a la libertad.
La medida sustitutiva a Stalling estaría vigente después de pagar una fianza de Q300 mil. Medina, López y Montenegro negaron el pedido de Stalling bajo el argumento de que faltaba un acta en el expediente, correspondiente a una audiencia del 17 de abril último, en la que el juez séptimo penal, Adrián Rodríguez, debía informar sobre el cumplimiento o no de la resolución de González, Pérez y Estrada.
“Si —el juez— no levanta esa acta sucinta, no hay manera de seguir con el procedimiento. Y al tenerse como cumplidos los extremos que ordena la Sala, —debe— resolver lo que en derecho corresponde”, explicó Medina, quien negó que hayan beneficiado Stalling; no obstante, le mandan al juez resolver el acta correspondiente a la libertad bajo fianza.
Entrampado
La Fiscalía informó que la Sala de Femicidio confirmó el abandono de la defensa de los abogados de Stalling, resuelta por Rodríguez el pasado 31 de marzo.
El 11 de abril último, en una audiencia en la que se recibiría el testimonio del juez Carlos Ruano, quien denunció a Stalling, Rodríguez indicó que no podía realizar la diligencia por un amparo provisional de la Sala de Femicidio, con el cual quedaba en suspenso el fallo que decretaba el abandono de su defensa. Stalling deberá nombrar otros abogados. Ella aún no rinde declaración por el cargo de resistirse al arresto.
Tuit coincidente
El pasado 23 de abril, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, escribió en su cuenta personal de Twitter: “El prevaricato —dictar a sabiendas resoluciones contrarias a la ley o fundarlas en hechos falsos— también es corrupción”, pero no se confirmó si se refería a este caso.
Seis magistrados han conocido el caso
Jaime González, presidente de la Sala Tercera de lo Penal, recibió una llamada de atención de la Junta de Disciplina del Organismo Judicial (OJ) por haber firmado un acta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de una sesión en la que no participó.
Beyla Estrada es esposa Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social del presidente Jimmy Morales.
Edith Pérez fue electa como magistrada de Corte de Apelaciones en el 2009. Pocos días después, cuando se le asignó a la Sala de Mazatenango, renunció.
Abel López fue asesor jurídico del OJ y también fungió como magistrado de Sala.
Óscar Montenegro fue intendente jurídico de la Superintendencia de Administración Tributaria. Fue denunciado por haber concedido a la empresa La Riviera operar un puerto libre en el Aeropuerto. Joaquín Medina tiene una carrera de más de 30 años como periodista.
