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Este programa es responsable de implementar acogimiento de menores de edad que por orden de juez son remitidos a su cuidado y protección temporal en un núcleo familiar, quienes reciben un estipendio mensual de Q1 mil 500 para que no sea mermada su condición económica por los cuidados que le dan al menor, mientras dure la medida.
La mayoría de las familias viven en un 75 por ciento en el área metropolitana como San Lucas, Palencia, Villa Nueva, Amatitlán y Chimaltenango, mientras que el otro 25 por ciento en departamentos como Quetzaltenango, Petén, Alta Verapaz, Zacapa, entre otros.
Javier Evans, jefe del Programa de Familias Sustitutas de la SBS, explica que durante la pandemia la cantidad de familias o personas interesadas que se conectan a talleres en línea se incrementó, por lo que utilizan esas plataformas para hacer la captación de los interesados para luego agendar una cita y evaluar las casas
“No es la cantidad de familias que quisiéramos, pero son bastantes. Queremos una atención a la familia y al niño muy personalizada, que vaya dentro de los requerimientos con enfoque de derechos para que se sientan acompañados y respaldados en el proceso”, explica Evans.
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Además, agrega que buscan que se empiece a cambiar con la estructura de los niños en protección para que no vayan a hogares estatales, sino con familias de acogimiento.
Según la SBS, el año pasado 114 menores estuvieron en el programa de familias sustitutas. Mientras que en 2021 hay 92 en 70 familias, entre los niños beneficiados hay hermanos quienes permanecen con un mismo núcleo, y esperan sobrepasar la cantidad de niños atendidos durante el 2020. “Desde el 2017 para acá, el programa ha tomado mayor fuerza, mayor aceptación y mayor conocimiento para la población”, expresa.
Un menor puede pasar hasta seis meses con una familia de acogimiento, pero el juez puede prorrogar el tiempo. Evans indica que enfrentan varas dificultades para implementar el programa. Además, afirma que todos los menores que ingresan al sistema protección necesitan de una familia de acogida para evitar que sean institucionalizados.
Algunos de los retos que atraviesan en el programa es que los jueces utilicen esta medida como alternativa para no institucionalizar a los menores, así como también la designación presupuestaria. Desde 2017 a la fecha, 225 menores han sido beneficiados con esta medida.
Tarea pendiente
El estudio El acogimiento familiar en Iberoamérica publicado por Martha Fernández-Daza en la Universidad Cooperativa de Colombia-Santa Marta de Colombia concluye que en Iberoamérica se ha avanzado sobre el acogimiento familiar, pero esa modalidad de protección sigue siendo una tarea pendiente, pese a los esfuerzos, los avances legislativos, reglamentos y políticas de protección social, aún falta garantizar su aplicación efectiva.
Además, señala que en Latinoamérica 80 mil niños aproximadamente mueren de forma anual por violencia intrafamiliar, por lo que en protección a la infancia la violencia es el problema más grave en la región y el Caribe.
El informe destaca que, aunque en Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú, Nicaragua, Haití y Portugal el derecho a vivir con una familia está reglamentado, en estos países existe una alta proporción de menores en hogares y residencias.
En opinión de Otto Rivera, secretario de Ciprodeni, percibe dos dificultades, en Guatemala existen 14 tipos de familias, de las cuales 11 están conformadas por mujeres jefas de hogar con hijas e hijos y dos instituciones, la SBS y el Consejo Nacional de Adopciones, tiene programas de familias de acogimiento temporal.
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Además, considera que la familia de acogida y una con deseos de adoptar se vuelve muy frágil, porque se generan lazos de empatía, aunque se les prepara. Además, le hace falta el enfoque de derechos humanos y no basta la cantidad, sino la calidad. Evans reconoce esta fragilidad entre las familias, por lo que buscan reforzar este punto para que las familias sufran este duelo de mejor manera.
“La niñez y la adolescencia no constituyen una prioridad para el Estado de Guatemala. Creo que debemos hacer un cambio de mirada y de enfoque para que sea un ejercicio de corresponsabilidad para estar en el buen camino”, señala.
Agrega que en la sociedad guatemalteca se debe incentivar más la cultura de acogimiento temporal y de adopción de los niños y adolescentes de este país. Afirma que el programa es bueno y necesario, mientras no se tenga otro modelo para no institucionalizar a los niños.
Visión particular
Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, tiene una visión particular de las familias de acogimiento, porque se debe adoptar cada línea de acción y estrategia al país en que se inscribe. Explica que un hogar sustituto es una medida temporal para garantizar los derechos de niños y adolescentes que no tiene un recurso y son muchos.
Expresa que como sociedad no se ha comprendido como darles un cuidado integral a los menores, no se les puede pedir a estos núcleos familiares de abrigo temporal que lo aprendan de un día a otro.
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Agrega que es un tema cultural porque los niños que van a este programa han sido víctimas de violencia, por lo que hay que trabajar en sus traumas y deficiencias de salud física y mental. Además, hay que invertir en su alimentación y escolaridad por lo que Q1 mil 500 sigan sin alcanzar.
“No considero que sea un programa exitoso. Cuando tenemos a más de dos millones de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema de educativo formal, poner a 80 en familias sustitutas sin tener los resultados y sin saber si serán victimas de trata, de maltrato o la debida atención, para saberlo ameritaría un monitoreo más estricto, constante y eficiente de la Secretaría de Bienestar Social”, resalta.
