El expresidente del Congreso, de ser extraditado a Guatemala, enfrentará cargos por abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, todo vinculado al caso Plazas Fantasma, por contrataciones irregulares durante su presidencia en el Organismo Legislativo.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) de México informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) capturó a Luis Armando “R”, quien tenía una notificación roja emitida por la sede central de Interpol con sede en Lyon, Francia, y solicitada por la Oficina Central Nacional de la organización internacional en Guatemala, misma que fue establecida noviembre del 2016, luego de haber sido requerido por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo A de Guatemala, para ser procesado por la probable comisión de varios delitos.

Lea además: Roxana Baldetti entrampa proceso La Línea

Por lo que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, giró la orden de detención provisional. Policías federales ministeriales, adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, quienes luego de trabajos de gabinete y campo, ubicaron y aprehendieron al fugitivo.

Luis Armando “R” fue detenido sin uso de la violencia ni afectación a terceros, con respeto en todo momento a sus derechos humanos.

Prófugo desde 2016

El exfuncionario salió de Guatemala rumbo a la Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, dos días antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retirara la inmunidad.

Una semana después fue visto en un centro comercial en un sector exclusivo de la capital nicaragüense, donde compró bombillas y al ver que lo estaban fotografiando salió de prisa del negocio.

Desde entonces ya no se supo nada de él hasta que en 2017 fue localizado por autoridades mexicanas en Nuevo León, luego que la Interpol lo incluyera en su lista de los más buscados.

Proceso de extradición

El tratado de extradición entre Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos fue firmado en México el 17 de marzo de 1997.

Cuando la parte requerida reciba la solicitud de detención provisional, realizará las gestiones necesarias para asegurar la detención del reclamado. Y una vez consumada la aprehensión la notificará a la parte requirente y le comunicará la fecha de la aprehensión del reclamado para el efecto del cómputo del plazo de 60 días calendario para la formalización de la solicitud de extradición.

Si dentro de un plazo de 60 días calendario, contados a partir de la notificación de la aprehensión del reclamado, la parte requerida no ha recibido la solicitud formal de extradición con los documentos legales establecidos para ello, se pondrá fin a la detención provisional, procediéndose a la liberación de la persona reclamada.

Si la persona reclamada acepta voluntariamente ser extraditada, la parte requerida deberá entregarla inmediatamente a la parte requirente, para ponerla a disposición de las autoridades judiciales competentes de esta.

Si se concede la extradición, la entrega del reclamado se hará dentro del plazo de 60 días calendario contados a partir del día siguiente en que la parte requerida comunique a la requirente la extradición decretada y le notifique que queda a su disposición el reclamado.

Cuando la parte requirente deje pasar el término de 60 días calendario antes mencionado sin hacerse cargo de él, este recobrará su libertad y no podrá volver a ser detenido ni entregado a la parte requirente por el mismo delito que motivó la solicitud de extradición.

Escándalos en la presidencia del Congreso

Rubén Darío Morales, Eduardo Meyer, Gudy Rivera, Pedro Muadi, Luis Rabbé y Arístides Crespo tienen algo en común, además de ser expresidentes del Congreso: enfrentan o enfrentaron cargos penales durante su gestión o luego de abandonar el cargo.

Rubén Darío Morales durante su presidencia del Congreso autorizó el depósito de Q16 millones de los ahorros del Congreso hacia la casa de bolsa Mercados de Futuro, supuestamente a cambio recibió una comisión de Q300 mil.

El caso de Meyer fue muy similar, él fue acusado del desvío de Q82.8 millones de los fondos del Congreso hacia la casa de bolsa Mercados de Futuro, luego esta entidad quedó en la quiebra y el Legislativo sin sus ahorros.

Meyer fue condenado a tres años de prisión y una multa de Q10 mil por haber realizado depósitos en cuentas de Raúl Girón, en el desaparecido Banco Uno.

Además: FECI presenta acusación contra 34 personas en caso Plazas Fantasma

La séptima legislatura

La legislatura 2012-2016 es particular. En la historia democrática del país todos los presidentes de la séptima legislatura son vinculados en procesos penales. Tres de los cuatro expresidentes, excluido Rivera están en un mismo proceso: la contratación de plazas fantasma en el Legislativo, con lo cual habrían beneficiado a personas cercanas.

Gudi Rivera fue condenado por tráfico de influencias y cohecho activo, con una pena de 13 años y cuatro meses de prisión inconmutables. El caso se derivó de la denuncia de la entonces magistrada de Apelaciones Claudia Escobar, quien lo denunció por querer influir en una decisión judicial que beneficiaría a Roxana Baldetti, a cambio, él ofreció su continuidad en el cargo.

Pedro Muadi llegó al Congreso por el Partido Patriota y estuvo al frente del Congreso en el segundo año de ese gobierno, durante la séptima legislatura. Muadi entregó el cargo y fue dos años después que se conoció el desvío de Q4.7 millones del Congreso a cuentas asociadas a personas cercanas al exdiputado.

La red según la investigación del Ministerio Público, habría contratado a un grupo de guardias para seguridad personal de Muadi a una empresa privada, sin embargo el Congreso pagaba los sueldos que eran desviados a cuentas de la asistente del legislador y de allí se fraguó el desvío, pagando a cada guardia Q2 mil y cobrando al Congreso hasta Q8 mil.

Luis Rabbé y Arístides Crespo también se han sumado al mismo caso que dirige la FECI. Fue capturado el 23 de enero de este año, luego de abandonar una sesión del Congreso. Durante su gestión, Arístides Crespo Villegas entre 2014 y 2015 contrató a 17 personas bajo el renglón 022.

Trece personas estaban asignadas como asistentes en la Presidencia del Congreso, bajo la dirección de Congreso, y ganaban entre Q10 mil y Q15 mil. No todas las personas tenían estudios de nivel medio.

Arístides Crespo y Luis Rabbé ejecutaron Q1 mil 107.9 millones, entre ambos, cuando presidieron el Organismo Legislativo en pago de personal, rubro que ocupa el 73 por ciento de los recursos asignados al Congreso cada año.