Guatemala
|Suscriptores
Los cuatro grandes desafíos de la Corte Suprema de Justicia (2024 – 2029)
Esta semana comienza una nueva administración en el OJ que tiene sobre sus hombros desconfía social y la herencia de Cortes señaladas por corrupción.
Los magistrados electos para el período 2024-2029, toman juramento en la sala de vista del Organismo Judicial (Foto: Prensa Libre).
A partir de esta semana, el Organismo Judicial (OJ) tiene una nueva administración: magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones que tendrán en sus manos el control de la justicia en el país.
Su tarea no será fácil, a criterio de distintos sectores consultados, los cuales identificaron cuatro grandes retos para el nuevo OJ: detener la criminalización, recuperar la credibilidad, tener certeza jurídica y ser un organismo completamente independiente.
La CSJ asumió ayer en medio de un contexto complejo, tras la prolongación de funciones de la antepasada corte y una serie de investigaciones del Ministerio Público (MP) que generaron dudas sobre la certeza de la renovación de las cortes en el plazo que dicta la Constitución.
Desde ahora, la CSJ y la Corte de Apelaciones deben conocer expedientes que dejo relegados la anterior administración. Entre ellos, solicitudes de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras.
Por su parte, las salas tienen apelaciones pendientes en casos contra antiguos operadores de justicia, estudiantes y personas vinculadas con el partido Movimiento Semilla, agrupación que está suspendida de manera provisional.
Cobertura judicial
Aunque un papel fundamental del sistema judicial es aplicar una justicia “pronta y cumplida”, los tiempos no son los mejores para la resolución de casos en el OJ.
Un informe de la organización Diálogos señala que un proceso penal dura más de un año; la etapa preparatoria, 179 días; la fase intermedia, 31 días; y la de juicio, 347 días. Pero además de llegar a la sentencia, las apelaciones y otros casos que llegarían a casación podrían demorar años en la CSJ.
La cantidad de casos y de operadores de justicia para la atención en el país es compleja, según las cifras presentadas por el ahora expresidente de la CSJ Óscar Cruz.
El OJ tiene mil 370 jueces y magistrados en el país, lo que equivale a 7.68 jueces por cada cien mil habitantes, según los datos oficiales. Los órganos judiciales con mayor cantidad son las judicaturas mixtas, con 419; le siguen los penales, con 198; del ramo civil, 49; para el laboral son 32; de niñez y adolescencia se contabilizan 30; de familia, 29; y solo uno de Extinción de Dominio.
Las resoluciones en cada judicatura tienen un impacto social y económico, apuntan las fuentes, por lo que se necesita contar con una CSJ y Corte de Apelaciones que resuelva con objetividad cada caso.
La CSJ que tuvo el período constitucional de 2014 a 2019 y que se extendió hasta noviembre del 2023 dejó antecedentes negativos en la administración de justicia, apuntan expertos.
Imagen que la CSJ saliente, que tuvo apenas 11 meses de gestión, fue incapaz de resolver. Incluso las dudas sobre los magistrados salientes fueron en aumento por disputas entre su presidente y los titulares, pugna que fue expuesta en el marco de las comisiones de postulación por el aparente control financiero del Poder Judicial, según los señalamientos de Cruz, que siempre negaron los 12 titulares.
Los retos:
La criminalización
En los últimos meses, la administración de justicia ha sido objeto de críticas por las solicitudes judiciales requeridas por el MP, respaldadas por jueces y magistrados.
Grupos sociales identifican que las resoluciones han ido encaminadas en defender a personas con poder político y económico, mientras que quines cuestionan a los grupos de poder enfrentan procesos difíciles en los juzgados, tribunales y salas.
Un sector social que afirma ser criminalizado por los gobiernos, fiscales e incluso por el propio sistema de justicia es la juventud, según el análisis de Ximena Aguilar, coordinadora de Incidencia Política de la organización Incidejoven.
Aguilar dice que es necesario que la nueva CSJ se desmarque de la línea de criminalización que ha marcado en los últimos períodos al sistema judicial. “Que se frene la criminalización que están sufriendo los estudiantes de la Usac. Creo que no es un secreto el estado de decadencia de la Universidad, por la usurpación de la Rectoría por Walter Mazariegos”, dijo.
Los procesos penales, añadió, además de crear un ambiente de temor, son un golpe a los sistemas democráticos, por lo que destaca que la nueva CSJ tiene la oportunidad de cambiar los escenarios.
“Se criminaliza de una forma antidemocrática e injusta a tantos estudiantes que están defendiendo el derecho a una educación pública de calidad, accesible. Esto es un obstáculo a todo el sistema, porque, si no hay educación y si los estudiantes no se pueden organizar, no podemos tener un sistema democrático”, insistió.
Credibilidad
El sistema de justicia en Guatemala no es el más apto para las mujeres, según el trabajo de Paula Barrios, coordinadora de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM).
El documento señala que lo que se necesita en estos momentos para la nueva CSJ es credibilidad, algo que ha disminuido en los últimos años.
“Consideramos que la nueva CSJ tiene que recuperar la credibilidad para el sistema de justicia, y especialmente para las mujeres que son defensoras de derechos humanos. En los últimos años hemos sufrido criminalización y consideramos que es una prioridad para el país que el sistema de justicia sea imparcial y que trabaje por la justicia”, expone.
Este escenario fue habitual, según los datos de Barrios, durante las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, por lo que dice esperar que la nueva administración judicial recupere la confianza que ha perdido en los últimos años.
“Devolver la credibilidad al sistema de justicia, siendo objetivos, sin politizar la justicia. Tienen que dedicarse al trabajo y no responder a actores como diputados y políticos que quieren sostener ese sistema de corrupción”, añade.
Certeza jurídica
Mantener certeza jurídica es clave para la justicia, opina Carmen Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Dicha garantía comenzó bien, a criterio de Torrebiarte, quien destaca que las comisiones de postulación entregaron en los tiempos que marca la Constitución la lista de candidatos, para que luego el Congreso eligiera dentro de los plazos de ley a los magistrados.
“Esta CSJ va a tener menos retos porque el hecho de que se estén cumpliendo todos los plazos y se estén conformando en tiempo va a dar chance a que puedan trabajar el tiempo que deben trabajar”, afirma la presidenta del Cacif.
En el 2019, analistas y varios sectores manifestaban que no renovar las cortes en el tiempo conducente creó un ambiente de falta de certeza jurídica que incluso era negativo para potenciales inversionistas en el país.
Pero ahora, afirman, la CSJ logró hacer la renovación como lo marca la Constitución. “Eso nos ayuda a que tengamos una certeza jurídica en los procesos. Eso nos ayuda muchísimo en ir generando confianza y certeza jurídica”, comentan.
Parte de esta certeza, apuntó la ejecutiva, se consigue con un trabajo objetivo en la administración judicial. “Que hagan su trabajo como lo tienen que hacer, que realmente los jueces hagan su trabajo de manera correcta, como se espera que trabajen los jueces en el sistema de justicia de un país”, insiste.
Independencia
El recién pasado proceso de elección de cortes ha sido uno de los más observados, según las organizaciones que vigilaron el trabajo de las comisiones de postulación.
Los antecedentes judiciales que impactaron en las elecciones generales del 2023 podrían ser una de las causas, porque la población vio cómo un juez podía incidir en los comicios populares.
Este año, en el proceso de renovación judicial, observadores nacionales e internacionales vigilaron el trabajo de las postuladoras, entre ellos los pueblos indígenas, que estuvieron presentes en sesiones claves de dichas instancias.
El Departamento de Comunicación de las comunidades indígenas que vigilaron el proceso trasladó el análisis de los líderes para esta nueva CSJ, en el cual destaca que es necesario que el OJ sea realmente independiente.
“Como pueblos indígenas, esperamos que la próxima Corte esté comprometida con la defensa del estado de Derecho, los derechos humanos. Esto para que toda la población tengamos el acceso a una justicia imparcial e independiente, evitando que la justicia esté al servicio de sectores que han promovido la corrupción e impunidad en el país. Esperamos avanzar con el reconocimiento de la justicia pluricultural, multiétnica y multilingüe”, indica el documento.
Los líderes indígenas reafirman que para conseguir cortes realmente independientes se necesita una depuración en la institución. “Corregir el rumbo de la impartición de la justicia, evitando que los jueces sean operadores de las mafias, el crimen organizado, sectores o grupos de poder fáctico que criminalizan a defensores de derechos humanos”, señalan.
La independencia judicial también va de la mano del respeto a los derechos humanos, apuntan los líderes indígenas.
ESCRITO POR:
