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Los cuatro cambios necesarios para los nuevos procesos de renovación de la CSJ y Corte de Apelaciones
Organizaciones destacan que el tráfico de influencias, exclusión de jueces y de pueblos indígenas como algunos de los problemas vistos en la renovación de Cortes de 2024.
Los 13 magistrados de la CSJ estarán en el cargo hasta octubre de 2029. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
El Congreso de la República, gracias a la entrega de las nóminas de las comisiones de Postulación, pudo cumplir con la renovación del Poder Judicial para el período 2024-2029. Pero existen desafíos que ameritan, a criterio de organizaciones y analistas, una reforma a la Ley de Comisiones de Postulación.
En el 2023, los rectores de las universidades Rafael Landívar (URL) e InterNaciones presidieron las comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones, pero las dos mesas de trabajo enfrentaron retos que pusieron en riesgo su trabajo.
No haber fijado una sede y, posteriormente, haber elaborado normas de evaluación, sin contar la integración final de candidatos, representaron momentos claves de las postuladoras, según expertos. Sin embargo, existen elementos de fondo que llevan, al menos, a pensar en cuatro reformas para el próximo cambio de autoridades del Organismo Judicial (OJ).
A finales de este 2023, la URL celebró un conversatorio para encontrar esas posibles soluciones a los problemas que marcaran la renovación del Poder Judicial. Entre las conclusiones alcanzadas se llegó a un proceso de reformas a la actual Ley de Comisiones de Postulación.
Una modificación a las bases de la Ley de Comisiones de Postulación, aceptar o conferir mayor valor a las tachas u objeciones, eliminar las postuladoras para la Corte de Apelaciones, y ampliar el período y modificar la elección de los magistrados de la CSJ son las ideas expuestas.
Las recientes postuladoras para CSJ y Corte de Apelaciones permitieron la actual renovación de cortes, pero analistas no tienen una opinión favorable de cómo un proceso académico y técnico concluyó en una selección política que podría ser perjudicial al hablar de una justicia independiente.
El próximo proceso de renovación de cortes en Guatemala se debe gestar en el 2029; pero, antes de eso, en opinión de los cuatro ponentes del conversatorio, es preciso alcanzar los cambios necesarios para renovar el Poder Judicial.
Mejora legal
A juicio de Marieliz Lucero Sibley, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, la ley actual de Comisiones de Postulación no es acorde con la realidad, por lo cual considera primordial una reforma para solucionar distintos aspectos.
Este año, fue necesaria la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los comisionados fijaran sede y se cumpliera con la entrega a tiempo de las listas de candidatos. Existen otros problemas internos, a criterio de la exmagistrada.
“(Un problema es) la creación de tantas universidades, cuya finalidad es ocupar puestos que la Constitución les otorga. Los abogados, lamentablemente, tenemos las narices metidas en lugares donde van”, explicó.
Pero, para evitar una politización de la justicia, es fundamental que ese proceso de cambios a la ley no venga de políticos, con el objetivo de que así se pueda hablar de una reforma técnica y robusta para el sistema judicial.
Aceptar objeciones
En el 2023, los pueblos indígenas fueron claves para que acciones judiciales no interfirieran en las elecciones democráticas, según distintos grupos de observación. No obstante, en este proceso de renovación de cortes, los grupos y líderes ancestrales tuvieron mayor presencia en el proceso de sucesión de autoridades judiciales.
Las comunidades indígenas se pronunciaron con la presentación de memoriales y recomendaciones, y asistiendo a las reuniones de las postuladoras. Sin embargo, no fue posible que su participación se tradujera en incidencia.
Por ejemplo, una de las mayores debilidades que apuntó Feliciana Herrera, lideresa ixil y observadora, es que no se dieron por válidos los señalamientos que presentaron dirigentes indígenas contra aspirantes cuestionados.
“(No se tomaron) en serio las impugnaciones contra candidatos no honorables. Se presentaron en este proceso objeciones; las comisiones hicieron el llamado, pero, al final, no se tomó ninguna en cuenta”, lamentó.
Ascensos para apelaciones
Otro factor que hace imposible contar con autoridades de justicia cien por ciento independientes, a criterio de las fuentes, es que los magistrados de Apelaciones sean electos por entes políticos, como el Congreso.
Según Alejandra Manavella, coordinadora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), debería pensarse en un nuevo proceso de elección para la Corte de Apelaciones; un paradigma que descarte, para este tipo de cortes, el modelo de comisiones de Postulación.
“Creo que los puestos de las salas de Apelaciones deberían ser por ascensos, y permitir algún porcentaje para los abogados del ejercicio laboral, pero dando un beneficio a los que están dentro del Organismo Judicial (OJ)”, dijo.
Esto permitiría evitar que los futuros togados se vean obligados a pedir ayuda de los legisladores en reuniones no públicas, que podrían dar pie a escenarios de conflictos de intereses o pago de favores, refirió.
Variación en el período
También es importante que la renovación del Poder Judicial no se produzca al mismo tiempo. Al menos eso opina Alejandro Rodríguez, coordinador de Justicia de Impunity Watch.
Para el experto, es crucial que —además del proceso de ascenso de los magistrados de la Corte de Apelaciones—, el proceso de cambios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea escalonado. Esto, según Rodríguez, impediría que se deje sin liderazgo a toda una corte.
“Se debe prever que se realicen renovaciones parciales. Se esperaría que la CSJ pueda durar unos nueve años y que sus procesos de renovación se hagan por tercios”. Con este modelo, a decir del experto, se eludiría el gran sesgo de politización sobre la elección de uno de los poderes del Estado.
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