Algunos casos se encuentran más encaminados que otros. Fueron presentados en distintos momentos y la mayoría ha enfrentado recursos de impugnación que han ido dilatando su trámite dentro del Organismo Judicial (OJ).
La Feci es una fiscalía de sección que tuvo su origen gracias a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), despacho de Naciones Unidas que llegó al país para combatir los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs).
Por ser una entidad internacional necesitaba de una figura local para acompañar y representar en primera línea las investigaciones penales, así como cualquier requerimiento judicial, solicitudes de allanamientos, interceptaciones telefónicas, órdenes de arraigo y de captura.
Luego de la culminación de la Cicig durante el gobierno de Jimmy Morales, la Feci continuó su trabajo, ahora de manera individual, como el resto de fiscalías de sección en el país.
Sin embargo, muchos de los procesos que abrió la Feci no han logrado culminar en una sentencia, y los que ya llegaron a esa etapa del proceso cuentan con impugnaciones que no han dejado en firme los veredictos.
La página web de la extinta Cicig enlista 115 procesos penales a lo largo de su historia, pero en la actualidad son más de 200 casos los que continuarían vigentes en Feci, según el último dato compartido por su exjefe fiscal.
Casos insignia
En el 2015 fue cuando la Feci aumentó su popularidad después de presentar el Caso La Línea, proceso penal que involucró al binomio presidencial de turno. De ese expediente se desprendieron otros eventos de aparente corrupción que ocasionaron una serie de manifestaciones pacíficas.
Caso La Línea: Expediente que detalla una aparente red de defraudación revelada en abril del 2015. Sus principales cabecillas aún esperan llegar a la etapa de juicio. La acusación señala que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cobraban una serie de comisiones ilícitas para facilitar la mercadería que era traída por comerciantes asiáticos.
Algunos mandos medios y bajos de la red criminal ya fueron sentenciados, aunque los principales autores intelectuales han ido presentando recursos legales que han entorpecido el expediente en los tribunales de justicia.
Caso IGSS/Pisa: Seguido del Caso La Línea, la Feci presentó la investigación que involucra al Seguro Social, y trata sobre una aparente confabulación para que la Junta de Licitación favoreciera a una empresa para brindar el tratamiento a personas con enfermedades renales.
La investigación señaló que producto de esas negociaciones se dio el contrato a una empresa que no llenaba los requisitos, lo cual repercutió en el deterioro de la salud de algunos pacientes que incluso perdieron la vida.
Aunque la Feci argumentaba tener pruebas, la sentencia absolvió a la mayoría de acusados, y en el 2019 una Sala Penal emitió un fallo similar a exdirectivos del Seguro Social. La sentencia aún no está firme.
Caso Bufete de la Impunidad: Este expediente se desprende de la primera fase del caso La Línea. Aunque se presentó en el 2015, la carpeta judicial no ha llegado a juicio. El exjuez a cargo del proceso y ahora prófugo de la justicia, Mynor Moto, resolvió clausurar la acusación por aparente falta de indicios.
Una Sala de Apelaciones recientemente ordenó que el proceso se discuta nuevamente en fase intermedia para que la acusación se debata ante un tribunal. Se presume que los primeros implicados en el caso La Línea sobornaron a la jueza que llevo el proceso a cambio de obtener una medida sustitutiva de arresto domiciliar.
Caso TCQ: Nuevamente el binomio presidente del extinto Partido Patriota (PP) encabeza el evento criminal, según las investigaciones de Feci. Aunque algunas personas ya han recibido condenas mediante proceso abreviado, los mandos altos siguen a la espera de juicio por retrasos en el caso.
Se presume que el gobierno de Pérez Molina concretó un contrato millonario en la Terminal de Contenedores Quetzal con una empresa española, favoreciéndola con un usufructo a cambio de una serie de sobornos.
Caso Cooptación del Estado: Proceso judicial donde los exfuncionarios acusados siguen esperando debate. Hasta hace unos meses quedó sin efecto una recusación que planteó Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, en contra del juez Miguel Ángel Gálvez.
El evento involucra al exbinomio del PP, exministros de su gabinete, exdiputados y financistas políticos, quienes presuntamente acordaron distintos negocios para el pago de favores de campañas políticas pasadas.
Caso Blanca Stalling: Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) separada del cargo que ha logrado impedir por años la audiencia penal en la que se va a decidir si enfrentará juicio.
Es señalada de presionar al juez Carlos Ruano para, presuntamente favorecer a su hijo que estaba siendo juzgado en un tribunal integrado por Ruano por el Caso IGSS/Pisa.
Procesos políticos
Expertos afirman que parte de los ataques que sufrió la Cicig y que fueron herencia para la Feci provienen de investigaciones hechas contra partidos políticos, grupos de poder que al verse en peligro decidieron atacar a la entidad de Naciones Unidas contra la corrupción.
Casos por Financiamiento Electoral Ilícito: En distintas carpetas los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Partido Unionista y Encuentro por Guatemala fueron investigados por dudas en sus finanzas.
No todas las carpetas han llegado a una conclusión jurídica por acciones legales presentadas por las agrupaciones, o porque los juzgados a cargo han tenido una saturación de actividades que impide diligencias las audiencias.
Caso Sandra Torres: Aunque la UNE aparece citada en un proceso, la figura de Sandra Torres fue presentada en una segunda fase de dicho proceso, mismo que a la fecha se sigue ventilando en un juzgado de alto impacto.
Siempre se señalan aparentes irregularidades en las finanzas del partido en cuanto a la obtención de fondos para la campaña política.
Caso Plazas Fantasmas: Algunos de los acusados como el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, ya fueron condenados, aunque recientemente una sala redujo significativamente la sentencia condenatoria contra el político que ya solo deberá cumplir ocho años de cárcel de los 30 fijados en la sentencia.
En esta carpeta la Feci señaló cómo congresistas y demás personas vinculadas al Legislativo obtenían fondos ilícitos tras la simulación de fuentes de trabajo.
Caso Construcción y Corrupción: Eventos liderados presuntamente por el político y exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Según la acusación, empresarios pagaban sobornos al entonces funcionario a cambio de obtener el pago de una deuda de arrastre que mantenía el Estado.
Empresarios han sido condenados mediante procedimientos abreviados, reconociendo el pago de sobornos, aunque Sinibaldi aún está pendiente solventar su situación legal en este caso y otras carpetas por aparente corrupción.
Corrupción y Estado
Entre algunos de los procesos que investiga la Feci, algunos no tan antiguos, involucra a autoridades de Gobierno en supuestas actividades ilícitas, lo que ha llevado a la presentación de antejuicios y procesos complejos en los tribunales.
Caso Transurbano: Una estafa de Q270 millones para la creación del sistema de transporte impulsado durante el gobierno de la UNE, según la investigación. El proceso está pendiente de juicio.
Álvaro Colom, expresidente y recientemente citado en la lista Engel, enfrenta un proceso penal junto a varios de sus antiguos ministros por presuntamente consentir una negociación ilícita.
Caso Asalto al Ministerio de Salud: Aunque algunas personas ya fueron condenadas por aparentes anomalías para la construcción de un hospital en Quiche, el exdiputdado Estuardo Galdámez aún enfrenta un proceso penal después de ser detenido a finales de 2020.
De acuerdo con la acusación, el excongresista recibió Q2 millones en concepto de sobornos para mediar a favor de una empresa que resultó electa para la construcción del centro asistencial.
Caso Caja de Pandora: Proceso penal que sigue abierto sin estar en fase de juicio. El evento se desprende de la investigación contra el fallecido Byron Lima Oliva, que fue involucrado por actos de corrupción en el Sistema Penitenciario.
En esta carpeta judicial se señaló al fallecido exalcalde Álvaro Arzú, porque según la Feci hubo negociaciones ilícitas entre Lima Oliva y representantes de la municipalidad capitalina.
Caso Subordinación del Legislativo al Ejecutivo: Proceso que sigue abierto sin llegar a etapa de juicio por ser relativamente nuevo. Se detalla en los indicios una aparente red de sobornos entre la presidencia del extinto PP a diputados a cambio de aprobar de urgencia nacional una ley a favor de una empresa de telecomunicaciones.
Uno de los excongresistas señalados fue Estuardo Galdámez, quien aún como diputado se defendió de los hechos afirmando que los señalamientos del ente investigador carecían de pruebas. Este proceso motivó la presentación de antejuicios y diligencias judiciales que no han concluido.
Caso Traficantes de Influencias: Proceso que ha tenido sentencias en procedimientos abreviados, pero uno de los actores clave para la fiscalía no ha sido procesado.
Se señala que el diputado Felipe Alejos gestionaba una serie de trámites para que empresarios obtuvieran una devolución del crédito fiscal, según la Feci, motivo por el que presentaron un antejuicio que no avanzó en la CSJ y que ha sido impugnado en repetidas ocasiones.
Caso Comisiones Paralelas 2020: Una primera fase llevó a prisión a Roberto López Villatoro, alias “El Rey del Tenis”, pero la manipulación para las cortes nacionales se extendieron a tal punto que una investigación mantiene detenidos a varios integrantes de las comisiones de postulación que integraron las nóminas, de las que se espera sean las próximas autoridades de la CSJ.
Proceso de alta complejidad que frenó la elección de magistrados en el CSJ por casi dos años, y cuyas investigaciones parece extenderse hacia uno de los actuales magistrados titulares de la CC.
Otros procesos
Los casos donde Feci tuvo participación alcanzaron diversidad de eventos, debido a que a medida que avanzaban las indagaciones hubo indicios que demostraron a estructuras políticas de alto poder.
Caso Asesinato de Periodistas: El exdiputado de FCN-Nación, Julio Juárez, fue enviado a juicio para enfrentar a la justicia por el asesinato de periodistas en Suchitepéquez.
Presuntamente Juárez pagó Q25 mil a un grupo de sicarios para eliminar a un comunicador de la región que tenía afinidad con un candidato a alcalde, que no era del agrado de López. Un grupo de acusados ya recibió condena por 30 años de cárcel.
Caso Chinautla: La Feci presentó indicios contra Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla y su círculo de confianza, por haber utilizado la comuna para negocios personales.
Medrano habría obtenido bienes inmuebles de un alto costo económico, por ello recibió una condena de 29 años de prisión, aunque la sentencia no ha quedado firme por acciones legales pendientes de resolución.
Caso Migración: Recientemente una Sala penal aumentó a siete años de prisión la condena contra el ciudadano ruso Igor Bitkov, decisión que posiblemente sea impugnada por su equipo de abogados.
El ruso habría utilizado una red criminal dentro de la Dirección General de Migración para ingresar a Guatemala con documentos falsificados, según demostró el MP en etapa de juicio.
La familia Bitkov emprendió una campaña en redes sociales contra la Cicig y la Feci, incluso buscaron el apoyo de congresistas norteamericanos que no compartían el trabajo de la extinta Comisión.
Caso Huistas: Una red criminal que operaba en el occidente del país presuntamente operaba vendiendo impunidad en el sistema de justicia, según los datos de Feci.
Por este proceso fue condenado mediante procedimiento abreviado el hermano de la diputada Sofía Hernández, primera vicepresidenta del Congreso e integrante de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN). Las investigaciones por este caso siguen abiertas.
Desde el pasado viernes se solicitó a Comunicación Social del MP un listado con los casos que permanecen vigentes dentro de Feci así como su estatus actual, pero al cierre de la nota la información no había sido compartida por el ente investigador.
Sin registro
De acuerdo con el MP, Sandoval incumplía el requisito de registro de casos, por lo que tendrán que hacer un inventario de estos.
“Al exfiscal varias ocasiones se le solicitó un informe del listado de casos que conocía la Fiscalía, derivado de que nunca llevó el registro de los expedientes en el sistema de control informático de casos –SICOMP-, que por obligación legal debe implementarse y actualizar en cada Fiscalía; sin embargo, no lo remitió ni cumplió con la instrucción de subir los casos a Sicomp. Se estará realizando un inventario de casos para establecer el estado de los mismos”, dijo el MP.
