El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó este miércoles 19 de julio, a los dos expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), quienes están prófugos de la justicia.
En la reciente actualización, también se nombra a numerosos jueces y altos funcionarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Menciona en el caso de Honduras a los dirigentes del Partido Liberal, Alexander López Orellana, Samuel García Salgado y Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró en un comunicado que “esta lista identifica a individuos que de forma consciente han cometido actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, corrupción importante o han obstruido investigaciones de esos actos de corrupción”.
A las personas nombradas en la lista se les negará la entrada a EE.UU. y no podrán obtener visados para viajar a este país.
El Salvador
- José Miguel “Mecafé” Antonio Menéndez Avelar: expresidente del Centro de Ferias y Convenciones, incurrió en corrupción al dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas por $8,4 millones para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango, El Salvador, a un empresario guatemalteco. A cambio, Menéndez recibió ilegalmente un pequeño avión, un Beechcraft King Air 90, como regalo.
- Carlos Alberto Ortiz: es expresidente del Banco Hipotecario, un banco estatal, y cometió un importante hecho de corrupción al lavar $97 millones a cambio de $72,000 en sobornos.
- Carlos Enrique Cruz Arana: ex vicepresidente del Banco Hipotecario, un banco estatal, lavó US$94.5 millones a cambio de US$64 mil 500 en sobornos.
- Jolman Alexander Ayala: exoficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, un banco estatal, participó en actos de corrupción al lavar US$177 millones a cambio de US$78,000 en sobornos.
- Carlos Mauricio Funes Cartagena: expresidente de El Salvador, se involucró en un importante hecho de corrupción al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del estado.
- Salvador Sánchez Cerén: expresidente y vicepresidente de El Salvador, participó en un caso para lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de US$1.3 millones en fondos públicos a cambio, y participó en un plan para desviar US$183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente.
Honduras
- Alex Alberto Moraes Giron, exgerente administrativo de Inversiones Estratégicas de Honduras, de propiedad estatal, se involucró en una importante corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de covid-19, incluso al defraudar al gobierno de Honduras por aproximadamente US$1.6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico.
- Alexander López Orellana, el actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, incurrió en un delito al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
- Edna Yolany Batres Cruz, exministra de salud, defraudó al gobierno hondureño en más de US$300 mil 000 al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida.
- Jesús Arturo Mejía Arita: exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), incurrió en corrupción al otorgar contratos no competitivos o sobrevaluados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.
- Marcelo Antonio Chimirri Castro: exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, incurrió en corrupción al cometer fraude para mantener indebidamente un contrato de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones de sus actos corruptos al intimidar a los periodistas.
- Miguel Rodrigo Pastor Mejía: exdirector de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, al otorgar US$2,76 millones en contratos del gobierno hondureño a una empresa de construcción controlada por Cachiros.
- Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich: exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y exasesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, es señalado de malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas.
- Samuel García Salgado: actual miembro del Congreso Nacional de Honduras del Partido Liberal, socavó los procesos o instituciones democráticos al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
- Víctor Elías Bendeck Ramírez: un empresario privado y exmiembro del Parlamento Centroamericano, se involucró en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y al usar su influencia con funcionarios gubernamentales para su beneficio personal.
- Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo: el actual presidente del Partido Liberal de Honduras, socavó los procesos o instituciones democráticos al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con los funcionarios del gobierno para eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable de propiedad familiar.
Nicaragua
- Wendy Carolina Morales Urbina: la actual fiscal general de Nicaragua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al utilizar la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
- Arling Patricia Alonso Gómez: actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
- Gladis de los Ángeles Báez: la actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
- Loria Raquel Dixon Brautigam: actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
- Alejandro Mejía Ferreti: el actual tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavó los procesos y las instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
- Rosa Argentina Solís Dávila: jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
- Ángela Dávila Navarrete: actual jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
- Denis Membreño Rivas: el actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 expresos políticos, sin ninguna base legal.
- Aldo Martín Sáenz Ulloa: actual subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de bienes de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
- Valeria Maritza Halleslevens Centeno: actual directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR), socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
- Eduardo Celestino Ortega Roa: actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
- Marta Mayela Díaz Ortiz: actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar la SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para suprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal.
- Sagrario de Fátima Benavides Lanuza: subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar pensiones de adversarios políticos sin una base legal.
