La queja de la SAT indica que, de enero a diciembre de 2012 y 2013, la entidad Distribuidora Electrónica S.A. (Distelsa) recibió facturas que fueron impresas en doble talonario.
“La SAT estimó el monto defraudado inicialmente por Q33 mil, pero en el transcurso de la investigación determinó que ascendió a Q819 mil 767.84, lo que incluye intereses y multa”, refirió la información del MP.
El Juzgado Undécimo valorÓ las pruebas del MP y ligó a proceso a Eduardo Beneke, representante legal, y a Ervin Pérez Méndez.
Beneke recibió una medida sustitutiva de Q100 mil, mientras que Pérez Méndez debe pagar Q25 mil.
El MP afirma que Pérez Méndez fue quien vendió facturas a Beneke con la intención de defraudar al fisco.
Cumplen obligaciones
Por medio de un comunicado de prensa, Distelsa aclaró que el incumplimiento de las obligaciones tributarias fue por parte de los proveedores pues la empresa cumple con el pago de impuestos.
“El día 21 de diciembre la empresa fue ligada a proceso judicial solicitado por el Ministerio Público, el cual se basa en un caso que dio inicio hace más de dos años en el que se encuentran involucrados cinco proveedores de servicios que aparentemente incumplieron con sus obligaciones fiscales en los años 2012 y 2013. Estas acciones no eran de nuestro conocimiento y son completamente ajenas a nuestro actuar. Cuando el MP nos solicitó colaborar con la investigación de este caso, siempre lo hicimos libre y voluntariamente, proporcionando toda la información disponible”, indicó la empresa.
Distelsa añadió que: “Sorprende la solicitud del MP de ligarnos a proceso judicial, sobre todo porque los mismos cinco implicados han declarado ante la misma fiscalía que Distribuidora Electrónica, S.A., no tenía responsabilidad alguna. Asimismo, ellos han aportado pruebas y documentación sobre otras personas implicadas en este caso, a fin que la fiscalía pueda hacer valer la ley”.
“Desde el mes de junio del 2014, inmediatamente al tener conocimiento del caso en cuestión, Distribuidora Electrónica, S.A. de buena fe procedió voluntariamente y sin requerimiento de la SAT, ni de ninguna otra autoridad, a rectificar sus declaraciones de impuestos de los ejercicios fiscales 2012 y 2013 de acuerdo a lo permitido por ley, utilizando los medios que la SAT establece para el efecto. Con esta rectificación se pagó un impuesto, a pesar que técnicamente no le correspondía a la empresa, con el fin de evitar cualquier discrepancia a futuro. Al día de hoy no existe ningún cuestionamiento sobre las declaraciones fiscales ni ha sido notificada la empresa de ningún ajuste u omisión por parte de la SAT”, manifestó.
