Idonaldo Arevael Fuentes, director del Instituto de Defensa Pública Penal (IDDP), explicó que antes de que se confirmó el primer contagio de covid-19 en el país, hace más de 100 días, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) trasladó a la institución 520 informes de reos condenados que cumplían con buena conducta, estudios psicológicos, mejoral que extiende el capellán de la prisión y antecedentes penales para que fueron liberados de manera temprana.
Fuentes señaló que según el caso particular de cada recluso ha obtenido su libertad bajo redención de pena, libertad condicional o libertad por buena conducta. Los delitos por los cuales mayormente han recibido estos beneficio son: narcotráfico, extorsiones, robos, robos agravados, entre otros.
Además, explicó que, para realizar el proceso, deben pedir ante el Juzgado de Ejecución una solicitud para presentar todos los informes anteriores y especificando que el reo está cumpliendo condena para que Tribunal señale audiencia y así el defensor público pueda solicitar el trámite.
Agregó también que los 380 expedientes que restan aún están en trámite y el proceso para conocerlos –cuando la papelería está completa y en orden—dura hasta tres meses, aunque durante la pandemia la duración del proceso también se verá afectada porque los Tribunales y Juzgados están trabajando con turnos y conociendo solicitudes esenciales.
“Se está trabajando actualmente con los restantes para poder obtener este beneficio lo más pronto posible. Ya tenemos señaladas audiencias para tres meses siguientes (…), los tribunales también tienen carga de trabajo y tienen su propio ritmo. Le damos seguimiento a los casos, no solo se ingresa y esperamos a que nos notifique para que las personas salgan”, afirmó Fuentes.
Sobrepoblación en cárceles
En abril pasado, durante una reunión de la Comisión Presidencial de Protección Ciudadana del Congreso se definió que la liberación de reos no sería llevada a cabo por medio de una ley, sino será realizada por una disposición interna del Organismo Judicial (OJ), luego de que se discutió el posible mecanismo para liberar a reos vulnerables por la pandemia.
Fuentes señaló que, el IDDP realizó la propuesta de dar libertad a algunos reclusos por humanidad, ya que, podrían ser afectados por la pandemia mientras están en prisión. Según dijo el proyecto iba a beneficiar a mujeres embarazas, reos con enfermedades crónicas y terminales y también a las personas mayores de 70 años.
“La propuesta que se ha hecho desde la Defensoría, es que se cree una Ley especifica de libertad por humanidad derivado a covid-19 y evitar la documentación que impide que las personas obtengan libertad rápida (…), pero nosotros no tenemos iniciativa de ley y lo hemos socializado para que sea un procedimiento simplificado”; señaló.
Mientras que el diputado Bernardo Arévalo, quien se reunió el pasado miércoles con autoridades de la DGSP y del IDPP, informó que, Presidios ha entregado 800 expedientes de privados que pueden aplicar a redención de penas y están buscando propuestas para que otros reos vulnerables salgan de las cárceles porque aún no aplicación a dichos beneficios.
Carlos Morales, vocero de la DGSP, informó que hasta el pasado 3 de julio estaban recluidos 26 mil 170 privados de libertad en las 21 prisiones del país, lo que significa que están sobrepobladas en más del 300 por ciento. El portavoz confirmó además que hasta el 4 de julio que 113 reclusos han dado positivo, de estos son 109 hombres y cuatro mujeres, de los cuales hay 75 recuperados. Asimismo, reportó 11 fallecidos.
Morales también reportó 57 agentes penitenciarios contagiados y uno fallecido por la nueva enfermedad. “Con los guardias 37 son los de Quiché (lugar se encuentra la cárcel), el resto se contagió en su comunidad y no se han presentado a laborar”, sostuvo.
Preparan reformas
Silvia Patricia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó a Prensa Libre que el organismo prepara un paquete de seis iniciativas de ley ante el Congreso para que sean evaluadas y reciban un dictamen.
Las propuestas en las que trabajan son: ley de mediación, anteproyecto del Código Procesal Penal, ley de notificaciones electrónicas, ley de la ínfima cuantía, ley de videoaudiencias y ley temporal de beneficios penitenciarios. Esta última propuesta pretende liberar reos bajo medidas sustitutivas y así prevenir el contagio en las cárceles, pero Valdés no profundizó sobre el contenido que tendrá, cuándo podría ser presentada y a qué reos beneficiará.
Diversos organismos han advertido del riesgo que corren los reclusos por la pandemia, con respecto a esto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los Estados que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las reos en las cárceles.
