El tribunal informó este 5 de marzo que dio con lugar un recurso de aclaración planteado por el Congreso respecto al amparo provisional otorgado a organizaciones sociales respecto a la reforma del decreto 4-2020.
En ese sentido, la aclaración que quedan suspendidos el proceso de aprobación del proyecto de ley, la posterior sanción, promulgación, publicación en el Diario de Centro América y la adquisición de vigencia de la reforma.
Ayer, Giammattei dijo que la reforma fue publicada en el diario oficial y que por tanto cobraría vigor mañana 6 de marzo. Según el gobernante, el amparo de la CC preescribió porque él sancionó el decreto y solo falta que la reforma cobre vigencia.
“Creemos que no aplica porque el momento que está siendo impugnado es un momento que ya prescribió, justo cuando sancioné la ley. Son los abogados los que están haciendo un dictamen y la ley debería entrar en vigor a partir del próximo viernes”, dijo el mandatario ayer miércoles.
La CC resolvió sin lugar otro recurso, de ampliación, presentado por el Congreso respecto al amparo planteado.
“Lo más lógico”
Para el diputado del partido Semilla, Samuel Pérez, era innecesario el recurso de aclaración que presentó el Congreso, pero le parece que la CC hizo “lo más lógico” al explicar el alcance de su resolución.
“El fallo inicial de la CC era claro, la discusión en el pleno era clara. En todo caso, ahorita no deja ningún lugar a dudas”, manifestó el legislador.
Pérez señaló que desde el inicio expresó su rechazo a la normativa y con la decisión de la Corte se confirma “que la ley no tiene vigencia en una democracia” por las arbitrariedades que contenía sobre el funcionamiento de las ONG.
“Era regresiva en términos de derechos humanos”, dijo el diputado.
Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, una de las organizaciones que accionaron en la CC contra la ley, se mostró satisfecho con la resolución de la Corte porque resolvió el dilema que Giammattei generó al afirmar que la ley cobraría vigencia a pesar del fallo que dejaba sin efecto su aprobación en el Legislativo.
“Lo que no se entiende es que, a pesar de que esto era lógico, el presidente continuara con la postura de que entrara en vigencia la ley, lo cual preocupa demasiado”, expresó.
Cux aseguró que no se oponen a la fiscalización de la ONG y está dispuesto a participar en la discusión “si en caso es necesario redefinir los conceptos de la ley”.
