Los magistrados ampararon provisionalmente a varias oenegés que accionaron contra el decreto 4-2020.
El fallo fue firmado por los cinco magistrados titulares de la Corte. Bonerge Mejía, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana votaron a favor de la suspensión. Como en otras resoluciones sobre asuntos controversiales, Dina Ochoa votó en contra y razonó su decisión.
En un comunicado, la CC informó que la vigencia del decreto conlleva amenaza de violación a los derechos humanos, por lo que suspendió el acto de aprobación del decreto, respecto de la tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final, así como la sanción de Giammattei y su posterior entrada en vigencia el 7 de marzo.
La CC agrega en el documento que el derecho a la libertad de asociación está reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte indica, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que los derechos a la libertad de reunión y asociación brindan protección contra la interferencia del Estado y son “fundamentales para la existencia y funcionamiento de una sociedad democrática”.
Respetan fallo
En el Congreso, diputados de varias bancadas reaccionaron al fallo. Sonia Gutiérrez, de Winaq, dijo que ven positiva la resolución porque identifica la posible violación a los derechos humanos.
“La Corte sí toma muy en consideración la posible vulneración de los derechos constitucionales”, comentó.
En tanto, Luis Rosales, diputado de Valor, bloque de la alianza oficialista, dijo que no comparte la decisión de la CC, ni como jurista ni como diputado, pero tienen que respetarla, y cuando el Congreso sea notificado se evacuará la audiencia en la que hará valer sus argumentos.
“En realidad, más que enmendarnos la plana, creo que nos indica el camino a seguir, porque ahí nos indica claramente cuáles son los vicios que según la Corte tienen estas reformas que se hicieron a la Ley de ONG, y lo que le tocará al Congreso es tomar en cuenta esos datos para, de repente, promover una nueva reforma, quitando esas partes que la Corte ha mencionado”, dijo.
Rodolfo Neutze, diputado de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), comentó: “La decisión de la Corte de Constitucionalidad está acorde a lo que siempre hemos dicho. Esta ley se trató de pasar a la carrera, sin consensos, sin leerse; en muchos casos es repetitiva porque las oenegés son sujetas a fiscalización y control”.
Añadió: “Consideramos que habrá que esperar qué sucede, pero en Creo siempre hemos promovido la fiscalización y rendición de cuentas, pero nunca poniendo en riesgo la libertad y, sobre todo, lo más importante, que hay muchísimas organizaciones sanas que quieren ayudar a los más necesitados, y con esta ley se verían frustradas de ayudar a los guatemaltecos”.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, tuiteó que con la resolución de la CC prevalece el estado de Derecho.
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Carlos Sandoval, no respondió a una solicitud sobre la postura del Ejecutivo al respecto.
