En respuesta a estas publicaciones, Carrillo decidió avocarse a la ley contra el femicidio que antes ha favorecido a otras políticas señaladas de corrupción, como la exvicepresidenta Roxana Baldetti, la excandidata presidencial Sandra Torres y la exministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.
El 8 de diciembre, los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de la Rama de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, ordenaron Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio decretar medidas de seguridad a favor de Carrillo.
Estas medidas son la prohibición de que Oscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, propietarios del Diario La Hora “perturben o intimiden” a Carrillo o a cualquier miembro de su familia. Así como la prohibición de acceder a su domicilio, lugar de trabajo o estudio.
Sonia Acabal, del a Red de la No Violencia contra la Mujer, calificó de estas medidas como risibles al asegurar que ni siquiera las víctimas reales de violencia las favorecen de esta forma.
“Lamentablemente hay mujeres en todo el territorio que están buscando justicia, las hacen llegar varias veces o ni siquiera las atienden. No hay celeridad, las mujeres siguen muriendo, cuando se busca justicia no hay y cuando se piden medidas de seguridad no se cumplen y muchas mujeres mueren con medidas de seguridad decretadas” dijo Acabal.
Lo mismo indica Martha Godínez de la Alianza Política del Sector de Mujeres al mencionar que existen más de 53 mil denuncias de violencia en contra de las mujeres que no han sido atendidas de la misma manera eficaz y rápida como ha pasado en el caso de Carrillo.
“Ella no está en condiciones desiguales de poder, tampoco tiene una relación con los actores que ella dice que la están agrediendo o están ejerciendo algún tipo de violencia física, psicológica o económica para que le hayan decretado esas medidas”, menciona.
Aunque es evidente el uso político de esta legislación, las entrevistadas explican que esto sucede porque la Corte Suprema de Justicia tampoco se ha preocupado por nombrar magistrados y jueces especializados en violencia de género en las salas y juzgados que así lo requieran.
“Las personas que han estado ahí han demostrado no ser idóneas del cargo, cuando se crean estos juzgados el objetivo es que conocieran la problemática de las mujeres, que tuvieran una formación al respecto y no poner a cualquier persona”, alega Acabal.
Oswaldo Samayoa, abogado del Centro de Estudios de Guatemala, señala esta práctica como algo que ha desvirtuado la ley y que, lamentablemente, en la actualidad son prácticas generalizadas llevadas a cabo por personas que se quieren blindar del escrutinio público.
“Se está desvirtuando la ley contra el femicidio porque los trabajos periodísticos publicados en ningún momento están orientados a generar ningún tipo de violencia contra esta persona, sino van orientados a revelar información que debe ser pública”, menciona.
