En la iniciativa se descarta la creación de un “listado blanco” para incorporar los teléfonos en uso y que no han sido reportados como robados.
Sin embargo, crea un registro de usuarios actuales y futuros de los servicios de telecomunicaciones móviles, quienes al comprar o contar con un aparato deberán proporcionar datos como su nombre y número de identificación, para establecer un responsable del uso de la línea.
Además, se crearía una lista de importadores, exportadores y ensambladores independientes o personas jurídicas, quienes deberán registrarse en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), donde serán autorizados para comercializar o reparar los aparatos móviles —teléfonos, tabletas y otros dispositivos—, para no incurrir en delito.
También se deberán inscribir los distribuidores y comercializadores de tarjetas de saldo, lo cual, según el presidente de la Comisión de Apoyo del Sector Justicia, Luis Álvarez, permitirá a la Superintendencia de Administración Tributaria ejercer mayor control sobre ese servicio.
La ley, si fuera aprobada por el Congreso, establecería una restricción del uso, portación y comercialización de los equipos móviles que sean denunciados como robados, hurtados, extraviados o alterados.
Contempla que quienes se registren podrán mantener su número de celular aunque cambien de empresa telefónica. Además, las operadoras estarán obligadas a vender los aparatos ‘liberados’, por lo que los usuarios podrían cambiar de entidad al finalizar su contrato.
Veda en cárceles
La iniciativa prohíbe el “uso y portación de equipos terminales móviles y cualquier tipo de tecnología que utilice tarjeta SIM —módulo de identificación del suscriptor—, micro SIM o tarjetas de comunicaciones móviles en cualquier centro de privación de libertad, carcelarios, correccionales y penitenciarios” del país.
Esa medida será aplicada no solo a los reos, sino también a las autoridades y empleados de esas instituciones.
Largo camino
Esta es la tercera vez que una propuesta de ley similar logra un dictamen favorable, ya que la primera fue ingresada en el 2011 por el entonces diputado Francisco Contreras, pero quedó en el olvido por falta de apoyo.
La congresista Nineth Montenegro, jefa del bloque de Encuentro por Guatemala, retomó el tema en febrero del 2012. Para ello organizó mesas de trabajo, con la participación de las empresas de telefonía y de grupos sociales, y aunque también obtuvo el visto bueno, el partido oficialista obligó a enviar la iniciativa de ley a la Comisión de Comunicaciones, debido a que no contaba con el aval del sector empresarial.
Al parecer, en esta oportunidad la propuesta tendrá mejor suerte, ya que varias bancadas la exigen como prioridad para aprobarla, y ha trascendido que el Partido Patriota (PP) podría usar esa y otras propuestas para negociar a cambio de la validación de dos préstamos por US$437 millones —Q3 mil 496 millones—.
“La ley es necesaria e importante, pero sería perjudicial que se use para negociar la autorización de deuda pública, como pretende hacerlo el partido oficialista”, manifestó Montenegro.
Arístides Crespo, jefe del PP, no descartó que la ley sea discutida en los próximos días en el pleno, aunque negó que se utilice para negociar el apoyo a los créditos por parte de los opositores.
Sociedad
Simplificaron la propuesta
Carmen Aída Ibarra, dirigente del Movimiento Pro Justicia, consideró que las comisiones lograron simplificar el texto de la iniciativa.
Se mostró satisfecha por el aval, porque la propuesta disuade el robo de los móviles, crea delitos, establece sanciones, y evita el uso de los aparatos en las prisiones del país.
Empresas
“No es perfecta”
Ricardo Sagastume, portavoz del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones, que representa a las tres compañías de telefonía en el país, afirmó: “La iniciativa no es perfecta, pero es muy positiva, y dependerá de que durante el proceso de aprobación el Congreso no haga cambios. Es un avance sustancial que ayudará a combatir un flagelo”.
Diputados
Podría haber enmiendas
Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala y ponente de la iniciativa en la que se basó el dictamen, afirmó: “Entiendo que no hubo muchos cambios, y aunque se retira la creación de la lista blanca, representa un gran avance; sin embargo, hay que revisar la propuesta, y si amerita cambios, seguramente habrá enmiendas de curul”.
