Santizo, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 10 de febrero por un caso bajo reserva, aseguró a periodistas que las agresiones verbales e intento de agresiones físicas fueron obra de los abogados Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, los dos sancionados en 2021 por EE. UU.
“El tema pasó de los insultos, casi a los golpes, y si no es por los policías del Sistema Penitenciario no sé hasta donde hubiera llegado el señor Méndez Ruiz”, dijo la abogada en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, donde tuvo lugar el altercado según mencionó.
“No solo nos están criminalizando, sino que ahora a través de agresiones pretenden hacernos callar”, añadió la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, un ente de la Organización de Naciones Unidas que entre 2014 y 2019 empleó una histórica batalla contra la corrupción en el país centroamericano.
Santizo enfatizó ante los micrófonos de los medios de comunicación que es “necesario que se conozca” la situación que está viviendo en prisión preventiva.
Un caso “bajo reserva”
La abogada fue detenida junto a otra fiscal extrabajadora de la Cicig, Eva Sosa, por un caso que se encuentra bajo reserva y del que el Ministerio Público no ha brindado mayores detalles.
Tanto Santizo como Sosa han indicado que sus detenciones obedecen a una “persecución” judicial por su labor como fiscales anticorrupción en la Cicig y el Ministerio Público, donde imputaron entre 2014 y 2019 a más de 200 personas por corrupción, incluidos presidentes, expresidentes y miembros de la élite empresarial.
Ricardo Méndez Ruiz es el presidente de la organización de derecha extrema Fundación Contra el Terrorismo y fue sancionado en 2021 por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio debido a su “demora y obstrucción” de procesos penales de alto impacto de acuerdo con sus intereses, al igual que Falla, también parte de la entidad.
Santizo había declarado el martes que teme por su vida pues se encuentra en la misma cárcel que docenas de personas a las que imputó penalmente.
Tanto Estados Unidos como el Reino Unido han manifestado esta semana su “preocupación” por la persecución de fiscales en Guatemala.
Estados Unidos afirmó el miércoles mediante un comunicado que está “profundamente preocupado” por lo que considera “el maltrato inaceptable y el abuso persistente” a fiscales y exfiscales por parte del Ministerio Público, bajo el liderazgo de la fiscal general y jefa de la entidad, Consuelo Porras.
La fiscal general guatemalteca también fue sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos al señalarla de “obstruir” casos de alto impacto.
La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado en el país centroamericano, uno de los seis más corruptos de Latinoamérica, según diversos estudios al respecto.
Sin embargo, la entidad desapareció en 2019 después de que el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), ordenara su clausura mientras dos de sus familiares eran investigados en un caso por corrupción estatal.
Al menos 13 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a la persecución que enfrentan en el país centroamericano, según afirmó el miércoles uno de ellos, el exlíder de la lucha anticorrupción en Guatemala Juan Francisco Sandoval, radicado en EE. UU. desde 2021.
