Sin decirle nada a ella, Marroquín logró que todas las notificaciones de la cuenta de Facebook de su sobrina le llegaran a su correo electrónico. Adujo que era por el control parental que una niña de 12 años necesita, sin embargo, esto lo hizo sin hablarlo ni pedirle permiso a los padres de ella.
Ese supuesto control parental traspasó los límites cuando le reclamó a su sobrina el intercambio de mensajes que tenía con un usuario en específico. Ahí fue cuando Chelsiry se enteró que era controlada por su tío.
Era enero aún cuando fue Marroquín fue encarado por su cuñada, la madre de Chelsiry. Días después, el 4 de febrero, Chelsiry desapareció cuando iba de camino a recibir clases en el Instituto Básico por Cooperativa de Ciudad Quetzal.
Los padres activaron una alerta Alba Keneth y al día siguiente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) registró el ingreso de un cuerpo calcinado, por el tamaño se podía aducir que se trataba de un infante.
Una semana después, los forenses confirmaron que los restos carbonizados pertenecían a Chelsiry. Doce días después del hecho, Marroquín se entregó a las autoridades como el único responsable, decía que la había atropellado por accidente pero no explicaba cómo su cuerpo apareció quemado a 50 kilómetro de su desaparición y por qué lo había hecho.
A pesar de contar con la declaración testimonial de Marroquín, más los medios de prueba que lo señalan como único responsable de este atroz suceso, la audiencia de apertura a juicio que estaba programada para agosto no ha podido comenzar, aunque ha habido cinco intentos de ello.
Ya sea por la pandemia o por el desorden judicial, el juicio por el femicidio de esta niña aún no inicia.
La primera vez que se suspendió fue por los contagios de covid-19 que se registraron en ese juzgado, después porque el Organismo Judicial no había habilitado los plazos que suspendió por la pandemia, luego fue porque la defensa de Marroquín se confundió de juzgado, la cuarta ocasión fue porque la jueza tenía tres audiencias programadas al mismo tiempo y la última vez fue porque el padre de Chelsiry, quien es agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y se apersonó como querellante adhesivo, lo mandaron de comisión fuera de la ciudad.
El sexto intento de apertura a juicio se llevará a cabo el 7 de enero de 2021 en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Femicidio de Guatemala.
Atrasos por la pandemia
El caso de Chelsiry no es el único que no ha podido avanzar debido a la situación de pandemia que vive el país. El fiscal de Femicidio, Édgar Gómez, reconoce que muchas de las investigaciones no han podido avanzar debido a que durante los meses más fuertes de contagios, las audiencias para autorizar ciertas diligencias no se podían llevar a cabo
La Fiscalía de Femicidio de Guatemala también tiene a su cargo las investigaciones por la muerte de Litzy Cordón Guardado en Teculután, Zacapa; Dulce María Cifuentes en La Esperanza, Quetzaltenango; Esmeralda Siquiná Villagrán en Salcajá, Quetzaltenango y de las hermanas Alison y Cristel Mateo Salazar en la zona 7 capitalina.
Todas ellas, excepto Litzy que fue secuestrada, tienen en común que tenían activa la Alerta Isabel Claudina por su desaparición. Aunque la fiscalía aún no ha ejecutado ninguna captura por estos casos, aseguran que las investigaciones continúan.
Hasta el 15 de noviembre de 2020 el MP registra 785 muertes violentas de mujeres, la mitad de los registrados en 2019, que fueron 1 mil 409
Pero la baja incidencia de femicidios este año es un efecto directo de la pandemia. Aunque las muertes de mujeres bajaron, esto no quiere decir que la violencia de género cesó. “Tuvimos reportes que se incrementó otros tipos de violencia contra la mujer por el mismo encierro, aunque el femicidio no se consumó”, explica Gómez.
A pesar de los números, la Red de la No Violencia Contra la Mujer (Rednovi) dice que las cifras aún son preocupantes. “Si hubo un descenso pero no el esperado para haber tenido un país cerrado, con un gran despliegue policial en las calles. Tener a todas estas mujeres muertes cuando el país estuvo cerrado, es alarmante”, respondió Sonia Acabal de la Rednovi.
