La desaparición de Gutiérrez Hernández y otros casos emblemáticos como los asesinatos de María Isabel Véliz Franco y Claudina Isabel Velásquez Paiz tienen en común que el Estado de Guatemala fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por falencias en las pesquisas.
Casi 20 años después de la desaparición y femicidio de María Isabel, su familia espera que se dicte condena contra Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, principal sospechoso. Ayer, el juicio fue suspendido una vez más y reprogramado, porque no hubo señal de internet en la Torre de Tribunales. Por dicha razón, los jueces del Tribunal A de Mayor Riesgo no pudieron continuar escuchando a los casi 60 testigos de la Fiscalía.
El 17 de diciembre de 2001 Rosa Elvira Franco Sandoval, madre de María Isabel, denunció en la Policía Nacional Civil (PNC) que su hija había salido el día anterior a su trabajo y no regresó a casa. Tenía 15 años, había aprobado 3ro. básico y trabajaba como vacacionista en un almacén de la 6a. avenida de la zona 1. Vivía con su madre, dos hermanos y sus abuelos.
El Estado guatemalteco reconoció que en la investigación hubo irregularidades y atrasos, como que los agentes no efectuaron la búsqueda de la menor, pese a que existía una denuncia. Un día después de que Franco Sandoval alertó a las autoridades se halló un cadáver, tras el aviso de una “llamada anónima”, en la zona 8 de Mixco.
La madre, al enterarse de la noticia, identificó los restos de su hija en la morgue. El fiscal Jorge García indicó que tenía señales de violencia e indicios de violación, que habría luchado contra de su asesino y fue golpeada en la cabeza. Cuando fue trasladada del lugar donde estaba retenida al sitio donde fue hallado su cadáver aún estaba viva. Se estableció que la causa de muerte fue por asfixia.
No se aseguró el lugar donde fue hallado el cadáver, faltó rigurosidad en la inspección ocular, hubo deficiencias en el acta del levantamiento del cuerpo, no hubo recolección adecuada de indicios y tampoco un buen manejo del traslado del cuerpo. En informes de la investigación se abordó la forma de vestir de María Isabel, sus creencias religiosas, su vida social y hasta la vigilancia que tenía la familia sobre ella.
Casi dos décadas después, el expediente de su caso ha pasado por varias fiscalías y diferentes investigadores. El juicio se retomó en febrero de este año, pero la madre de una vocal del tribunal falleció y se suspendió. Hoy puede retomarse. El debate está en fase del ofrecimiento de prueba testimonial.
El agente de la PNC Jorge Martín Ortiz falleció en prisión mientras esperaba la sentencia del juicio, porque padecía de enfermedades. Según el MP, el exagente desvió la investigación cuando estuvo a cargo de las diligencias y también emitió opiniones sobre su muerte, por lo que incurrió en el delito de obstaculización a la justicia.
La tesis de la Fiscalía señala que una de las propiedades de Bolaños Acevedo está cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de María Isabel. Además, señala que ella tenía 15 años y él 39, e intentó de forma insistente una relación con la menor. Llegaba a su casa y al lugar donde estaba laborando para ofrecerle que la acompañaría a su casa. Cuando la estaban velando llegó con su madre a darle el “pésame”.
El informe del 2020 del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia destaca que la violencia contra las mujeres ocurre en relaciones desiguales de poder y en diferentes manifestaciones, como la económica y la psicológica. Además, señala que de 357 casos analizados, el 23% tuvo participación del querellante adhesivo, lo que permite fortalecer la tesis acusatoria del MP.
Asimismo, expone que de 13 mil 505 casos de delitos contra la mujer se dictaron 2 mil 490 sentencias, de las cuales 1 mil 740 fueron condenatorias. Resalta que el 78% de las sentencias da valor reforzado al testimonio de la víctima, el 67% analiza la violencia contra la mujer, el 85% aborda los derechos humanos de la mujer, el 96% tiene un lenguaje que no es sexista, el 83% no tiene prejuicios ni estereotipos de género, y el 4% identifica factores adicionales de discriminación en la vida de este grupo.
Estudiante universitaria
Claudina Isabel Velásquez Paiz, tenía 19 y estudiante del cuarto semestre de Derecho, fue vista por última vez el 12 de agosto de 2005. Después que no llegó de una fiesta a la que fue. Además, sus padres recibieron una llamada de la madre de Pedro Julio Samayoa, quien indicó que estaba hablando con ella por teléfono cuando escuchó que gritó “¡no, no, no!”. Los papás denunciaron ante la PNC que su hija estaba desaparecida.
No obstante, los policías les indicaron que no “se preocuparan” porque tal vez se había ido con el “traido” o estaba con alguna amiga pasando la borrachera. Además, les tomaron la denuncia formalmente hasta después de las 24 horas que la vieron por última vez. Al día siguiente su cadáver fue encontrado con señales de violencia y su ropa con manchas de sangre, removido su brasier y el cinturón, así como también con la blusa alrevés. En este caso la escena donde encontraron su cuerpo fue alterada, fue contaminada incluso por un trabajador estatal que se lavó la sangre con la vestimenta de ella y utilizó evidencias para limpiar las heridas en su cuerpo.
Además, la toma de huellas dactilares de Claudina fue efectuada hasta cuando estaba siendo velada por su familia y amigos. Según la sentencia de la CIDH, el padre de la víctima tuvo conocimiento por parte de una investigadora que su hija no se intentó investigar por la forma en que vestía y el lugar en donde había sido encontrada consideraron que era una “prostituta” o una “cualquiera”.
A casi 15 años, el fiscal Jorge García señala que Mauricio Cana, está identificado como sospechoso de su asesinato. Está sentenciado a 30 años de cárcel en Estados Unidos, porque asesinó a su prima. Además, antes de irse de Guatemala se supone que intentó matar a tres de sus exparejas. Todas lograron salvarse, pero relatan la violencia que vivieron durante la relación ante la fiscalía.
García afirma que no Cana tiene un perfil psicópata y podría considerarse que violentó a otras mujeres, porque era taxista y circulaba en los sectores de San Cristóbal. Durante este tiempo han intentado un acercamiento con él por medio de su abogado para hablar sobre el caso de Claudina, pero aún no consiguen el visto bueno.
“Creemos que era un asesino en seria por el perfil. Hablamos con exparejas de él y señalan que las intentó asesinar. Claudina apareció a una cuadra y medio de la casa de esta persona. Él era un taxista que trabaja en horario nocturno y se mantenía en Ciudad San Cristóbal. La investigación que hicimos logramos obtener unos datos de alguna manera que haya participado en el asesinato de ella, sin descartar otros sospechosos”, explica.
Catedrática universitaria
Mayra Angelina Gutiérrez Hernández, era docente de la Universidad San Carlos de Guatemala y de la Mariano Gálvez en Huehuetenango, pero el 7 de abril de 2020 no efectuó el viaje que realizaba todos los viernes al mencionado departamento. Su hermano y una compañera de trabajo denunciaron su desaparición el 9 de abril en la PNC, pero su familiar señaló a una expareja como posible responsable del hecho.
No obstante, aunque las autoridades se centraron en la denuncia contra la expareja, otro hermano, su hermana y la pareja de ella desaparecieron durante el conflicto armado interno, además efectuó una investigación sobre adopciones irregulares en el país fue utilizado en un informe que publicó la relatora especial de Naciones Unidas en 2000.
El fiscal afirma que durante la investigación que efectuaron, los agentes e investigadores la desacreditaron por su estilo de vida e incluso juzgaron que se había ido con un “novio”. Además, crearon pistas falsas para desviar las líneas de investigación. Hasta ahora no se conoce sobre su paradero y tampoco su cuerpo ha sido localizado.
En los últimos días creció la indignación por la violencia contra la mujer, un problema que está arraigado, debido a que el sistema de justicia responde lento. Del 1 de enero al 15 de febrero el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) efectuó 235 necropsias a mujeres, de las cuales 67 fueron por traumatismos por hechos de tránsito, 48 por heridas de bala, 32 por causas clínicas, 28 aún está por confirmarse la causa de muerte, 16 por intoxicaciones, 15 por asfixia por suspensión, entre otros.
Un análisis efectuado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg) indica que entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de octubre de 2018 el sistema de justicia recibió 509 mil 489 denuncias de violencia contra la mujer, pero el 60% de las cuales aún continúa en investigación. Además, solo se registró 18 mil 829 sentencias —absolutorias o condenatoria—.
