A diario surgen procesos en los que las víctimas esperan que la justicia llegue pronto, pero también hay hacinamiento en las cárceles y personas que mueren en prisión preventiva sin haberse llegado a probar su culpabilidad.
La falta de voluntad política para mejorar el sistema de justicia ha sido evidente en los últimos años. Por ejemplo, desde el 13 de octubre de 2019 el Congreso debió elegir nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones, pero dicha tarea ha quedado relegada en la agenda legislativa, pese a que según la Constitución el período para ejercer sus funciones es de cinco años, aunque pueden ser reelectos.
Otro problema que mina la credibilidad en el sistema son los numerosos señalamientos de corrupción dentro del Organismo Judicial. En los últimos años, el Ministerio Público ha presentado solicitudes de retiro de inmunidad para al menos 36 operadores de justicia, entre jueces y magistrados, sospechosos de desvirtuar sus funciones con fines particulares.
Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, comentó que esta situación debe encender las alertas y motivar a reevaluar los procedimientos actuales de selección de magistrados.
“Se le debe dar prioridad a la meritocracia y al conocimiento, más que a los favoritismos”, puntualiza.
Según el profesional del Derecho, las universidades deberían incluir en la licenciatura de Ciencias Jurídicas una especialización para las personas que quieran desempeñar un cargo en el Organismo Judicial. Actualmente existe la Escuela de Estudios Judiciales del OJ, pero no se imparte el contenido mínimo necesario.
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“Deben hacerse exámenes y pruebas académicas específicas para jueces, y los que obtengan mejores resultados ser seleccionados. Hoy, por la situación económica y habiendo tantos abogados, la función judicial, más que una vocación, es una opción laboral. Si no hay trabajo algunos prefieren laborar ‘aunque sea de juez’. Y no tiene nada de malo querer ser juez, pero debería haber una especialización de formación básica”, sostiene el entrevistado.
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Otras fallas
Parte de las deficiencias del sistema fueron diagnosticadas en el Segundo Informe del Observatorio de Justicia Penal del 2020, que analizó una muestra de 381 expedientes concluidos en 2017 por delitos contenidos en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, la Ley contra la Corrupción y la Ley contra el Crimen Organizado.
Entre los hallazgos se detalla que, en promedio, los procesos penales duran 817 días desde que ingresan a los juzgados hasta que se concluyen. Esto excede los límites que establece el Código Procesal Penal —251 días máximo, si el sindicado está en prisión preventiva, o 351 si goza de medida sustitutiva—.
Diversos factores pueden retrasar un proceso penal. Desde la multiplicidad de acciones legales que interponen las partes involucradas hasta la recurrente suspensión de audiencias en juzgados y tribunales.
En ese sentido, el Observatorio evaluó las razones por las que se cancelaban las diligencias. En el 33 por ciento de los casos se debe a la ausencia del sindicado; 10 por ciento, a que no llegan los fiscales del Ministerio Público; en el 8 por ciento no se presenta el defensor público, y el 9 por ciento es por falta de un abogado particular. El resto de las razones es por falta del juez, fallas técnicas y otros motivos no especificados.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), hace ver que en los últimos años se ha optado por la estrategia de crear más juzgados y aumentar el número de operadores de justicia, pero eso no ha resuelto el problema de fondo, que es agilizar los procesos penales.
A criterio del analista, una de las soluciones podría ser crear más medidas desjudicializadoras. Esto implica analizar qué casos son de menor impacto o complejidad, para que puedan ser resueltos con rapidez. Asimismo, dedicar un cierto número de judicaturas para que evalúen cuáles son las salidas más ágiles, lo cual liberaría a los juzgados y tribunales ordinarios para procesar los casos de alto impacto, indica.
Samayoa hace énfasis en que no hay que perder de vista que el Derecho Penal ha sido un instrumento de impunidad en el país y eso “nos ha atado a modelos que generan mora judicial, hacinamiento en prisiones y falta de soluciones rápidas para las víctimas”.
“La misma deficiencia del propio sistema, la impunidad y la corrupción que rodea al sistema de justicia penal hace que cualquier reforma legal fracase a la hora de llegar a la práctica. Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, por ejemplo, entraron en un paquete de reformas al sistema de justicia que se impulsaron a partir de 2015, pero a la hora de implementarse se toparon con malas prácticas y esquemas burocráticos que interrumpen cualquier buen modelo de gestión”, remarca Samayoa.
Por su parte, el analista David Gaytán ve las soluciones desde otra perspectiva. Considera que sí hay una carencia de juzgados en materia penal y eso es una de las causas más relevantes del problema.
Pero, además, estima que el OJ debe encargarse de resolver problemas logísticos que obligan en múltiples ocasiones a la suspensión de audiencias. “Si se suspenden muchas audiencias es porque los jueces no tienen sala. Es necesario que para que los jueces administren justicia esto mejore. Si no hay equipo y no se cuenta con infraestructura necesaria, se complica el trabajo”, afirma Gaytán.
Según el Observatorio de Justicia Penal, la suspensión de las audiencias tiene diversas repercusiones. En principio, se extiende el tiempo que durarán los procesos. A su ves, el hacinamiento carcelario aumenta los costos del servicio judicial y hace que se pierda la credibilidad en el sistema.
A lo anterior hay que sumar el uso excesivo de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público y los jueces, como medida para retener a una persona durante el proceso penal. “La prisión preventiva debería ser la excepción, pero se ha convertido en la regla. Eso es preocupante porque congestiona el sistema penitenciario y resulta en una violación de los derechos humanos. Es uno de los grandes problemas por abordar en el sistema penal”, precisa Gaytán.
Esta situación podría solventarse con la utilización de tobilleras o brazaletes electrónicos que garantizarían el rastreo de la ubicación de una persona sindicada. Aunque ya se aprobó una ley que contempla el uso del dispositivo, todavía no se ha implementado.
Samayoa comparte esta postura y considera que hace falta una institucionalidad que permita dar seguimiento y control al cumplimiento de medidas distintas a la prisión preventiva, para que haya garantía de que la persona no se va a dar a la fuga y habrá un efectivo control para que las demás instituciones cumplan con lo que el juez ordene dentro del proceso.
Mora
José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), expresa que hay diversos problemas que se deben abordar al momento de discutir mejoras para agilizar el sistema de justicia. Algunos de estos se relacionan con la gestión del despacho.
“En los próximos años vamos a ver un incremento fuerte de mora judicial derivado de la pandemia y del cierre temporal en algunos juzgados. Eso, en gran medida, responde a un sistema judicial de gestión poco eficiente y muy poco modernizado. Hay temas que son sencillos, como decretos, o notificaciones que emiten distintos juzgados que son sencillos y tardan meses, si no es que años, en realizarse”, subraya Echeverría.
En ese sentido, una digitalización de las notificaciones podría agilizar el sistema y acelerar procesos que llevan varados años. Además es preciso considerar que la falta de un sistema judicial eficiente viola el derecho de acceso a la justicia de víctimas, sindicados y de la ciudadanía en general.
“La justicia retrasada es igual a que si no hubiera justicia. El daño que causa es muy amplio”, concluye Echeverría.
