Pero EE. UU. raras veces da a conocer estos nombres, es más, las personas, incluso suelen enterarse de la prohibición de entrar a ese país hasta el momento en que intentan atravesar uno de los puntos de ingreso.
Sin embargo, el Departamento de Estado tiene la opción de publicar los nombres gracias a la Ley de Asignaciones Consolidadas que contiene dentro del apartado Presupuesto nacional y transparencia de los contratos, un inciso llamado Anti-cleptocracia y Derechos Humanos.
Este inciso de la ley expresamente dice:
“Los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares directos sobre los cuales el secretario de Estado tiene información creíble de que han estado involucrados en corrupción significativa, incluida la relacionada con la extracción de recursos naturales, o una violación grave de los derechos humanos no serán elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.
Añade: “El Secretario también deberá designar o identificar, en forma pública o privada, a los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos sobre los cuales se tiene tal información creíble sin importar si la persona ha calificado para una visa”.
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En ese sentido, analistas en temas de justicia consideran que EE. UU. no puede tomar una decisión de esta clase a la ligera y que antes hizo un análisis exhaustivo, pero ¿qué ha considerado el secretario Mike Pompeo como información creíble acerca de la magistrada Stalling?
Aquí una cronología de los hechos.
- El 11 de enero del 2017, el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro del antejuicio de Stalling por una denuncia del juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano Pineda, quién señaló a la magistrada de presionarlo para que resolviera a favor de su hijo, Otto Fernando, procesado en el caso IGSS-Pisa.
- El 19 enero, la CSJ por unanimidad resolvió levantar la inmunidad a Stalling, con lo cual su caso pasó al Congreso.
- El 1 de febrero, la comisión pesquisidora recomendó retirarle la inmunidad, hecho que el pleno del Legislativo confirmó un día después.
- El 4 de febrero del 2017 Stalling solicitó al Consejo de la Carrera Judicial ausentarse de sus labores con goce de sueldo. Según reportes oficiales, la magistrada devenga Q57 mil 825, además de bonos y gastos de representación.
- El 8 de febrero, es detenida en una tienda de la zona 9 capitalina, donde estaba disfrazada. Utilizaba una peluca con cabello corto de color rojo, un sudadero blanco y una licra azul. El parte policial consigna que la magistrada tenía una pistola la cual intentó utilizar para atacar a los agentes captores, y que al no dispararles a intentó suicidarse, pero los policías lo evitaron.
- Ese día fue ligada a proceso penal y llevada a la cárcel militar Mariscal Zavala.
- Desde entonces, Stalling comenzó a interrumpir con acciones legales su proceso, y desde un inicio buscó ser beneficiada con medida sustitutiva. Hasta el día de hoy no se ha desarrollado la audiencia de apertura a juicio.
- El 2 de marzo la Sala Tercera de Apelaciones deja sin efecto la prisión de Stalling al resolver a su favor un recurso de apelación. Saldría de prisión un año y cinco meses más tarde.
- El 12 de mayo el Consejo de la Carrera Judicial resuelve que la magistrada debe ser separada del cargo.
- El 17 de mayo la magistrada suma otra acusación, esta vez por resistirse al arresto.
- El 16 de agosto del 2018, Blanca Stallin recupera su libertad por orden de la jueza suplente Abelina Cruz Toscano. Ese mismo día el juez Carlos Ruano, quien la denunció, afirma que teme por su vida.
- El 26 de septiembre, el hijo de Blanca Stalling, Otto Fernando, es condenado por cobro ilegal de comisiones en el caso IGSS/Pisa, aunque fue absuelto por asociación ilícita.
- El 19 de marzo pasado, la magistrada no logró separara al Cicig de su caso.
- Debido a múltiples excusas y recursos legales, desde que fue detenida, no ha sido posible desarrollar la audiencia de apertura a juicio de Stalling, este martes debía presentarse de nuevo a la Torre de Tribunales, pero se ausentó.
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