La iniciativa 5311 fue aprobada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 30 de mayo del 2017 y llevada por todos los magistrados al Congreso seis días después. La propuesta tomó por sorpresa a los diputados que de inmediato mencionaron que debía ser analizada.
A la Cicig le preocupa la aprobación, en tercer debate, que hicieron los legisladores el martes recién pasado. La propuesta de la CSJ era que, si alguien aceptaba su culpabilidad en un delito durante la indagatoria ante un juez, la reducción de la pena era de la tercera parte.
En cambio, los diputados aprobaron la disminución del 50% de la pena. “La disminución del 50% de las penas y la aplicación conjunta de la conmuta, dando como resultado que todos los delitos con penas de diez años de prisión y menos quedarían en la práctica liberados de cumplimiento de pena de prisión, incluyendo delitos tan graves como la trata de personas, la violación y el cohecho, entre otros casos”, informó la Cicig.
A criterio de la Cicig, la enmienda “tendría los mismos efectos que el Decreto 15-2017, dejado sin efecto por el Congreso ante el clamor ciudadano del 15 de septiembre de 2017”, evento por el cual se acuñó el nombre de Pacto de Corruptos, para referirse a los diputados que votaron en esa ocasión.
El mencionado decreto fueron los cambios al Código Penal que aprobaron sorpresivamente los diputados el 14 de septiembre del año pasado. Mediante dos mociones eximieron de responsabilidad a los secretarios generales de los partidos políticos del financiamiento electoral ilícito y aumentó a 10 años de prisión las penas que pueden ser conmutables, es decir, pagar en lugar de ir a prisión. Días después, ante la presión popular, los diputados derogaron el decreto.
Reparación digna
Las enmiendas a la ley de aceptación de cargos también le preocupan a la Cicig por la reparación digna.
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“La disminución de las condiciones de reparación a la víctima que desnaturalizan el mecanismo originalmente planteado. Estas condiciones buscan que el beneficio del procedimiento de aceptación de cargos se extienda a las víctimas y a la sociedad en general, a través del sistema de justicia”, añade el comunicado del ente que dirige el colombiano Iván Velásquez.
Recomendación
La Cicig sugiere al Legislativo “adoptar las propuestas presentadas por las instituciones del sistema de justicia y por la sociedad civil, evitando que la aprobación de las enmiendas a la iniciativa se convierta en un instrumento de impunidad”.
Postura de la Comisión
Manuel Conde Orellana, miembro de la bancada Partido de Avanzada Nacional (PAN) y presidente de la Comisión que analiza las enmiendas a la ley de aceptación de cargos, indicó que debe “ver el comunicado con atención y con respeto”.
El legislador indicó que esto lo hará “porque viene de un organismo internacional que ha estado muy cerca de la labor de la lucha contra la impunidad en el país”.
“El trabajo realizado entre los distintos diputados de la Comisión que trabaja las enmiendas ha sido un trabajo debidamente consensuado con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que es la ponente de la iniciativa”, afirmó Conde Orellana.
Agregó que le parece que una opinión anticipada a la elaboración de una enmienda que pueda ser suscrita y presentada al pleno del Congreso”, además, “un poco arriesgado porque termina siendo una especulación”.
“No tentemos enmiendas suscritas por los diputados, sin embargo, algunos miembros me abordaron para hablar del comunicado de Cicig. Lo voy a leer detenidamente y creo que un mecanismo adecuado podría ser terne comunicación con la Comisión”, acotó el parlamentario.
Enfatizó que hasta este momento “no hay enmiendas suscritas” y lo que hoy se tiene “es la iniciativa original que ha sido superada en el debate sostenido con distintas organizaciones e instituciones”.
“Mi primera reacción ante el comunicado es recibirlo con el respeto que amerita, leerlo para apreciar cuáles son las preocupaciones que se registran para ser tomadas en cuenta en la discusión que aún tenemos de las enmiendas”, acotó el congresista.
Conde Orellana señaló que espera que el comunicado no busque especular maliciosamente sobre un trabajo que realiza el Congreso sino que al contrario quiere pensar que lo dicho lleva como propósito que la labor legislativa sea de la mejor manera.
Aseguró que aún falta una reunión con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para seguir la revisión de la redacción final de las enmiendas.
“El trabajo que se ha hecho ha sido muy serio y responsable y no sería conveniente que un comunicado pueda generar una distorsión en la opinión pública”, aseguró el diputado.
De la misma forma indicó que para tener una reunión con la Cicig se tendría que discutirlo con los diputados integrantes de la comisión, pero que en forma personal él es “un hombre de diálogo” y cree que de ser necesario podría existir un intercambio de ideas con la Comisión.
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