De León junto a 21 personas son señaladas por el Ministerio Público (MP), de integrar una estructura que logró contratos irregulares en el Registro General de la Propiedad y plazas fantasma en la institución.
La exfuncionaria fue detenida ayer en su residencia, en la zona 4 de Mixco y fue remitida a la cárcel Santa Teresa, en la zona 18.
Para lograr el cambio de prisión, la exfuncionaria cuestionó al MP sobre por qué no se opuso a que Daniela Beltranena, exasistente de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y ligada a proceso en el caso Cooptación del Estado, fuera enviada a la cárcel de Mariscal Zavala.
La inseguridad fue uno de los argumentos de De León, quien aseguró: “Yo soy doctora, filósofa en derechos humanos y sé que el principal es el derecho a la vida”.
Según la exfuncionaria, fue víctima de una detención ilegal y calificó la acción de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) como un “linchamiento político”.
La jueza De León citó para este viernes a la exregistradora para escuchar su primera declaración.
De León dijo que aceptará declarar para exponer ante la judicatura su caso y señalar las irregularidades en las que cayó la Feci durante el proceso en su contra, así como la ilícita captura ejecutada el pasado jueves.
De León se opuso a permanecer en la misma prisión que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y solicitó ser remitida a la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 17, pero la jueza negó la petición a la exfuncionaria.
La investigación
La Feci abrió una investigación en contra de la exregistradora y en julio pasado informó que las pesquisas se dirigían hacia irregularidades en el manejo de Q66.2 millones en el Registro de la Propiedad durante su administración.
La primera denuncia contra De León, presentada el 2 de septiembre del 2015, fue por Q657 mil 999.99. La segunda fue una ampliación a Q2 millones 947 mil 933.29.
En la primera de las acusaciones fueron señalados cuatro contratistas “que laboraban simultáneamente en otras instituciones del Estado. En la segunda, el número de trabajadores se amplió a 13.
Los auditores cruzaron horarios, testimonios, contratos y acreditaciones y encontraron, por ejemplo, que algunos de ellos laboraban “simultáneamente” en el Registro de la Propiedad Central y en el de Quetzaltenango.
Los sindicatos del RGP, que también presentaron denuncias, identificaron a Samantha Marisol Mejía Salguero como la encargada de realizar las contrataciones.
Mejía Salguero es la exesposa de Vernon González, quien fue abogado del Partido Patriota y enfrenta cargos por coaccionar, junto al exdiputado Gudy Rivera, a la exmagistrada Claudia Escobar.
