La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), a cargo de Sandoval, solicitó retirar la inmunidad a Torres por el caso, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo desestimó el pasado 27 de febrero, por la falta de “elementos de razonabilidad suficiente”.
En el documento que fue filtrado a los medios, Susan Sabrina Salazar Escobar, jueza de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio, pide al director general de la Policía Nacional Civil (PNC) que “por razón de turno y urgencia” en un plazo de 12 horas ejecute las medidas y que informe sobre su avance en 48 horas.
Asimismo, ordena que Torres debe ser auxiliada por la PNC “cuando ella lo requiera” .
Las medidas de protección prohíben tanto a Sandoval como González Arteaga, fiscal a cargo de la investigación por financiamiento electoral no registrado de la candidata de la UNE, “que perturben o intimiden a la presunta agraviada y a su núcleo familiar, de forma personal o a través de cualquier medio de comunicación o red social”.
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También se prohíbe el acceso de los “presuntos agresores” al domicilio temporal o permanente de la “persona agraviada”.
Finalmente la jueza Salazar Escobar advierte a los fiscales de que el incumplimiento de las medidas se tipificará como violencia contra la mujer, que tiene una pena de hasta 12 años de cárcel, así como desobediencia, por lo cual pueden ser multados con Q50 mil.
Sandoval presentó este 5 de abril un recurso de oposición en el mismo juzgado.
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Audios
El pasado 15 de marzo, durante una audiencia relacionada con el caso de financiamiento electoral no registrado, el fiscal González Arteaga solicitó permiso para reproducir 50 audios en los que, aparentemente figuraban cuatro sindicados, pero la jueza de Mayor Riesgo D, Claudette Domínguez, no lo permitió ante la posibilidad de que ahí figurara Torres, puesto que para ese entonces ya gozaba de inmunidad y recién la CSJ había desestimado una solicitud de retiro de inmunidad en su contra.
Sin embargo, días después, en un audio al que Prensa Libre tuvo acceso, se reveló cómo el empresario Gustavo Alejos, uno de los procesados por el caso, era el recaudador de fondos para su campaña, e incluso, hablan de un aporte de Q40 millones para la campaña de 2015 que no habría sido registrado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El 1 de abril último, diputados de la UNE denunciaron a Sandoval por la supuesta filtración de la escucha telefónica a los medios.
Fraude de ley
No es la primera vez que Torres recurre a una medida legal con un fin político.
En el 2011 fue acusada de fraude de ley cuando se divorció del entonces presidente Álvaro Colom para poder participar en la elección presidencial debido a que la Constitución se lo prohibía por ser pariente del gobernante.
En varias ocasiones, tanto Colom como Sandra Torres negaron que el divorcio fuera una opción para que ella participara como candidata presidencial.
Después de una serie de recursos legales, finalmente la Corte de Constitucionalidad no avaló su candidatura, aunque no basándose en la comisión de un fraude de ley sino en que, pese al divorcio, existía un grado de afinidad entre Colom y Torres. El fallo fue por unanimidad.
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