La audiencia desjudicializadora se efectuó en el Juzgado Séptimo Penal.
Según el Ministerio Público (MP), la denuncia contra el directivo fue interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que estableció que la entidad que representaba defraudó al fisco por Q266 mil 923 mil 132.44.
Las pesquisas del MP detectaron proveedores inexistentes y formularios aduaneros únicos centroamericanos con inconsistencias, por lo que se calculó que la defraudación, más multa e intereses resarcitorios ascendían a Q782 millones 863 mil 263.02, pagados en mayo del 2016.
Antecedentes
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a 15 personas en marzo del año pasado, por los señalamientos contra la mencionada empresa.
Ocho fueron enviados en ese momento a prisión preventiva y el resto quedó en libertad condicional, incluido el abogado Frank Trujillo. Una sala ordenó después que el caso pasara a un juzgado común.
El MP sostuvo que el 14 de marzo del 2012, la SAT presentó tres querellas contra la empresa Aceros de Guatemala, S. A., en las que señala a esa entidad de simular compraventa de chatarra con proveedores que presentaron inconsistencias.
En el caso Impunidad y defraudación, el MP presentó en otro juzgado escuchas telefónicas de directivos de esa firma y de la SAT que planificaban el cierre de una demanda contra la empresa.
