Añadió que, a requerimiento de la Feci, también se dejan sin efecto los beneficios concedidos a los ciudadanos brasileños, por los exfuncionarios de la Feci, Juan Francisco Sandoval Alfaro, Eva Siomara Sosa Pérez, así como exmandatarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y demás personas que, según el MP, “se prestaron para avalar actos posiblemente ilegales y corruptos en agravio del Estado de Guatemala”.
El comunicado del MP explica que dicho juzgado “en aras de garantizar el principio de inmediación, ha señalado audiencia de primera declaración de los sindicados Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado para el 1 de febrero de 2023 a las 9:00 horas, bajo apercibimiento que los sindicados deberán comparecer personalmente a dicha audiencia”.
“La Fiscalía Especial contra la Impunidad reitera que no se escatimarán esfuerzos para garantizar el esclarecimiento de la verdad, y que todas las personas que resulten responsables enfrenten todo el peso de la ley”, cierra el comunicado.
En un video difundido por el MP, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, dice que con la resolución del juzgado se abre la posibilidad para que la Procuraduría General de la Nación pueda accionar con todas la formalidades de ley.
Caso Odebrecht y Guatemala
Es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, incluido Guatemala.
Odebrecht es una empresa constructora de Brasil, se dedicó a emitir sobornos a toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.
Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que además participaron agencias fiscales de al menos 10 países.
Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre los departamentos de Suchitepéquez y San Marcos.
El Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.
Los hechos por enlistar actos de corrupción entre funcionarios y empresarios del más alto perfil se le designó a la Feci, cuya investigación permitió la captura de algunos abogados en enero de 2018.
Declaraciones de anticipo de prueba
Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado eran directivos de la constructora brasileña Odebrecht y en 2017 rindieron declaración en anticipo de prueba en el caso que se sigue en Guatemala.
Las diligencias se efectuaron en el Juzgado de Mayor Riesgo D, que tenía a cargo en ese entonces la jueza Éricka Aifán.
Ambos declararon por videoconferencia desde Brasil, donde están procesados en el caso de corrupción Lava Jato. Lo hicieron con la presencia de sus abogados en ese país y otros dos defensores que participaron en la audiencia en Guatemala.
Lima Machado expone en la videoconferencia que estaban interesados en invertir en Guatemala, por lo que hicieron una exploración en el 2010, pero antes de ello investigaron si el Estado de Brasil podía financiar algunos proyectos en este país. Cuando les dijeron que sí, viajaron a Guatemala durante el cuarto trimestre de ese año.
El colaborador eficaz señaló que empezó a tener cercanías con el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero fue con la gestión del Partido Patriota con la que se concretó el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente.
Según el relato, durante el gobierno de la UNE el representante de Odebrecht se reunió con dos técnicos de la Dirección General de Caminos, quienes le entregaron el plan vial 2007-2017. Luego de estudiarlo se reunió con el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, y el presidente Álvaro Colom, quien le ofreció el tramo carretero.
En enero del 2011 hubo cambio de ministro, el viceministro Jesús Insúa asume el cargo en sustitución de Castillo y toma el control de la negociación, cita el relato.
El colaborador eficaz explica que para que el proceso avanzara en Brasil era necesario firmar un memorando de entendimiento, para que el Banco Nacional entrara a conocer el financiamiento. Y así se firmó el convenio con Insúa.
“Luego entra la solicitud del préstamo en Brasil y en febrero del 2011 viajamos con el ministro Insúa a Brasil, el exministro Castillo y Óscar Monterroso”, refiere en la videoconferencia.
Gobierno del PP
Lima Machado expone que en una fiesta de un amigo, en diciembre del 2011, conoció a Alejandro Sinibaldi, con quien platicó brevemente y le expuso que estaban interesados en invertir en Guatemala.
Después de un tiempo se concretó una reunión con Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones.
Debido a que el proceso no avanzaba, Lima Machado cuenta que tuvo que reunirse con la vicepresidenta Roxana Baldetti, “quien me presentó a Arturo Batres Gil. Luego de varias semanas, Batres Gil me llama para decirme que ya no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la vicepresidenta de la República, por lo que le indiqué que no podía porque era tema del Ministerio de Comunicaciones”.
En septiembre del 2012, Sinibaldi le dijo al colaborador eficaz que era necesario agendar un dinero para él, ya que, de lo contrario, no podría avanzar el proyecto, pero Lima Machado respondió que tenía que hablarlo con su líder, Luiz Antonio Mameri.
En enero del 2013, Sinibaldi le solicitó a Mameri el pago de la comisión del 7.5 por ciento del total del contrato —unos US$9.9 millones— para gestionar los procesos y concretar el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente; luego de un tiempo aceptó, según el relato grabado.
Otra de las referencias de Lima Machado señala que el fallecido exministro de Finanzas Públicas Pavel Centeno fue el encargado de elaborar los términos de referencia del préstamo para ejecutar el proyecto.
Para que el banco brasileño aprobara el crédito fue necesario que se presentara un contrato.
El colaborador eficaz contó que hicieron un borrador y, para su sorpresa, de un día a otro el Congreso aprobó el borrador que ellos propusieron al momento de hacer la negociación, sin hacerle modificaciones.
“En abril del 2013 se pagó la mitad del anticipo de la obra, US$38 millones 223 mil 490.17, y de ahí salieron los siete primeros desembolsos para funcionarios públicos”, afirma Lima Machado.
Según la investigación y lo confirmado por Lima Machado, Manuel Baldizón habría recibido US$1.2 millones de los US$3 que habían pactado.
Debido a que en la casa de Sinibaldi hubo una reunión con Baldizón y el ahora colaborador eficaz, ese día aquel le dijo que había que entregarle una cuota a a este último.
Batres era secretario privado de Baldetti y es uno de los prófugos del caso por haber recibido US$4.9 millones en sobornos, según la pesquisa.
El caso es investigado a partir de denuncias que presentó la Contraloría General de Cuentas en 2016 y 2017 por una auditoría efectuada a la Dirección General de Caminos, en la que se hallaron anomalías en los contratos 53-2012 y 85-2012, que correspondían a trabajos en la carretera CA2 Occidente.
Segundo colaborador
Luiz Antonio Mameri, quien era el jefe superior de Lima Machado, indicó que él quiere declarar porque estuvo involucrado y desea ayudar a la justicia.
Durante la audiencia por videoconferencia Mameri dijo que él se encargó de confirmar los pagos que realizó y las reuniones con los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, así como con un representante de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, que era Arturo Batres, y con el excandidato a la presidencia Manuel Baldizón.
Lima Machado y Mameri colaboraron con la entrega de información clave sobre las negociaciones efectuadas en Guatemala, así como del origen y destino de las transacciones financieras para el pago de sobornos.
