“Es prudente otorgar el arresto domiciliario y se fija la fianza de Q400 mil”, resolvió la juzgadora. Además, le ordenó marcar su huella dactilar en el Ministerio Público (MP) cada 15 días comenzando el próximo 30 de abril.
Tiene prohibido salir del país, visitar el Congreso y comunicarse con los demás sindicados, que suman 77. “En especial no puede comunicarse con su familiar”, le dijo la jueza en referencia al expresidente del Congreso, Luis Rabbé, quien fue detenido en México y espera ser extraditado al país por este caso.
Alfredo Rabbé, que fue detenido el 26 de mayo del 2016, deberá remitir un informe médico a la judicatura cada 15 días y médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) lo examinarán dos veces por mes.
“Estamos satisfechos. Ya se había solicitado en cinco oportunidades la revisión de medida de coerción”, comentó Octavio Cuevas, defensor de Alfredo Rabbé.
El procesado permanece en el Centro Médico Militar desde el 2 de mayo del 2018 por disposición de Domínguez.
Lee también: Los cinco argumentos de Semilla para que la CSJ ampare a Thelma Aldana y sea inscrita
La jueza Domínguez le había negado la salida de prisión el 21 de febrero pasado con el argumento que podía ayudar a su hermano Luis Rabbé. En esta oportunidad su justificación cambió y se refirió a que “cada acusación es personalísima”. La otra vez que le dijo ‘no’ al procesado y lo dejó en prisión fue el 21 de octubre del 2018.
Ante el juez Walter Villatoro había solicitado el arresto domiciliario en mayo y en noviembre del 2017.
Recurso detiene intermedia
Un amparo que fue interpuesto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene detenido el proceso que espera la audiencia de etapa intermedia. La acción judicial se centró en la recusación de la jueza Domínguez.
Lee además: Condenan a exempleados de Baldizón que cobraron al Registro sin ir a trabajar
Avaló 21 plazas
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Cicig señalan a Alfredo Rabbé de haber avalado la contratación de 21 personas en 2014 y 2015 en el Congreso sin que llegaran a trabajar.
El caso se conoció como Plazas Fantasma. Las personas contratadas para Alfredo Rabbé cobraron de Q5 mil a Q15 mil mensuales, según la acusación.
Alfredo Rabbé fue detenido junto con los exdiputados Édgar Romeo Cristiani Calderón, Carlos Humberto Herrera Quezada y el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, por su participación en la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Organismo Legislativo.
Hubo dos modalidades de contratación, según la acusación. La primera a través de nombramientos irregulares, en los cuales se evidenció que los miembros de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Legislativo. La segunda modalidad se realizó a través de la creación de plazas fantasmas, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados.
Contenido relacionado
>Por qué Luis Rabbé fue el impedimento para que su hermano Alfredo salga de prisión
>Exdiputados procesados en caso Plazas Fantasma saldrán de prisión
