Desde marzo de 2023, la Fiscalía de Guatemala buscaba procesar a media docena de comunicadores por sus notas publicadas sobre el juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, preso desde julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero.
Los periodistas y columnistas señalados son: Denis Obdulio Aguilar González, Julia Catalina Corado Flores, Gerson Allende Ortiz, Edgar Armando Gutiérrez Girón, Gonzalo Marroquín Godoy, Gerli, Alexander Valdez, Ronnie Alexander Ríos García y también José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico.
Los reporteros eran parte del equipo de elPeriódico, medio fundado por Zamora Marroquín y que durante 26 años divulgó más de 600 publicaciones de actos de corrupción de las Administraciones guatemaltecas.
EN ESTE MOMENTO
La jueza recordó que la Corte de Constitucionalidad en su expediente número 6 mil 356-2016, de fecha 22 de noviembre del 2018 dicta una sentencia, en el que se encontraba vulnerado el derecho de libertad de expresión, como como lo establece el artículo 35 de la Constitución Política de la República Guatemala.
“Esta sentencia es fundamental ya que la Corte de Constitucionalidad, nos indica dos presupuestos fundamentales para poder indicar que, como lo argumentaban los abogados defensores, nos fuéramos al juicio de jurados a un Tribunal de Honor por las publicaciones dadas”, dijo la juzgadora.
Señaló que uno de los presupuestos dados, y también por la defensa de los periodistas, era que fuera un medio de comunicación legalmente establecido, en este caso era elPeriódico, y también, que las personas que realizaran las publicaciones fueran calificadas bién que las personas que realizaran esa esa publicación fueran parte o fueran calificados como periodistas.
“Esto no lo digo yo, lo emitió la Corte de Constitucionalidad al hacer un análisis. Pero como esta juzgadora debe de realizar un análisis objetivo no solo fue de que porque el derecho penal no es de solo a petición de parte. Si bien los abogados defensores lo hicieron dentro de su argumentación, Ministerio Público, al momento de presentarme la carpeta fiscal, yo pude corroborar publicación por publicación para poder esclarecer si efectivamente las personas que están posiblemente castigadas como sindicados y pude corroborar que sí aparecían y son las personas que me aparecen dentro de la investigación y el informe realizado por Ministerio Público”, dijo la jueza Gutiérrez.
Expresó que cuando se llenan esos dos presupuestos – de ser un medio de comunicación legalmente establecido y que sí son periodistas los que escribieron los artículos-, debe de tramitarse a través del juicio de jurado, porque las publicaciones las están dando por el medio por el medio de comunicación.
“Es por eso que esta juzgadora en base a todo este análisis determina que se declara con lugar el incidente de cuestión de competencia, de incompetencia por esta judicatura… “No quiere decir que el Ministerio Público no puede realizar una investigación. Si no quiere decir que existe un procedimiento establecido, que es el juicio de jurados, donde debe de establecerse la responsabilidad de cada una de las publicaciones, publicaciones que obran en la en el expediente fiscal y que debe de ser la persona, como bien lo establece el artículo 31, de manera personal y la que se sienta agredida de manera física, acudir a la vía correspondiente”, expresó la jueza.
La abogada Wendy López, defensora de los periodistas, aseguró a medios locales que la decisión de la jueza Gutierrez fue la correcta ya que a su consideración “no se puede criminalizar a nadie por emitir su pensamiento”.
Los periodistas implicados en este caso, promovido por fiscales sancionados por Estados Unidos, tuvieron que salir exiliados del país y detener su labor informativa durante los meses que el caso en su contra se mantuvo activo.
Entre 2019 y 2023, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas, han tenido que abandonar Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra.
En febrero, un tribunal de sentencia repetirá el juicio contra Zamora Marroquín, luego de que una sala de apelaciones decidiera anular la condena de 6 años por anomalías procesales en el debate anterior celebrado en junio de 2023.
