La reserva del caso se dictó por 10 días y fue a solicitud del fiscal de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), Noé Rivera, quien, entre sus argumentos para hacer ese requerimiento estuvo que los medios de comunicación no deben estar presentes en ese tipo de proceso porque “vulneran los derechos de los detenidos y tergiversan la información”.
Al declarar bajo reserva el caso, se evita que se conozcan los detalles del proceso, pues las audiencias son a puerta cerrada y las partes tienen prohibido hablar al respecto.
La audiencia de este martes, desarrollada en la Ciudad de Quetzaltenango, en principio era para que la jueza Acú Recinos ampliara su resolución para explicar si continuaba o no conociendo el proceso contra Laparra, porque en octubre de 2022 la defensa de la exfiscal la recusó.
Sin embargo, la jueza resolvió que no procedía la recusación, por lo que automáticamente pasaba a la etapa de primera declaración, pero la defensa presentó varias recusaciones porque la exfiscal duda de su imparcialidad, pues, según su testimonio durante la audiencia, ha sido condescendiente con las argumentaciones del exjuez Lesther Castellanos, quien fue denunciado por Laparra y que dio paso a los proceso que se siguen contra la exfeci, quien fue condenada recientemente a cuatro años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, el MP solicitó la reserva del caso porque en la sindicación que le harán a Laparra hay medios de comunicación y periodistas que podrían ser testigos o podrían ser llamados a declarar dentro del proceso.
Durante la audiencia, el fiscal Noé Rivera señaló a los medios de comunicación de interferir en los procesos; además, dio que por ningún motivo los periodistas deberían de estar presentes en ese tipo de procesos porque “se vulneran los derechos de los detenidos y tergiversan la información”.
Laparra por su lado dijo en la audiencia que es irónico que el MP pida la reserva del caso cuando los querellantes publican detalles de las audiencias, incluso cuando estas están en desarrollo.
El pasado 16 de diciembre, un tribunal condenó a Laparra a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, luego de haber sido hallada culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.
Laparra fue procesada luego de que el exjuez Lesther Castellanos la denunciara, pues cuando era fiscal ella quiso investigarlo en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.
El juicio duró apenas 18 días y todos los que testificaron eran policías o funcionarios, además de un controvertido juez que fue investigado por la acusada antes de ser detenida, el 23 de febrero de 2022.
Los únicos testigos que declararon en este juicio fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.
El tribunal también inhabilitó a Laparra para ocupar cargos públicos mientras cumpla su condena, pero podrá ejercer como abogada, un revés para la Fiscalía que había pedido inhabilitarla del todo y que fuera condenada a ocho años de prisión inconmutables.
Laparra afirmó que los cargos en su contra eran “una venganza” de una polémica entidad de derecha, querellante en este juicio, célebre por defender a políticos denunciados por corrupción y a militares acusados de haber cometido crímenes durante en la guerra civil (1960-1996).
