Junto a ellos, 10 más fueron ligados a proceso, incluidos Gustavo Martínez, yerno de Pérez Molina, y el gerente de TCQ, Juan José Suárez, empresa con la que se firmó el contrato.
De los 12, solo los sindicalistas Julio César Zamora y Julio Esquivel fueron beneficiados con medida sustitutiva —arresto domiciliario—, y el resto quedó en prisión preventiva.
Entre los indicios que fundamentaron la decisión de Gálvez se encuentran informes financieros de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), las declaraciones de Juan Carlos Monzón como colaborador eficaz, testimonios y documentos financieros.
Jornada
Durante dos semanas, fueron trasladados los 12 señalados en el caso de defraudación a la Torre de Tribunales a la audiencia de primera declaración. En las jornadas, de unas ocho horas, el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y los abogados defensores presentaron sus argumentos y alegatos.
Ayer, durante cuatro horas, el juez explicó los argumentos legales de los delitos señalados por el MP y detalló que existen indicios, y que hubo planificación para que se firmara el contrato irregular para obtener beneficios económicos de US$24.4 millones. De esa cantidad se presume que el exbinomio presidencial recibiría US$8.4 millones.
“La defensa habló de que no existe asociación ilícita porque eso se da en el crimen organizado; sin embargo, hay declaraciones de reuniones, correos que muestran una planificación. ¿Por qué si los sindicalistas estaban en contra del contrato se reunían con funcionarios? ¿Por qué tantas reuniones con el Procurador —General de la Nación—? ¿Por qué no lo dejaban trabajar?”, cuestionó Gálvez.
Agregó que el cohecho pasivo se presupone porque se aceptaron dádivas y lavado, porque se evidencian a través de los informes de la IVE las irregularidades en las cuentas bancarias. “Me llama la atención que el informe establece que una gran cantidad de dinero fue trasladada a países europeos”, enfatizó.
Críticas
El juez de Mayor Riesgo B hizo referencia a una serie de críticas de la defensa, y aclaró no haber recibido presiones en el proceso. “En este caso, la defensa se ha dedicado a criticar al MP, la Cicig, al juez; incluso hasta a los organismos internacionales, y ahora el licenciado César Calderón critica hasta al abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal, porque es la única forma de creer que las cosas son así. Lamentablemente, cuando se está en esos cargos se piensa que la gente tiene que ser complaciente con ellos, (…) y yo no solo me considero independiente, sino que soy independiente”, enfatizó.
Aclaró que se hizo referencia a César Medina, sindicado en otro proceso penal, porque durante los allanamientos realizados se encontró evidencia que lo relaciona.
Luego de ligarlos a proceso y enviarlos a prisión preventiva, Gálvez ordenó tres meses para que el MP investigue.
Antes de resolver ese plazo, había citado para el próximo lunes a Juan Carlos Monzón para desarrollar la declaración de anticipo de prueba. Pero a causa de una protesta de la defensa, la suspendió.
“Trío del diablo”
Pérez Molina se negó en varias ocasiones a dar declaraciones a la prensa, y señaló que su abogado César Calderón sería quien hablaría.
No habían pasado ni 10 minutos de ello, cuando al salir del juzgado se le preguntó de nuevo sobre su postura en la decisión judicial.
“En lo que no estamos de acuerdo es en la forma en que se dan las declaraciones del colaborador eficaz. ¿Por qué se toma el testimonio a las 18 horas?”, cuestionó Pérez Molina.
Agregó que pareciera que “todo” es orquestado por “un trío inquisidor” o “del diablo”, refiriéndose a la fiscal general,
Thelma Aldana; el jefe de la Cicig, Iván Velásquez; y el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd D. Robinson.
“Además de que se está violando el debido proceso, hay malas intenciones (…), presión de un trío del diablo”, aseveró el expresidente.
A diferencia de Pérez Molina, Roxana Baldetti no quiso emitir opinión. Dejó la sala de la judicatura en silencio.
El exsecretario general de la Presidencia Gustavo Martínez adujo no entender la resolución de Gálvez, si no lo menciona el colaborador eficaz.
Informó que durante el tiempo de investigación no pedirá que se le cambie la prisión preventiva por alguna medida sustitutiva, para no entorpecer la averiguación de la verdad.
“Como lo hice en el otro proceso penal, esperaré para cambiar mi situación”, declaró a los medios informativos.
TCQ firmó el convenio con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) por 25 años prorrogables, por un terreno de 34 hectáreas en el que tenían contemplado un proyecto de tres fases por un costo de US$255 millones.
Liagdos a proceso
- Otto Pérez Molina, expresidente, ligado por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
- Roxana Baldetti, ex vicepresidenta, por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
- Gustavo Adolfo Martínez Luna, exsecretario general de la Presidencia, por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
- Julio Rolando Sandoval Cano, ex subinterventor del Puerto Quetzal, por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
- Lázaro Reyes, líder sindical, por enriquecimiento ilícito.
- Julio César Zamora, líder sindical, por enriquecimiento ilícito.
- Julio Norberto Esquivel, líder sindical, enriquecimiento ilícito.
- Juan José Suárez, gerente de la Terminal de Contenedores Quetzal, por asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
- Jonathan Chévez, administrados de los presuntos sobornos recibidos por el antiguo binomio presidencial, por asociación ilícita y lavado de dinero.
- Mario Ruano San José, asistente del magistrado Douglas René Charchal, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
- José Daniel Luna Argueta, secretario de un juzgado de Escuintla, por cohecho pasivo.
- Samuel Aceituno Juárez, administrador de Proyecto Rentables de Inversión, S.A. (Proinver), que compró fincas a nombre de los exmandatarios, por lavado de dinero.
