Las denuncias contra Sandoval señalan que el fiscal no tenía la facultad de acordar con personeros de Odebrecht el monto de resarcimiento al país luego de que la empresa pagó sobornos a funcionarios guatemaltecos para obtener contratos millonarios en el país.
Estas denuncias, que incluye un señalamiento por la reunión de Sandoval y otros investigadores con el entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en El Salvador, Iván Velásquez el 22 de octubre de 2018, fueron desestimadas en el 2019 por la Fiscalía de Asuntos Internos, luego de una investigación que incluyó una citación a Sandoval.
Sandoval interpuso una recusación contra Moto en la que adujo enemistad, por la cual el juez no debía conocer la petición de la Fundación.
“He tratado de resolver según mi experiencia, la interpretación -de la ley-, y las facultades que me da la ley para resolver cada caso. Si es favorable, que bueno, pero si es adversa, hay mecanismos -para impugnar-, puede que se revierta o se confirme”, dijo Moto.
El juez estima que no hay enemistad grave entre Sandoval y él y que sus resoluciones no han afectado al órgano investigador. “No he resuelto de esa manera porque es el Ministerio Público (MP) o es Feci”, aseguró.
“He analizado los casos y en cada uno está la respuesta, no hay una resolución que me diga que no puedo conocer casos de Feci. Hay abogados que no pueden letigar aquí, por mí, o con ningún juzgado, ni en Villa Nueva ni en Mixco por resolución de sala que acepta la causa para conocer casos”, agregó.
Petición
Raúl Falla, abogado de Méndez Ruiz, indicó que se retomen las denuncias contra Sandoval y que están en contra de tres acuerdos de colaboración que fueron documentados por el fiscal y Eva Sosa el 6 de septiembre de 2017 en Sao Paulo, Brasil.
“Nos oponemos a que se desestime la denuncia porque el patrimonio del Estado fue afectado”, expresó.
De acuerdo con Falla, el fiscal habría actuado en contra de la Constitución, “abusando de su cargo, usurpó atribuciones y cometió el delito de representación ilegal” al firmar esos convenios, pues argumentó que la ley penal se puede aplicar en el territorio nacional y no se puede extender fuera de las fronteras, “se violentó la soberanía”.
El abogado indicó que la Procuraduría General de la Nación ha denunciado las inconsistencias relacionadas a la fianza del caso Odebrecht que no fue ejecutada.
Después de la intervención de Falla, correspondió a la fiscal de Asuntos Internos, Angela Gudiel, exponer sus puntos al respecto, quien explicó que los convenios de colaboración eficaz fueron homologados por la jueza que dirigió la investigación.
“El juez es el encargado de vigilar que no se violen las garantías y los convenios están en el expediente, no se están ocultando”, explicó.
Agregó: “Cada diligencia del fiscal Sandoval y de la Feci puede ser verificada, el juez que vigilaba la investigación y que evaluó los medios de investigación estaba enterado. La denuncia señala que Sandoval se robo una personería que no le corresponde, pero Sandoval fue nombrado y designado en 2017 para investigar el caso”.
Gudiel pidió a Moto que confirme la resolución del 22 de octubre de 2019 que desestima la denuncia de Méndez Ruiz por no constituir delitos los hechos señalados. “Con la investigación se puede verificar que la participación de Sandoval fue en aras de llegar a la verdad histórico de un hecho que investigó la Fiscalía Especial contra la Impunidad”, reiteró.
El representante de la Procuraduría General de la Nación, como representante del Estado, indicó que en su momento la institución no fue comunicada sobre los convenios de colaboración y no se les extendieron copias de esos documentos y pidió que se ordene al MP que continúe con la investigación penal contra Sandoval.
Indicó que debe nombrarse un fiscal especial para asegurar que haya una investigación objetiva.
Luego de la exposición de la abogada de Sandoval, Claudia González, para oponerse a la petición de la Fundación, quien explicó que el jefe de la Feci “fue el encargado de la investigación penal contra una organización criminal. El fiscal se sujeto a la ley en cuanto a los convenios de colaboración y que el tema de la reparación al Estado se conoce en otra fase del proceso”.
Moto aplazó su resolución para las 15 horas de este 28 de enero. Sin embargo, a esa hora, citó para el miércoles 29, a las 11 horas.
El caso
El 22 de julio de 2019 el Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por Yassmín Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante, condenó a Juan Manuel Molina Coronado, abogado del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, prófugo por este caso, y a Jorge Eduardo Antillón Klüssmann a 14 años de prisión, y a Juan Ignacio Florido, a seis años.
“Los acusados participaron en el lavado de dinero en su calidad de autores. Es evidente la estructura criminal para delinquir que trasladó grandes cantidades de dinero para beneficiarse”, explicó entonces Barrios.
El Tribunal recordó que la constructora brasileña Odebrecht firmó el contrato con el país el 13 de diciembre del 2012 para dar mantenimiento y ampliar la CA-2 Occidente. El monto fue de US$384 millones 361 mil 901.65.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, Sinibaldi, supuesto líder de la organización criminal, habría negociado con los directivos el 7.5% como soborno del monto total que el Estado le pagaría a la empresa por la carretera.
La obra inició el 24 de octubre del 2013 y se extendió hasta 2016 cuando se conoció el caso de corrupción. El avance fue de 54% y para recibir los sobornos, Sinibaldi habría ordenado a los ya sentenciados que firmaran documentos para abrir cuentas de entidades fuera de plaza en Antigua y Barbuda.
Según las pesquisas, Odebrecht transfirió US$17.9 millones a las cuentas, cuyos representantes son los condenados, según la investigación de la Feci y la ahora inhabilitada Cicig.
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